¿Qué exigirle a nuestros congresistas…y qué no?
Salarios escandalosos, mermelada, ausentismo, turismo, regionalismo, congresistas que salen con despropósitos… Pero las cosas no siempre son como las pintan, y este análisis sorprendente lo demuestra.
Marcela Escandón Vega*
Razón Pública
Congreso desprestigiado
No es un secreto que el Congreso es una institución desprestigiada, con riesgos altos de corrupción y con uno de los peores índices de credibilidad entre las instituciones de Colombia. Las jornadas electorales de este año dieron pie a una nueva oleada de críticas, por razones como la compra de votos, las presiones indebidas sobre los votantes o la incidencia de actores ilegales.
Aunque estas denuncias y preocupaciones son legítimas, hay que reconocer que buena parte de los debates ciudadanos alrededor del Congreso se dan en medio de la ignorancia. Según el Barómetro del Capital Social (BARCAS), el 63 por ciento de las personas no recuerda por quién votó para que lo representara en el Congreso. Menos aún se conocen la organización interna, competencias, responsabilidades y limitaciones de esta institución.
En este artículo repaso algunos de los escándalos, críticas recurrentes y lugares comunes que se han ido construyendo alrededor del Congreso colombiano, para ayudar a una discusión menos superficial y más responsable sobre aquello que debemos exigirles a nuestros congresistas – y de aquello que no debemos reclamarles-.
Turismo y ausentismo
Medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanos del común critican el ausentismo y los viajes continuos de los parlamentarios, preguntándose por qué no asisten a las sesiones, por qué se dan el lujo de “pasear” tanto y quién asume los costos.
Y en efecto: los viajes de los congresistas son semanales (usualmente de jueves a domingo) y están financiados con dineros públicos. Pero esto no solo es legal sino que es deseable, porque la labor de un congresista no se reduce al Capitolio Nacional en Bogotá. Ellos y ellas deben viajar a los departamentos que representan o a sus regiones de mayor votación para mantener contacto con sus electores y, en el mejor de los casos, para rendirles cuentas.
En cuanto a la asistencia a las sesiones, este no es un buen indicador de la actividad legislativa porque un buen congresista no es quien no “falla” a ninguna reunión, o quien presenta más proyectos. Es más: las inasistencias pueden ser una estrategia intencional para impedir que un proyecto se vote y se convierta en ley; por eso la oposición suele usar esta estrategia, en Colombia y en todas partes del mundo.
Algunos congresistas optan por ausentarse de los debates cuando estos giran sobre temas que no son de su especialidad o de su conocimiento, o que no tengan importancia para las comunidades que representan. Y en todo caso es un asunto más complejo de lo que se discute con indignación en algunos medios de comunicación prestigiosos. Publicar las inasistencias a las sesiones dice poco de la (buena o mala) labor de un congresista.
El 63 por ciento de las personas no recuerda por quién votó para que lo representara en el Congreso.
Bancadas regionales
El crecimiento de la bancada costeña ha sido objeto de controversias recientes, en especial por su presencia en las mesas directivas. Sin embargo, es muy poco lo que sabemos sobre esta y otras bancadas regionales: ¿Pertenecer a una región es incentivo suficiente para actuar de de un mismo modo y sin obstar las diferencias políticas? Y si así fuera, ¿es esto una confabulación o una buena práctica?
Pues bien, el trabajo conjunto entre representantes regionales es bastante deseable, e incluso debería exigirse, toda vez que preocupaciones comunes, como las irregularidades en el acueducto de Yopal o la desnutrición infantil en La Guajira deberían bastar para dejar de lado las diferencias ideológicas. En Bogotá, por ejemplo, una bancada unificada habría podido prevenir muchos de los desastres en contratación.
En el caso costeño, se han intentado adelantar sin éxito iniciativas como la creación del Ministerio del Mar o el “voto caribe”. ¿Son entonces estas bancadas una amenaza para los intereses nacionales, o para la democracia? Esto depende en buena medida del control ciudadano a nuestros representantes, para exigir debates responsables en temas como la descentralización y el tan necesario balance entre la planeación nacional y las autonomías regionales.
Salarios escandalosos
El impopular asunto de los salarios de los congresistas ha sido discutido repetidamente y sobre todo en octubre de 2013, cuando un decreto presidencial los aumentó después de que el Consejo de Estado había recortado dos de las primas que ellos reciben. Entonces se hicieron muchas comparaciones para mostrar que los salarios son exorbitantes o que están por encima de los de otros países de América Latina.
