SANTOS Y TIMOLEÓN JIMENEZ (TIMOCHENKO" ANUNCIAN ACUERDO SOBRE JUSTICIA TRANSICIONAL

Comunicado conjunto sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz

El documento fue leído por los garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega

Granma

23 de septiembre de 2015 19:09:19

Foto: Juvenal Balán

1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-­‐EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad.

5. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

6. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-­‐EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

7. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

8. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

9. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

10. En el caso de las FARC-­‐EP, la participación en el sistema integral estará sujeto a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

La transformación de las FARC-­‐EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.

La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015

La guerrilla más antigua del mundo deja las armas después de 50 años de conflicto. Las FARC y el Gobierno colombiano han anunciado este miércoles un acuerdo crucial sobre justicia transicional, por el que se establecerá un tribunal especial y se emitirán condenas que no serían pagadas con cárcel.

El acuerdo incluye elementos de judicialización para todos los actores del conflicto –guerrilleros, militares, políticos, paramilitares…–, confesión de delitos y reparación de las víctimas contándoles la verdad de lo sucedido, según ha adelantado Caracol Radio.

También se ha puesto fecha a la firma del acuerdo con la guerrilla para poner fin al conflicto armado colombiano.

Poco después de conocerse este avance, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, comunicó que viajaba a La Habana, donde se han desarrollado las conversaciones.

Junto a Santos ha viajado el delegado de Estados Unidos para las conversaciones en La Habana, Bernard Aronson.

El máximo comandante de las FARC, Timoleón Jimenéz, Timochenko, también se trasladó a La Habana con su delegación de negociadores en los diálogos de paz con el Gobierno.

Santos reconoció que “no todo el mundo quedará contento”, en alusión a uno de los aspectos más controvertidos de la negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“No importa donde trace uno la raya, algunos quedarán insatisfechos de lado y lado, algunos querrán más paz, otros querrán más justicia y estamos en esa negociación en este momento”, remarcó Santos en unas declaraciones que también recoge Caracol Radio, para agregar: “No todo el mundo va a quedar contento, pero estoy seguro que a la larga será muchísimo mejor”.

El acuerdo incluye la posibilidad de que, una vez firmada la paz, los guerrilleros podrían ser recluidos en colonias agrícolas, participar en programas de desminado y en comisiones de la verdad.

“Dentro del esquema de justicia restaurativa, que busca reparar el daño causado, se establecerá una priorización de casos emblemáticos que permitan el juzgamiento para que eso procesos no queden en la impunidad”, agrega.

El acuerdo deja claro que las víctimas son el eje central y las FARC se comprometen a repararlas contando la verdad de lo sucedido e incluso entregando tierras y dinero.

Del equipo que viajó a la capital cubana forman parte el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle; el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo; y los negociadores Frank Pearl y Óscar Naranjo, este último general retirado de la Policía.

En el ciclo negociador anterior, que terminó el 17 de septiembre, las FARC afirmaron que están listas para “abordar y discutir” los procedimientos para el “tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto”.

Al sistema de justicia, reparación y no repetición se incorpora la justicia restaurativa, la que busca reconciliar a las víctimas con los victimarios. Y que podría hacerse efectiva, según informa el diario El Tiempo, con el trabajo de guerrilleros de las FARC en las obras de infraestructura que servirán a las comunidades que han afectado con sus acciones armadas. Por ejemplo, en la construcción de puentes, vías y escuelas.

El martes pasado, el presidente Santos se adelantó al debate que podría generar el acuerdo y dijo: “El meollo de toda esta negociación es dónde traza uno la línea de justicia y paz. Si uno le pregunta a una víctima dónde la traza, esa víctima va a pedir más justicia. Si uno le pregunta a una futura víctima, va a querer más paz porque no va a querer ser víctima. No importa dónde trace uno la raya, algunos quedarán insatisfechos”.

Lo que queda en el proceso de paz, que comenzó el 19 de noviembre del 2012, son las decisiones sobre la manera como el grupo armado concentraría sus frentes para un cese bilateral y definitivo del fuego cincuenta años después de conflicto.

Andrés Gil/ElDiario

1. Tribunal especial para juzgar a los autores de delitos graves

Este tribunal, junto con unas salas de justicia, conformará la Jurisdicción Especial para la Paz acordada por el Gobierno y las Farc para que investigue, juzgue y condene a los autores de delitos graves. Aquí entran los de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra graves.

Esta jurisdicción deberá concentrarse en los casos más graves y representativos del conflicto armado. Los magistrados serán elegidos por Gobierno y Farc.

2. Amnistía para delitos políticos y conexos, tras el fin de hostilidades

Llegado el momento habrá una ley de amnistía para los guerrilleros que solo pueden ser acusados de rebelión y de delitos que se consideren conexos al alzamiento en armas. Este es un punto todavía por definir.

En todo caso, como queda claro, ningún responsable de delito atroz, de lesa humanidad o crimen de guerra grave elegido por el tribunal para investigación será cubierto por la amnistía (perdón y olvido) o el indulto (perdón de la pena). Entre otras cosas, porque en las leyes internacionales las amnistías y los indultos para delitos graves están proscritos. Por otro lado, se trata de dar satisfacción a las víctimas.

