La agenda oculta del gobierno Santos: la Alianza del Pacífico y la paz al servicio del neoliberalismo internacional
Por André-Noël Roth
Palabras al Margen
A pesar de (o más bien debido a) la crisis de 2008 (subprime) en los Estados Unidos, la prolongada recesión europea y el estancamiento de la OMC (ciclo de Doha), los partidarios del ultraliberalismo económico siguen trabajando por la constitución de un espacio de libre comercio global. A nivel internacional cuentan ahora con un nuevo aliado: la Alianza del Pacífico. Con sus socios de la Alianza, el gobierno de Colombia negocia de manera casi secreta un acuerdo internacional para la liberalización profunda del sector de los servicios. Así lo reveló Wikileaks en junio de este año(1).
En la escena mediática colombiana, la resolución del conflicto armado, anclado en los problemas estructurales de la economía agrícola, no resueltos y heredados del siglo XX, aparece como la gran obra reformadora, con cierto acento social-liberal y de “traición a su clase”, del presidente Santos. Sin embargo, su principal apuesta para el sector económico del siglo XXI, los servicios, es decir las finanzas, la salud y la educación, entre otros, se prepara con la mayor discreción. Como una agenda oculta.
Así, mientras el país se felicita por la siempre más probable consecución de la paz en los campos, el presidente Santos negocia, con sus socios neoliberales, un Acuerdo de libre comercio para el sector de los servicios (TiSA por sus siglas en inglés: Trade in Services Agreement). El objetivo de este Acuerdo es sencillo: bloquear toda posibilidad de regulación del sector, y de la economía en general, en los países que se consideran como “muy buenos amigos de los servicios”, tal como se autodenominaron. Consiste en una estrategia para superar el estancamiento de las negociaciones multilaterales en la OMC (ciclo de Doha) mediante un acuerdo plurinacional que agrupa a los aliados tradicionales de los Estados Unidos. Se pretende así avanzar en la liberalización de la economía de los servicios y crear un precedente que podría, a la postre, forzar un acuerdo o servir de modelo para la OMC.
Bajo la iniciativa de los Estados Unidos y de Australia, se sumaron a la negociación iniciada en febrero 2013 la Unión Europea, Noruega, Islandia, Liechstenstein y Suiza por el continente europeo. Aceptaron la invitación también todos los aliados tradicionales de los Estados Unidos: Canadá, Nueva Zelandia, Israel y Turquía. En América Latina aparecen los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia, México), Costa Rica, Panamá, además del Paraguay, y por Asía participan Taiwan, Hong Kong, Corea del Sur y Pakistán. La última reunión preparatoria tuvo lugar en Ginebra en junio de 2014.
Estos países representan las dos terceras partes del comercio mundial y acordaron, como primer principio, evitar integrar a estas negociaciones a los países emergentes de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur) y, por razones obvias, también a los países del ALBA y del Mercosur, siendo países menos dispuestos al culto a la lógica neoliberal tanto por razones ideológicas como estratégicas. El objetivo del Acuerdo consiste en conformar un bloque comercial de países que se comprometen a liberalizar entre ellos, bajo la presión del intenso cabildeo de empresas multinacionales como American Express, Citicorp, Visa y PayPal, en particular sectores como “el transporte marítimo, las tecnologías de la información y de la comunicación, el comercio electrónico (e-comercio), los servicios informáticos, el correo, los servicios financieros y los monopolios públicos”2. Es decir a todo lo que representa a sectores prometedores para la economía globalizada del siglo XXI. Según Wikileaks, otros dos principios básicos estarían ya acordados entre estos socios:
1) La liberalización por defecto: Ahora (con la OMC), los países solo aceptan la liberalización de sectores que han acordado de manera explícita (lista positiva). Con el Acuerdo TiSA, se impone el principio contrario: todo sector se considera “liberalizable”, a menos que el país haya expresado explícitamente en el Acuerdo que no lo es (lista negativa). De esta manera, el desarrollo de nuevos sectores económicos quedará automáticamente sometido a la competencia internacional, sin posibilidad de ser regulado por el Estado.
2) La imposibilidad de “marcha atrás”: Con el Acuerdo, los Estados se obligan a no regresar a un nivel de regulación superior al que prevalecerá al momento de la firma del Acuerdo (standstill clause), e incluso, se podría definir un nivel “piso” de liberalización irreversible (ratchet clause). Estas medidas impedirán a los gobiernos de los Estados que suscribieron el Acuerdo cualquier medida de regulación a futuro.
Si las reformas neoliberales de los años 80 y 90 del siglo pasado fueron integradas en cada una de las Constituciones nacionales a través de las « orientaciones » consignadas en el Consenso de Washington (reforma del Estado, participación del sector privado en los servicios de educación, salud, etc.; en Colombia, ver la Constitución de 1991), esta vez lo que se propone construir es una suerte de Constitución neoliberal internacional. A través de un Acuerdo plurinacional sobre los servicios, los gobiernos posteriores a la firma del Acuerdo no tendrán la posibilidad de cambiar de política económica. La regulación de sectores económicos solo se podrá hacer a nivel mínimo.
¿Qué pasa con la salud, la educación y la paz?
La participación del gobierno actual de Colombia en este tipo de negociación, si bien no resulta sorprendente, permite tal vez entender la timidez de la reforma a la política de salud que, a pesar de la crisis profunda del sector, mantiene los grandes principios neoliberales. Así mismo, la propuesta de reforma a la política de educación, presentada hace poco, y que resulta ser no más que una serie de propósitos que no serán inscritos en una ley, toma sentido. Se puede temer que el marco regulatorio de estos sectores se está negociando en este escenario plurinacional dominado por los Estados Unidos y las multinacionales y no en el Congreso de la República. ¿Será por esto también que un personaje como Néstor Humberto Martínez, abogado de las multinacionales, acepta dedicarse a la función pública como cabeza del nuevo Ministerio de la Presidencia? Como superministro, ¿no será que tendrá la tarea de garantizar y vigilar que las iniciativas ministeriales no salgan del marco que se está fijando en las discretas negociaciones del Acuerdo TiSA?
De este modo, mientras el país, los medios de comunicación y el Congreso se fijan en cómo resolver los temas agrarios, de paz y de mediocre ingeniería política, temas propios de los debates del siglo XX (¿o XIX ?), el presidente Santos se dedicará, con sus amigos de la Alianza del Pacífico, a participar en forma subalterna en la definición del marco político y económico internacional que fijará de manera irreversible los límites de la política económica de Colombia en el futuro. Así, la retórica de la adhesión a la OCDE, gran club neoliberal, no es más que una cortina de humo («políticas públicas eficaces») o una vitrina presentable para ir legitimando en la opinión el futuro Acuerdo TiSA. En esta perspectiva, la paz, con las transformaciones económicas y políticas resultantes de las negociaciones en curso con las FARC en La Habana, no es más que una condición mínima para facilitar la inserción de Colombia en el proceso de consolidación y expansión internacional de la política económica neoliberal. Presidente Santos: ¿dónde quedan el principio de transparencia y su urna de cristal sobre TiSA?
_________________________
1. Ver: https://wikileaks.org/tisa-financial/analysis.html. “Memorandum on Leaked TISA Financial Services Text”
2. Le Monde.fr, TiSA: «un accord géant de libre-échange en discrètes négociations», 09.07.2014.
Palabras al Margen
http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/la-agenda-oculta-del-gobierno-santos-la-alianza-del-pacifico-y-la-paz-al-servicio-del-neoliberalismo-internacional