Sin embargo hay que empezar por decir que un salario competitivo es condición necesaria para que personas capaces y preparadas decidan ingresar al sector público. Además – y aunque no eliminen la corrupción - sí eliminan la necesidad económica como una de sus causas.
A esto se suma que los sueldos de los congresistas no son los más altos de América Latina, pues somos superados por países como Chile, México y Brasil. Chile encabeza el listado, con sueldos equivalentes a más de 53 millones de pesos colombianos (más del doble de Colombia), pero también encabeza la lista del Índice de Transparencia Legislativa en la región por buenas prácticas en rendición de cuentas y acceso a la información.
También importa advertir que la fijación de los salarios está a cargo del gobierno nacional y no de los propios congresistas, como muchos piensan. Por eso mismo lo criticable es la falta de debates sobre los criterios de asignación de sueldos a altos dignatarios del Estado, con altas primas en lugar de un salario integral justo y competitivo.
La famosa mermelada
Quizá el asunto más polémico del Congreso en lo que va corrido de este año, en especial en elecciones, es el de la llamada “mermelada”. En realidad se trata de los “cupos indicativos” que gestionan los congresistas con recursos nacionales para beneficio de sus regiones.
Esta labor es legal, tal como lo ha señalado la Procuraduría, pero además es legítimo que busquen reelegirse mostrándola, la cual resulta deseable en tanto fueron elegidos para representar intereses y necesidades de los pobladores de sus departamentos (representantes) o zonas de mayor votación (senadores).
Las inasistencias pueden ser una estrategia intencional para impedir que un proyecto se vote y se convierta en ley.
Lo que resulta censurable es la manipulación de contratos en favor de terceros y otras irregulares que sabemos que ocurren pero que podrían evitarse con mayor seguimiento ciudadano y con una acción contundente por parte de los entes de control.
En definitiva, una gestión adecuada de estos recursos podría hacer la diferencia, por ejemplo, para superar la terrible sequía que hoy vive la costa caribe.
¿Que hagan algo con el “desprestigio” del Congreso?
Numerosos investigadores han documentado la influencia de actores e intereses ilegales en el Congreso, a lo cual se suman las condenas por corrupción y aquellas figuras polémicas que siguen socavando la imagen del Legislativo (recordemos a Eduardo Merlano negándose a una prueba de alcoholemia, a Corzo y su subsidio de gasolina, o a Gerlein y su intolerancia frente a la homosexualidad masculina).
Pese a ello, una mirada más amplia nos muestra que estos son errores individuales que debemos estar en capacidad de identificar y rechazar, pero que no por ello el 30 por ciento de los colombianos debería estar a favor de gobernar sin un Congreso, pues esta institución es el ente máximo de representación de los ciudadanos, y el pilar de cualquier democracia contemporánea.
Adicionalmente hay que tener en cuenta que la impopularidad de los Congresos es un fenómeno relativamente generalizado. En efecto, la naturaleza plural del legislativo y su principal función (discutir y aprobar leyes) son de difícil comprensión para el ciudadano y su impacto no es fácil de identificar, mientras los gobiernos, por el contrario, ejecutan presupuestos y políticas frente a las cuales la gente puede tomar posición y entender más claramente cómo afectarán sus vidas.
Así, la naturaleza misma del Congreso lo hace vulnerable a la desconexión con la ciudadanía en cualquier parte del mundo. En el caso latinoamericano, el nivel de confianza en la Rama Legislativa es de cerca del 40 por ciento, de modo que el Congreso colombiano no está muy lejos del promedio regional, pese a que en 2013 registró el nivel más bajo de confianza en los últimos años (38 por ciento).
En últimas, si bien las críticas por influencia de actores ilegales, corrupción y demás problemas de legitimidad en el legislativo persisten, la responsabilidad no es solo de los congresistas. Nuestro deber ciudadano es ejercer control y demandar cada vez más y mejor información.
Las redes sociales y las nuevas generaciones, más abiertas al intercambio de información inmediata, hacen cada vez más fácil la denuncia y la supervisión ciudadana. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es alta, como ciudadanos, como electores y como jefes de nuestros representantes.
Sin lugar a dudas, el Congreso debe autoreformarse, y lo consignado aquí no es una defensa ingenua de un Congreso incomprendido ni un intento de desconocer sus debilidades institucionales. Es un llamado es a construir una ciudadanía crítica, que tenga claro qué exigir a un congresista y qué no, y que en la era del internet y las redes sociales no se quede dormida para indignarse hipócritamente cada cuatro años por la compra de votos, siendo ella quien los vende.