3. Restricción de libertad y trabajos para las comunidades, los 2 componentes de la sanción a máximos responsables

Siempre y cuando los autores de los delitos graves investigados por la Jurisdicción Especial para La Paz reconozcan su responsabilidad, tendrán una sanción que incluye dos componentes: uno de restricción de libertad y otro de trabajos, obras y actividades que contribuyan a la reparación de las víctimas. Un ejemplo de esto, como ha dicho EL TIEMPO, es la participación de los guerrilleros juzgados en la construcción de infraestructura para las comunidades.

4. El tribunal podrá actuar sobre máximos responsables de las Farc, agentes del Estado y otros que hayan participado de manera indirecta en el conflicto armado.

Como es obvio, la Jurisdicción Especial para la Paz actuará sobre los máximos responsables de crímenes graves dentro de las Farc, pero también sobre los agentes del Estado involucrados en delitos “cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos”.

Incluso, tendrá competencia sobre otros responsables de la guerra que ha vivido Colombia. Actuará, según dice el acuerdo hecho público ayer, “respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”. En este sentido, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz alcanza a quienes no han combatido, pero que, por ejemplo, han financiado grupos armados ilegales, como los paramilitares.

5. Decir verdad, reparar y no repetir, condiciones para trato especial

Ni los guerrilleros de las Farc, ni los otros responsables de delitos graves, incluidos agentes estatales, podrán acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz si no se comprometen a contar la verdad sobre su participación en el conflicto armado. Como dice el acuerdo sobre justicia anunciado ayer desde La Habana, esto se aplica a quienes participaron directa e indirectamente en la guerra.

Así serán las penas diferenciadas

De 5 a 8 años de restricción de la libertad. Para quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos más graves. La restricción debe permitir el cumplimiento de los trabajos de reparación como el desminado y la sustitución de cultivos.

De 5 a 8 años en una cárcel ordinaria. Para quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente, siempre que sea antes de la sentencia.

Hasta 20 años en una cárcel ordinaria. Para quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz.

Situación de quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto y no sean amnistiados o indultados ni juzgados por el Tribunal para la Paz será definida.

Estos casos serán definidos también por la Jurisdicción especial para la Paz.

En todos los casos las sanciones se graduarán de acuerdo con el nivel de participación determinante del investigado.

Militares condenados podrían bajar penas

Varios aspectos claves del cuarto acuerdo de la Mesa de La Habana deberán ser definidos en diferentes escenarios. En todo caso, como lo reiteró ayer el presidente Juan Manuel Santos, los colombianos irán a las urnas para refrendar lo pactado con las Farc.

¿Quiénes estarían en la órbita de la nueva jurisdicción de Justicia Especial para la paz?

El acuerdo establece que serían “quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, de manera diferenciada, equitativa, equilibrada, simultánea y simétrica, incluyendo a los miembros de las Farc, los agentes del Estado y terceros que hayan financiado o colaborado con grupos armados, entre otros”. El fiscal Eduardo Montealegre dijo ayer que las Farc serían responsables de unos 38.000 crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, por los que están investigados en este momento 16.000 de sus miembros, incluido todo el secretariado de esa guerrilla. La competencia de la nueva justicia sobre los agentes del Estado y sobre los civiles se anticipa como uno de los puntos más álgidos en los próximos meses. El acuerdo establece que las ONG de Derechos Humanos tendrán iniciativa para promover el inicio de procesos en la nueva jurisdiccción de paz.

¿Habrá amnistía e indulto amplios para guerrilleros?

Sí. Según el acuerdo, se tramitará una amnistía (se borran procesos en curso) o indulto (perdón de condenas) “por delitos políticos y conexos”. El alcance de la conexidad del delito político, eventualmente sobre el narcotráfico, será llevado al Congreso a través de una ley.

¿Cuáles serán los requisitos para acceder a las penas alternativas?

En el caso de los guerrilleros que primero dejen las armas, como requisito infaltable. A quien reincida, dijo el presidente Santos, “le caerá todo el peso de la ley”. Como ocurrió en Justicia y Paz con los paramilitares, el que no confiese recibirá condenas de hasta de 20 años e irá a cárceles comunes. Y el que confiese, pero tarde, tendrá pena alternativa mas no reclusión especial.

¿Los militares condenados podrían acogerse a la nueva jurisdicción y a las penas alternativas?

Sí. Los nuevos tribunales cobijan todos los casos relacionados con “los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los más graves y representativos”. Este aparte es significativo porque asegura que los miembros de las Farc ya condenados puedan acogerse a las penas alternativas, pero abre la misma posibilidad para altos miembros de la Fuerza Pública que han sido condenados hasta a 35 años por omisión u acción en casos de masacres y ejecuciones extrajudiciales. Una vez más, la verdad plena sobre lo que hicieron en la guerra será el pasaporte a ese beneficio.

