Los delitos del Ministerio
Juan Carlos Hurtado F.
El reclutamiento para el servicio militar obligatorio en el país es una práctica llena de ilegalidades. Cúpula militar deberá responder ante la Fiscalía por batidas
Dos fueron las ocasiones en que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, escamoteó el debate propuesto por el representante del Polo Democrático Alirio Uribe sobre el reclutamiento para las filas del Ejército Nacional en las principales ciudades del país. Solo hasta el pasado 7 de octubre el jefe de la cartera de guerra asistió a la Comisión Segunda de la Cámara para atender la denuncia de 970 casos de jóvenes que fueron forzadamente capturados y vinculados al servicio militar obligatorio de manera ilegal.
En un ambiente áspero y con la presencia de buena parte de la cúpula de la Fuerza Pública, se llevó a cabo un debate de control político que puso al descubierto un catálogo de conductas penales cometidas desde la dirección del Ministerio de la Defensa y que involucran al jefe nacional de reclutamiento del Ejército, coronel Mauricio Martínez Ricardo. El tema está generando polémica, pues para el congresista citante se están cometiendo delitos que van desde el abuso de autoridad hasta conductas que rayan en violaciones al Derecho Internacional Humanitario.A responder en la Fiscalía
“Conocemos de esa situación y vamos a poner en cabeza del fiscal general toda la evidencia física, los testimonios, la cantidad de denuncias por presuntos hechos punibles que se hayan podido cometer, consistentes en abusos de autoridad, concierto para delinquir, detenciones arbitrarias e incluso de homicidios culposos”, explicó Alirio Uribe. Y es que las familias de los jóvenes reclutados insisten en que se cometieron con ellos irregularidades como la de ser capturados en Bogotá por compañías militares, adscritas a batallones con asiento en jurisdicciones calificadas como zonas rojas o escenarios de conflicto.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) limita los medios y los métodos para hacer la guerra, y entrega protección para la población civil no participante en el conflicto armado. Ese derecho obliga a la distinción entre la población civil y los combatientes, y se está violando flagrantemente con el traslado de jóvenes no vinculados al Ejército en camiones oficiales desde la ciudad de Bogotá hasta sitios alejados como el departamento de Arauca. Eso se ha vuelto recurrente en las llamadas batidas. A ese respecto ni el ministro Pinzón ni los altos oficiales dieron respuestas satisfactorias.Concierto para delinquir
Para el congresista Iván Cepeda, quien acompañó el debate, lo denunciado es muy grave en un país que aspira a entrar a un estadio de paz. Pero es más grave que el ministro Pinzón no tenga respuestas o no manifieste enfáticamente que tales prácticas se van a acabar: “No son hechos aislados, son hechos sistemáticos. No hay respuesta del Ministerio, es como si no pasara nada. Se están violando los derechos de los ciudadanos y eso en el pasado dio lugar a los falsos positivos. Son prácticas que se deben abolir”.
Las denuncias que, según el representante Uribe, presentará a la Fiscalía General de Nación, involucran delitos graves como el abuso de autoridad en medio de los operativos de reclutamiento que por costumbre se hacen en el transporte público masivo y en los barrios marginales de las principales ciudades del país, reteniendo documentos de identificación o agrediendo verbal y físicamente a los jóvenes que en su mayoría se oponen a tales irregularidades.La estratificación de la guerra
El representante Uribe puso énfasis en el reclutamiento selectivo de jóvenes de estratos 1 y 2, a lo que el ministro Pinzón atinó a responder que eso era un mero reflejo del país y las “fuerzas armadas son el mejor censo porque hay gente de todos los departamentos. Son una heterogeneidad de la nación. Las grandes masas de Fuerzas Militares son la gran masa de la nación. Por eso son tan queridas”. Sin embargo, esos reclutas son el 81% de la fuerza militar, el restante, son provenientes de estratos 3 y 4 y se vinculan a la carrera militar como oficiales.
Lo que evidencia es la práctica marcadamente segregadora al interior de las Fuerzas Militares auspiciada desde su cabeza. De ahí que los discursos incendiarios y los litros de sangre los reclame la cúpula militar, mientras que la base de la Fuerza Pública, sin decirlo abiertamente, esté pensando en la necesidad de acabar el conflicto. “La composición del Ejército es intencionalmente estratificada y realmente odiosa. No hay razón válida para la composición de las estructuras militares”, concluyó Cepeda.
El debate pasará a los tribunales judiciales por el cúmulo de delitos ligados a esa práctica. Todo un concierto para delinquir del cual la cúpula militar y el ministro Pinzón son responsables pues no manifestaron que dicha práctica se termine. Los citantes le reclamaron al ministro repensar inmediatamente la doctrina militar como lo anota la Agenda para la terminación del conflicto que se discute en La Habana. La preocupación se genera por el peligro latente que las fuerzas militares colombianas se conviertan un ejército mercenario para atender guerras internacionales después ser Colombia miembro invitado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
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