Medidas de control a los docentes
Por ser pública, la escuela debe ser una construcción colectiva. Para ello, se necesita que haya un proceso de construcción participativo entre el Estado, el magisterio, a través de la FECODE y sus organizaciones sindicales, el movimiento estudiantil y las universidades. Es decir, que todos los actores aporten desde sus perspectivas a la arquitectura de este modelo.
Sin embargo, lo que está sucediendo no es una participación real sino instrumentalizada. El Ministerio de Educación para definir estrategias y cambios en el sistema educativo, asegura que hace seminarios, abre foros virtuales y se sienta con los sectores implicados. Pero a la hora de tomar decisión en políticas, estas ya están predeterminadas. Entonces, la participación se resume en una consulta para aparentar la democracia. Las direcciones no se negocian y se terminan imponiendo.
Así ha sucedido con todas las medidas aplicadas por el actual gobierno. Aún peor, la ministra ha seguido la tendencia de anunciar y publicitar sus políticas en medios de comunicación, antes siquiera de consultar con los maestros o estudiantes. Por ello, el enorme rechazo que han despertado, básicamente porque están fuera de contexto.
El gobierno descarga toda la responsabilidad en los docentes, las políticas educativas en Colombia se mueven en el marco de la concepción de un pensamiento único. Es decir, son correctas para el Estado, la institucionalidad los programas son correctos; el sistema educativo no tiene falla, la falla está en la escuela. Por eso, el gobierno no negocia sus políticas, para que lo haga tiene que haber un movimiento que a través de la huelga lo obligue a negociar, como sucedió en el paro pasado de la Federación.
Las últimas tres ministras de educación, Cecilia María Vélez, María Fernanda Campo y Gina Parody, han sido cada una más recalcitrante que la otra en ello. Las políticas no se negocian porque el Estado es incuestionable. Para ellos, solo la escuela está fallando y, específicamente, por el maestro.
Tales políticas conducen a uniformar el pensamiento, la cultura y la educación escolar, pero por lo bajo; sometidas a unos estándares correspondientes a exigencias por parte del empresariado internacional para el desarrollo y crecimiento del mercado.
Se traducen en medidas de control al maestro en todos los aspectos de la vida escolar, control laboral, académico, de las pedagogías, de los contenidos... Para ello, el Ministerio elabora estándares, indicadores y la evaluación, es decir, crea una serie de dispositivos de poder que controlan el sentido de ser maestro, desde sus relaciones laborales hasta su carácter de trabajo liberal en la cultura.
Adicionalmente, lo o la cargan de funciones y de tareas, desde preparar sus clases, en su hogar, hasta participar en las preparaciones de actos conmemorativos (que en las algunas instituciones implica ir a trabajar hasta los festivos).
Con el estatuto docente 1278 y las evaluaciones se evidencia la concepción punitiva y sancionatoria, se trata de corregir al maestro. Esta es una mirada tendenciosa y falsa. El problema es mucho más complejo. Los educadores y educadoras están inmersos en lo que está sucediendo pero no tienen la mayor responsabilidad de lo que está pasando en la escuela. De hecho, los avances que se han conseguido no son por las políticas educativas que retienen el desarrollo del crecimiento escolar, sino por la misma iniciativa, la insistencia, la tozudez del maestro con su profesión y con los estudiantes.
La posición de Fecode es más compleja, más integral. Parte del reconocimiento de la profesión docente, para proponer una política pública de construcción colectiva y de defensa de la educación pública. Porque sencillamente, cualquier política sino es consensuada con los maestros, que son los que la aplican, va a fallar. La posición del docente debe ser más la de un acto contributivo, no la de un replicador al que hay que castigar cuando no se ciñe al sistema.
Políticas educativas que amplían la desigualdad social
En Colombia no hay una política educativa pública nacional, hay políticas educativas de gobierno. Es decir, las políticas que se determinan para el sector educativo en el país no responde a un interés general de la población, pues si fuese así, concebirían la educación como un bien público y colectivo, un patrimonio de la humanidad. En ese sentido, debe responder a los intereses, necesidades y expectativas de mejorar las condiciones de la vida de la comunidad en general, sin exclusiones.
Sin embargo, las políticas educativas en Colombia no corresponden al principio de lo público como bien común sino a intereses particulares de gobierno, por eso, cada gobierno que sube le imprime su énfasis, sus ambiciones políticas de mostrar una administración correcta, pero no para asegurar una formación óptima a los niños y niñas.
Responde también a una posición de clase, de los intereses de quienes dominan económicamente al país, de los empresarios en general y de los empresarios de la educación. Ellos convierten a este derecho fundamental en una mercancía para negociar y enriquecerse a través de ella, ya sea directamente lucrándose con la privatización o produciendo capital humano, es decir, capacitando seres humanos reducidos a unas competencias adecuadas al desarrollo económico y destinados a ser mano de obra útil pero reemplazable.
En Colombia, la educación en vez de responder a la necesidad de construir una justicia social lo que hace es profundizar la brecha entre pobres y ricos. Porque en el país hay una educación para pobres y otra para ricos. Para los pobres está la escuela pública y los ricos tienen escuelas privadas exclusivas. No se trata tanto del modelo de escuela, sino de cómo funciona la misma. Esto es, la escuela pública está condenada a preparar operarios; la privada, instruye a los dueños de las empresas.
Tal actitud se demuestra en el abandono de la inversión para el sector público. Son miles las instituciones educativas condenadas al deterioro por problemas de infraestructura, falencias en la dotación o ausencia de material didáctico.
Así mismo se refleja en la forma como los gobiernos tratan a los educadores oficiales. No paga lo correspondiente porque desestima su preparación; no ofrece capacitación porque no les importa que piensen sino que hagan, en otras palabras, los quiere como simples altoparlantes de las mecánicas instrucciones que dictamina el Ministerio, así los trata y así les paga.
Desde sus inicios, FECODE ha liderado una oposición férrea a esta lógica de mercado que se ha intentado imponer arbitrariamente. Esa lucha dio como resultado la Ley 115 de 1994, que comprende los lineamientos de una educación equitativa, democrática e integral. Ha procurado algunos beneficios para el magisterio nacional, como primas, prestaciones o bonificaciones, que no hubiesen sido reconocidos por el gobierno de manera unilateral.
Sin embargo, la lucha está lejos de acabarse. El actual gobierno no es la excepción, con ocurrencias como el Día E, el Índice Sintético de Calidad de la Educación (ISCE), las becas condonables o los incentivos a la jornada única. Todas ellas son políticas encaminadas hacia el objetivo anteriormente señalado. FECODE ha logrado frenar en alguna medida la privatización de la educación y ha dado la pelea porque la tercerización no se tome al gremio docente, pero son propósitos que permanecen latentes y el gobierno puede ‘revivir’ en cualquier momento. Por ello, el magisterio debe permanecer atento y dispuesto.
PRENSA FECODE
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