La locura de querer construir 17 represas en el Alto Magdalena
Un movimiento cívico se empieza a formar en varios municipios del departamento del Huila en oposición a un megaproyecto que transformaría radicalmente el río Magdalena. Ese proyecto ya tiene el aval del gobierno de Colombia y fue formulado por Hydrochina, empresa estatal de ese país.
Por Juan Gonzalo Betancur
Apenas se llega al cañón del río Magdalena, a pocos kilómetros de donde nace, comienzan a hablarle a uno de una iniciativa de grandes proporciones que afectaría no solo a las personas y al medio ambiente de esta región, sino a todos los pueblos del país que están aguas abajo.
Se trata del plan de aprovechamiento del río Magdalena que contempla tres aspectos: devolver la navegación, construir embalses para producir energía eléctrica y desarrollar una serie de acciones en el Macizo Colombiano.
El arquitecto Ricardo Báez, uno de los líderes del Comité de Defensa del Macizo, explica por qué el movimiento del que hace parte se opone a ese megaproyecto.
Una fábrica de agua
El río nace en la laguna de la Magdalena a 3.685 metros sobre el nivel del mar, en el Macizo Colombiano, en todo el límite entre los municipios de San Sebastián (Cauca) y San Agustín (Huila), en la misma zona donde brotan también los ríos Cauca, Patía, Putumayo y Caquetá.
Por eso se dice que esta es una de las principales fábricas y despensas de agua que tiene el país. A eso se debe que mientras medio país lleva meses de sequía, aquí completaron cuatro meses de intensas lluvias, en una temporada que va hasta diciembre.
“Hace poco tuvimos cuatro días y sus noches de lluvia continua”, dice Ricardo Báez, un arquitecto a quien Bogotá “vomitó” hace diez años –según sus propias palabras– y vino a parar al municipio de San Agustín, en el sur del Huila, aunque ofrece disculpas por lo gráfica de la palabra.
“El Magdalena nace de una vez fuerte y poderoso, a diferencia de otros ríos que se forman por la unión de muchas pequeñas vertientes: brota de un extenso colchón verde de más o menos un metro de alto, en la laguna de la Magdalena, y sale con la misma fuerza de una manguera de bomberos abierta”, explica Báez.
En el camino se le unen pronto centenares de quebradas, algunas de las cuales forman impresionantes cascadas, por lo que en pocos kilómetros se le ve vigoroso.
Ricardo Báez es uno de los líderes del movimiento ciudadano que en muchos municipios del Huila se opone al megaproyecto diseñado por Hydrochina y que se titula “Formulación del plan maestro de aprovechamiento del río Magdalena”.
Ese documento fue entregado el pasado 29 de abril a Cormagdalena, la corporación autónoma regional –entidad del Estado colombiano y además autoridad ambiental– con jurisdicción en los 1.540 kilómetros que tiene el río.
El asunto que más preocupa
El proyecto entregado al gobierno colombiano plantea construir 9 represas en el Huila y 7 en el Tolima (algunas con impacto también en Caldas y Cundinamarca), todas sobre las aguas del Magdalena.
Lo que propone es hacer una cadena de embalses en “cascada”, a modo de gigantescos escalones, para la generación de energía en toda la región alta del río, la cual cubre unos 600 kilómetros.
De llevarse a cabo en forma total o parcial, los impactos sociales y ambientales serían de proporciones inmensas, pues cambiaría la estructura del río y el paisaje, modificaría radicalmente el medio ambiente y transformaría la cultura y el modo de vida de cientos de miles de pobladores de esta región.
“Todo para producir una energía que posiblemente ni sería para el país porque bien sabemos que parte de lo que se produce se vende a otros países como Venezuela, Perú y Bolivia”, precisa Báez.
La gente sabe muy poco del tema
Hydrochina, según el movimiento ciudadano del que hace parte este arquitecto, puso 11.7 millones de dólares para este estudio, mientras el gobierno colombiano, a través de Cormagdalena, apenas unos 750.000 dólares.
“El proceso se ha hecho todo a espaldas de la comunidad”, asegura el vocero del movimiento popular, a tal punto que para conseguir el documento que hizo Hydrochina tuvieron que presentar un derecho de petición y luego interponer una tutela.
Y aun así, cuando un juez les dio la razón, se los entregaron solo en inglés, lo que fue interpretado por la gente de esta región como una evidente muestra de que el gobierno colombiano no quiere que todo lo que allí se propone, lo conozcan fácil las comunidades.
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