Desde el mismo momento en que se instaló el proceso de paz, hace tres años, los voceros de las FARC no han desaprovechado la pantalla de los medios de comunicación para hacer todo tipo de defensa de sus posiciones ideológicas. El país aún recuerda ese 18 de octubre del 2012, en Oslo, cuando Iván Márquez y Jesús Santrich sacaron de casillas a Humberto de la Calle, pues sus pronunciamientos en los medios eran muy diferentes de lo que conversaban en la Mesa.

Esa situación se repetía una y otra vez a lo largo del proceso, tanto que fueron múltiples las declaraciones de los negociadores en Colombia en las que insistían que no había que leer al pie de la letra las declaraciones que las FARC entregaban a los medios. Cuando el grupo guerrillero decía que todo estaba bien, era lo contrario.

Quizás por esa advertencia, y por lo dilatado que ha sido el proceso, las declaraciones de los guerrilleros en Cuba han perdido su trascendencia. Tanto, que el pasado 17 de septiembre, apenas se registró un comunicado leído por Iván Márquez, que traído al histórico momento que se registrará este miércoles en La Habana, no deja de resultar premonitorio.

Ese día, en el palacio de Convenciones de La Habana, donde está instalada la Mesa de diálogos, Márquez señaló que el componente de justicia “está a las puertas de un entendimiento”. El jefe de la delegación de La Habana lo calificó de importante porque “desataría una dinámica positiva de redacción de convenios sobre tópicos pendientes”, mencionando la participación en política y el desarrollo del esencial punto del Fin del conflicto.

También explicó que esa cercanía de acuerdo permitiría esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, mandato de la agenda, lo que calificó como lo más urgente para el futuro de la paz.

Márquez mencionó la construcción de consensos sobre cese al fuego bilateral y definitivo, el avance en la dejación de las armas, y como vocero de las FARC declaró la disposición de la guerrilla a hacer tránsito a la vida política.

Probablemente por tantas cosas que han dicho ante la pantalla propia de los medios, este comunicado, titulado ‘Perspectivas de la paz’, apenas alcanzó titulares de prensa. Pero ahora puede ser entendido como el anuncio de que el acuerdo sobre justicia, principal nudo del proceso de paz, desde hace días estaba a punto de cocinarse,

Perspectivas de la paz

De manera simultánea en varios frentes avanza la discusión temática en la Mesa de Conversaciones de La Habana.

El decisivo componente de justicia del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, está a las puertas de un entendimiento. La importancia de esta eventualidad radica en que desataría una dinámica positiva de redacción de convenios sobre tópicos pendientes, como la expansión de la democracia, el desarrollo del esencial sub punto 5 FIN DEL CONFLICTO donde se consigna que: “El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”; También permitiría tomar en serio el mandato de la Agenda de esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, y lo que es más urgente para el futuro de la paz, su desarticulación, porque con guerra sucia el post acuerdo constituiría una mentira. Esa amenaza debe desmontarse si queremos reconciliación.

Se siguen construyendo consensos sobre Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y se avanza en el análisis del aspecto Dejación de las armas. Y sobre la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, estamos listos para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto. Al respecto, hemos entregado a los plenipotenciarios del Gobierno un paquete de propuestas básicas que esperan concreción.

Ha llegado la hora de retomar la discusión sobre “asteriscos” o asuntos cuya discusión fue postergada como por el ejemplo, el establecimiento de la cantidad de hectáreas que conformarán el Fondo de tierras, necesario para la ejecución de la Reforma Rural Integral, y también es tiempo de sacar del refrigerador las salvedades para airearlas y buscar consenso en torno a ellas.

Está cerca, sin duda, el cierre del acuerdo sobre el punto 5 VÍCTIMAS, puesto que el insoslayable asunto de la Reparación dispondría en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, de mecanismos para entregar satisfacción a las víctimas del conflicto. El sub punto 1, Derechos Humanos, podría ser evacuado con voluntad política, con una declaración de acuerdo y compromiso sobre principios que reivindiquen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para las mayorías.

Esperamos se realice el Foro sobre FIN DEL CONFLICTO bajo el auspicio del Centro de pensamiento de la Universidad Nacional y de Naciones Unidas, para que el movimiento social y político vierta su opinión sobre la Mesa, ya que “la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras”.

En tal sentido, resaltamos que es importante y muy necesario, que ahora más que nunca se dejen sentir plenamente las voces de la ciudadanía, la palabra del pueblo mediante sus organizaciones sociales y políticas, opinando y decidiendo sobre el rumbo del proceso de paz y el destino de Colombia, y que esta práctica sea la ejercitación del soberano en su papel de constituyente primario, hasta alcanzar el momento de la refrendación y la implementación de lo que debe ser un Tratado de paz para la historia.

Nosotros estamos listos para proseguir la marcha concertada de la voluntad nacional hacia el acuerdo definitivo, punto de partida para las transformaciones democráticas y progresistas. La paz está tocando a la puerta de Colombia y exige que el conflicto armado quede atrás como memoria colectiva de algo que no debe repetirse jamás, de tal manera que aseguremos el futuro de paz y vida digna de las nuevas generaciones de colombianos.