COLOMBIA: GOBIERNO Y PATRONAL SE NIEGAN A RESTITUIR HORAS NOCTURNAS Y FESTIVOS
NOTA DE LA REDACCIÓN: En Colombia rige, desde 2002, la ley 789, impulsada por Alvaro Uribe Vélez. Esta modificó no solo los horarios para la jornada nocturna -que comienza a las 10 de la noche-, sino la forma en que se pagan tanto los dominicales como las indemnizaciones por despido. En su campaña electoral Juan Manuel Santos prometió restaurar sus pagos con la intencionalidad de conseguir el apoyo de sectores trabajadores y grupos reformistas en apoyo a su reelección presidencial y se presenta entonces la iniciativa. Pero al llevar la propuesta al Congreso se hunde el proyecto que aumentaba horas extras y recargos nocturnos desde las 6 p.m., con 81 votos en contra y solo 10 a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes archivó el proyecto que buscaba regresar, en el Código Sustantivo del Trabajo, al antiguo esquema. Al cabo de una inusualmente larga votación (duró 26 minutos), la plenaria de la corporación archivó el proyecto. Uno de los firmantes de la proposición de archivo del proyecto, aseguró que "no es el momento adecuado" para aprobar el proyecto, que, a su juicio, "pone en riesgo no la utilidad y la riqueza de los que ya la tienen, sino la de aquellos que apenas tienen un salario". Ese mediodía, el presidente Álvaro Uribe le había pedido a su coalición votar negativamente la iniciativa. El mandatario consideró inconveniente "hacer modificaciones a la legislación laboral en cualquier sentido" en momentos de crisis económica y dijo que el Gobierno asumiría "la responsabilidad política" por el hundimiento de "esa propuesta dañina de contrarreforma". Solo la lucha de los trabajadores, la toma de las calles con la protesta y la solidaridad en las distintas sedes de trabajo, a nivel nacional, podrán recuperar estas conquistas que son de los trabajadores y para los trabajadores. UTOPIA LA PALABRA.
Por Héctor Vásquez F.
Escuela Nacional Sindical
En las pasadas elecciones el presidente Santos prometió a los trabajadores colombianos la restitución de algunos de los derechos que les fueron arrebatados en el 2002 mediante la Ley 789 de reforma laboral que ese año promovió el entonces presidente Álvaro Uribe.
Esta ley se aprobó con el objetivo de “apoyar el empleo y ampliar la protección social”, y entre sus contenidos incluyó algunos que disminuyeron ingresos a los trabajadores, como:
1) le asignó nuevas funciones a las cajas de compensación familiar, lo que significó un recorte al subsidio familiar;
2) modificó el contrato de aprendizaje, excluyéndolo de la legislación laboral y de la negociación colectiva;
3) disminuyó el costo de los despidos sin justa causa; y
4) redujo los ingresos de los trabajadores que laboran entre 6 y 10 de la noche, y por lo mismo se beneficiaban del recargo del 35% sobre el valor de la hora normal; y de los que trabajan en los días festivos y dominicales, cuyo salario se redujo en un 25%.
Los trabajadores que vieron educidos sus ingresos fueron los del sector formal, regulados por la legislación laboral, y principalmente los del comercio, la vigilancia, los hoteles, bares y restaurantes, del transporte, hospitales y del sector industrial. En total unos dos millones de trabajadores aproximadamente, cuyo ingreso se redujo en 17.5% sólo por la supresión del 35% después de las 6 pm, y en 34.2% si además laboraba dominicales y festivos.
A pesos de hoy, con un salario básico promedio de $800.000, un trabajador pierde anualmente $2 millones por los recargos nocturnos, y $3.8 millones por los dominicales y festivos. En cambio para los empleadores el ahorro ha sido enorme: $2.7 millones por trabajador en el primer caso y $4.9 millones por trabajador en el segundo, lo que en promedio, y a pesos de hoy, significó un traslado de rentas desde los trabajadores hacia los empleadores de $5.4 billones por recargo nocturno, que asciende a $9.8 billones si le agregamos lo que dejaron de pagar por festivos y dominicales.
Más allá de las explicaciones ideológicas que siempre acompañan las estrategias de reducción de costos laborales por parte de los empleadores y sus ONG, en el sentido de que en Colombia los costos laborales son un obstáculo para la creación de empleo y la formalización laboral, en esa ocasión el motivo oculto fue otro: compensar a los “declarantes del impuesto de renta y complementarios” por el pago del impuesto al patrimonio, que dos meses antes, y en el contexto de la declaración del Estado de Conmoción Interior”, impuso el entonces presidente Uribe (Decreto 1838 de septiembre de 2002), con la justificación de que se necesitaba con el fin de “reemplazar infraestructura militar obsoleta y aumentar pie de fuerza” para someter al terrorismo. (https://www.fac.mil.co/?idcategoria=14989).
Lo que se propuso el gobierno de Uribe era recaudar $8.5 billones para la guerra, que supuestamente deberían pagar los declarantes del impuesto de renta y complementarios, pero que finalmente terminaron financiando los trabajadores mediante la reducción de sus ingresos laborales.