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* Historiadora, politóloga, máster en Ciencia Política, directora del Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política.@MarceEscandon
Congreso desprestigiado
No es un secreto que el Congreso es una institución desprestigiada, con riesgos altos de corrupción y con uno de los peores índices de credibilidad entre las instituciones de Colombia. Las jornadas electorales de este año dieron pie a una nueva oleada de críticas, por razones como la compra de votos, las presiones indebidas sobre los votantes o la incidencia de actores ilegales.
Aunque estas denuncias y preocupaciones son legítimas, hay que reconocer que buena parte de los debates ciudadanos alrededor del Congreso se dan en medio de la ignorancia. Según el Barómetro del Capital Social (BARCAS), el 63 por ciento de las personas no recuerda por quién votó para que lo representara en el Congreso. Menos aún se conocen la organización interna, competencias, responsabilidades y limitaciones de esta institución.
En este artículo repaso algunos de los escándalos, críticas recurrentes y lugares comunes que se han ido construyendo alrededor del Congreso colombiano, para ayudar a una discusión menos superficial y más responsable sobre aquello que debemos exigirles a nuestros congresistas – y de aquello que no debemos reclamarles-.
Los congresistas chilenos doblan en sueldo a loscongresistas colombianos, sin embargo los chilenosgozan de mejores niveles de transparencia.Foto: Pedro Encina
Turismo y ausentismo
Medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanos del común critican el ausentismo y los viajes continuos de los parlamentarios, preguntándose por qué no asisten a las sesiones, por qué se dan el lujo de “pasear” tanto y quién asume los costos.
Y en efecto: los viajes de los congresistas son semanales (usualmente de jueves a domingo) y están financiados con dineros públicos. Pero esto no solo es legal sino que es deseable, porque la labor de un congresista no se reduce al Capitolio Nacional en Bogotá. Ellos y ellas deben viajar a los departamentos que representan o a sus regiones de mayor votación para mantener contacto con sus electores y, en el mejor de los casos, para rendirles cuentas.
En cuanto a la asistencia a las sesiones, este no es un buen indicador de la actividad legislativa porque un buen congresista no es quien no “falla” a ninguna reunión, o quien presenta más proyectos. Es más: las inasistencias pueden ser una estrategia intencional para impedir que un proyecto se vote y se convierta en ley; por eso la oposición suele usar esta estrategia, en Colombia y en todas partes del mundo.
Algunos congresistas optan por ausentarse de los debates cuando estos giran sobre temas que no son de su especialidad o de su conocimiento, o que no tengan importancia para las comunidades que representan. Y en todo caso es un asunto más complejo de lo que se discute con indignación en algunos medios de comunicación prestigiosos. Publicar las inasistencias a las sesiones dice poco de la (buena o mala) labor de un congresista.
El 63 por ciento de las personas no recuerda por quién votó para que lo representara en el Congreso.
Bancadas regionales
El crecimiento de la bancada costeña ha sido objeto de controversias recientes, en especial por su presencia en las mesas directivas. Sin embargo, es muy poco lo que sabemos sobre esta y otras bancadas regionales: ¿Pertenecer a una región es incentivo suficiente para actuar de de un mismo modo y sin obstar las diferencias políticas? Y si así fuera, ¿es esto una confabulación o una buena práctica?
Pues bien, el trabajo conjunto entre representantes regionales es bastante deseable, e incluso debería exigirse, toda vez que preocupaciones comunes, como las irregularidades en el acueducto de Yopal o la desnutrición infantil en La Guajira deberían bastar para dejar de lado las diferencias ideológicas. En Bogotá, por ejemplo, una bancada unificada habría podido prevenir muchos de los desastres en contratación.
En el caso costeño, se han intentado adelantar sin éxito iniciativas como la creación del Ministerio del Mar o el “voto caribe”. ¿Son entonces estas bancadas una amenaza para los intereses nacionales, o para la democracia? Esto depende en buena medida del control ciudadano a nuestros representantes, para exigir debates responsables en temas como la descentralización y el tan necesario balance entre la planeación nacional y las autonomías regionales.
El ex-Senador Eduardo Merlano.Foto: Congreso de la República de Colombia
Salarios escandalosos
El impopular asunto de los salarios de los congresistas ha sido discutido repetidamente y sobre todo en octubre de 2013, cuando un decreto presidencial los aumentó después de que el Consejo de Estado había recortado dos de las primas que ellos reciben. Entonces se hicieron muchas comparaciones para mostrar que los salarios son exorbitantes o que están por encima de los de otros países de América Latina.
Sin embargo hay que empezar por decir que un salario competitivo es condición necesaria para que personas capaces y preparadas decidan ingresar al sector público. Además – y aunque no eliminen la corrupción - sí eliminan la necesidad económica como una de sus causas.
A esto se suma que los sueldos de los congresistas no son los más altos de América Latina, pues somos superados por países como Chile, México y Brasil. Chile encabeza el listado, con sueldos equivalentes a más de 53 millones de pesos colombianos (más del doble de Colombia), pero también encabeza la lista del Índice de Transparencia Legislativa en la región por buenas prácticas en rendición de cuentas y acceso a la información.
También importa advertir que la fijación de los salarios está a cargo del gobierno nacional y no de los propios congresistas, como muchos piensan. Por eso mismo lo criticable es la falta de debates sobre los criterios de asignación de sueldos a altos dignatarios del Estado, con altas primas en lugar de un salario integral justo y competitivo.
La famosa mermelada
Quizá el asunto más polémico del Congreso en lo que va corrido de este año, en especial en elecciones, es el de la llamada “mermelada”. En realidad se trata de los “cupos indicativos” que gestionan los congresistas con recursos nacionales para beneficio de sus regiones.
Esta labor es legal, tal como lo ha señalado la Procuraduría, pero además es legítimo que busquen reelegirse mostrándola, la cual resulta deseable en tanto fueron elegidos para representar intereses y necesidades de los pobladores de sus departamentos (representantes) o zonas de mayor votación (senadores).
Las inasistencias pueden ser una estrategia intencional para impedir que un proyecto se vote y se convierta en ley.
Lo que resulta censurable es la manipulación de contratos en favor de terceros y otras irregulares que sabemos que ocurren pero que podrían evitarse con mayor seguimiento ciudadano y con una acción contundente por parte de los entes de control.
En definitiva, una gestión adecuada de estos recursos podría hacer la diferencia, por ejemplo, para superar la terrible sequía que hoy vive la costa caribe.
¿Que hagan algo con el “desprestigio” del Congreso?
Numerosos investigadores han documentado la influencia de actores e intereses ilegales en el Congreso, a lo cual se suman las condenas por corrupción y aquellas figuras polémicas que siguen socavando la imagen del Legislativo (recordemos a Eduardo Merlano negándose a una prueba de alcoholemia, a Corzo y su subsidio de gasolina, o a Gerlein y su intolerancia frente a la homosexualidad masculina).
Pese a ello, una mirada más amplia nos muestra que estos son errores individuales que debemos estar en capacidad de identificar y rechazar, pero que no por ello el 30 por ciento de los colombianos debería estar a favor de gobernar sin un Congreso, pues esta institución es el ente máximo de representación de los ciudadanos, y el pilar de cualquier democracia contemporánea.
Adicionalmente hay que tener en cuenta que la impopularidad de los Congresos es un fenómeno relativamente generalizado. En efecto, la naturaleza plural del legislativo y su principal función (discutir y aprobar leyes) son de difícil comprensión para el ciudadano y su impacto no es fácil de identificar, mientras los gobiernos, por el contrario, ejecutan presupuestos y políticas frente a las cuales la gente puede tomar posición y entender más claramente cómo afectarán sus vidas.
Así, la naturaleza misma del Congreso lo hace vulnerable a la desconexión con la ciudadanía en cualquier parte del mundo. En el caso latinoamericano, el nivel de confianza en la Rama Legislativa es de cerca del 40 por ciento, de modo que el Congreso colombiano no está muy lejos del promedio regional, pese a que en 2013 registró el nivel más bajo de confianza en los últimos años (38 por ciento).
Fuente: Barómetro de las Américas, LAPOP
En últimas, si bien las críticas por influencia de actores ilegales, corrupción y demás problemas de legitimidad en el legislativo persisten, la responsabilidad no es solo de los congresistas. Nuestro deber ciudadano es ejercer control y demandar cada vez más y mejor información.
Las redes sociales y las nuevas generaciones, más abiertas al intercambio de información inmediata, hacen cada vez más fácil la denuncia y la supervisión ciudadana. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es alta, como ciudadanos, como electores y como jefes de nuestros representantes.
Sin lugar a dudas, el Congreso debe autoreformarse, y lo consignado aquí no es una defensa ingenua de un Congreso incomprendido ni un intento de desconocer sus debilidades institucionales. Es un llamado es a construir una ciudadanía crítica, que tenga claro qué exigir a un congresista y qué no, y que en la era del internet y las redes sociales no se quede dormida para indignarse hipócritamente cada cuatro años por la compra de votos, siendo ella quien los vende.
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* Historiadora, politóloga, máster en Ciencia Política, directora del Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política.@MarceEscandon
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7799-%C2%BFqu%C3%A9-exigirle-a-nuestros-congresistas%E2%80%A6y-qu%C3%A9-no.html