Según Uribe, la reducción de costos laborales permitiría la creación de 640.000 empleos (160.000 por año), y para verificar su cumplimiento la ley estableció una Comisión de Seguimiento y Verificación de las Políticas de Generación de Empleo, conformada por miembros del Congreso, del Ministro de Trabajo, directores de Planeación y del DANE, un representante de los trabajadores y otro de los empleadores, cuya misión era rendir informes trimestrales de la disminución del desempleo como consecuencia de la aplicación de dicha ley, e informar sobre las empresas que han creado empleos adicionales con base en las medidas adoptadas a partir de la ley. A partir de estos informes, el Gobierno Nacional estaba en la obligación de “presentar al Congreso un proyecto de ley que modifique o derogue las disposiciones que no hayan logrado efectos prácticos para la generación de empleo”.
En la realidad tal comisión nunca funcionó, y aunque el desempleo disminuyó en estos años y se incrementó la tasa de ocupación, no fue como consecuencia de la aplicación de la ley, sino, en primer término, de los casi 4 millones de colombianos que en los primeros años de emigraron hacia España o Estado Unidos buscando seguridad y trabajo; y segundo, gracias a la recuperación de la economía a partir del 2002, luego de una recesión económica con caída del PIB de -4.4 en 1999 y una tasa de desempleo de hasta el 21% en el año 2000.
Tal recuperación fue producto de los altos precios del petróleo y del carbón, del incremento de la demanda de estos productos, y el incremento extraordinario de la inversión extranjera directa, principalmente en minería, en un contexto internacional de tasas de interés a la baja. En el gobierno de Uribe la economía creció a una tasa promedio anual de 5.1% los primeros 4 años, y de 4% en el segundo mandato. Y en lo que va del gobierno de Santos el promedio ha sido del 4.9% anual, un resultado que necesariamente tenía que impactar positivamente el empleo.[1]
Sin embargo, aunque la tasa de desempleo disminuyó y la tasa de ocupación aumentó, no mejoró en la misma medida la calidad del empleo, pues el empleo por fuera de la legislación laboral y del concepto de trabajo decente apenas bajó un punto (es el 67% para toda la economía), el empleo en la industria disminuyó y los sectores con mayor dinamismo en la creación de empleo, como comercio y servicios, tienen tasas de informalidad del 78.4% y del 46.8%, respectivamente.[2]
Colombia, país de extrema desigualdad en distribución del ingreso
Lo que sí es evidente es que la reforma laboral de Uribe produjo un país más desigual e injusto. Desde hace muchos años Colombia es uno de los países con la mayor desigualdad en la distribución del ingreso, pues, ante el poco peso del sindicalismo, se ha impuesto la visión cortoplacista de los empleadores, más interesados en capturar rentas de manera rápida a través de su influencia en el Estado, que en construir una nación moderna, incluyente y democrática en lo social y en lo económico.
Para los empleadores lo funcional es todo aquello que les baje sus costos y les incremente sus ganancias, trátese de reformas laborales como la 789 de 2002, o de reformas tributarias como la de 2013, que les suprimió sus aportes al SENA, al ICBF y a la salud, en total el 13% del valor de la nómina, que ahora los pagamos todos a través del presupuesto nacional.
En el último boletín sobre pobreza monetaria y multidimensional del DANE (marzo de 2014), se informa que “la desigualdad de los ingresos a nivel nacional registró 0,539 puntos. Hubo un aumento en los dominios de cabeceras y las 13 áreas metropolitanas. En las cabeceras el coeficiente GINI se situó en 0,517, en comparación con el 2012, cuando registró 0,514. Por su parte, en las 13 áreas el GINI fue 0,505 en 2013, frente a 0,499 en 2012. En el resto y otras cabeceras la desigualdad de los ingresos disminuyó. El coeficiente GINI en el 2013 fue de 0,446, mientras que en 2012 fue de 0,465. Asimismo, en las otras cabeceras el GINI en el 2013 registró 0,495, mientras que en el 2012 fue 0,500”. Este indicador nos sitúa como la séptima nación más desigual del planeta y la tercera más desigual en América Latina, resultado, entre otros factores, de los bajos salarios e ingresos laborales de la población trabajadora colombiana.
Ahora el gobierno y los partidos que sustentan su mayoría en el Congreso tienen la oportunidad de enderezar esta situación, restituyéndoles a los trabajadores lo que perdieron con la reforma laboral de Uribe. Ello significaría mejorar ingresos de los hogares, un factor que es absolutamente clave en el crecimiento de la economía, en tanto representa más del 60% del PIB, lo que tendría un efecto positivo en la ampliación del mercado interno, en la demanda de las empresas y, por lo tanto, en el empleo.
Adicionalmente, mejores ingresos para los trabajadores significan más educación, mejor vivienda, mejor alimentación y más salud para los hogares de los trabajadores, factores todos que son clave en la competitividad de un país.
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[1] “En 2010 la OIT) realizó un estudio econométrico global de dicha correlación bilateral (ILO-KILM, 2010) para el periodo 1992-2008, calculando que la elasticidad del empleo global al crecimiento real global del PIB oscilaba entre 0,32 y 0,37, es decir, que por cada punto adicional de PIB el empleo aumentaba en dicha proporción”.(Interrelaciones entre crecimiento y empleo. Guillermo de la Dehesa, El País, 16 jun 2013 – 00:00 cet).
[2]Fuente: DANE. Cálculos SAMPL-DGPESF -MinTrabajo Ramas de actividad: CIIU Revisión 3
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