El campesinado colombiano sufre pobreza, desnutrición y graves violaciones a los derechos humanos
Según Unicef, más de 5.000 menores de cinco años mueren cada año en Colombia por hambre. La mayoría, hijos e hijas de familias campesinas, afrodescendientes e indígenas.
Según Unicef, más de 5.000 menores de cinco años mueren cada año en Colombia por hambre. La mayoría, hijos e hijas de familias campesinas, afrodescendientes e indígenas.
Bruselas, octubre de 2013. Durante esta semana se celebran en el mundo los días de la mujer rural, la alimentación y la lucha contra la pobreza. La crisis del campo colombiano, donde viven cerca de la mitad de las mujeres colombianas, reflejada en los últimos meses tras los paros campesinos y agrarios que han paralizado varias regiones del país, deja ver los altos índices de pobreza e incluso hambre que aqueja al 65% de quienes habitan las zonas rurales en Colombia.
Según cifras oficiales colombianas y de Naciones Unidas, la indigencia en el campo colombiano ya ha alcanzado al 30% de su población. A esto se suma que el 70% de los labriegos gana menos del salario mínimo institucional. El desplazamiento forzado en este país ya ha superado los 5.5 millones y no se tiene esperanza de que esta cifra disminuya o deje de aumentar. Según Unicef y la FAO, Colombia sufre problemas de hambre, especialmente en las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, que son en su gran mayoría rurales: 600.000 niños y niñas tienen problemas de desnutrición y al menos 5.000 menores de cinco años mueren al año por hambre.
Esta grave crisis en el campo se ha visto incrementada en los últimos meses por la entrada en vigor de los TLC que Colombia ha firmado con otros países. También por el acaparamiento de tierras que grandes empresas nacionales e internacionales están realizando gracias a engaños para adquirir terrenos de propiedad del Estado que deben ser titulados a los campesinos sin tierra. La informalidad de la tenencia de la tierra afecta especialmente a las mujeres que en muchas ocasiones carecen del titulo de su tierra.
El TLC entre la UE y Colombia entró en vigor el pasado 1 de agosto, incluso sin haber sido aprobado por cada uno de los 28 países que integran la UE. Oidhaco desea exponer su profunda preocupación porque empresas europeas comiencen megaproyectos de explotación agrícola, minera y de recursos naturales en tierras bañadas de sangre o, que su entrada a territorios rurales, sea motivo de más desplazamientos y otro tipo de violaciones a los derechos humanos. “Por ello queremos hacer un llamado a los países europeos para que estén alerta para prevenir cualquier tipo de inversión en regiones y territorios en los que pueda haber conflictos con pobladores”, expresa Vincent Vallies, portavoz de esta organización con sede en Bruselas.
La situación de las mujeres rurales, víctimas de la guerra y de desplazamientos forzados es motivo de gran preocupación tanto para Naciones Unidas como para las organizaciones colombianas, europeas e internacionales. La mujer y los niños constituyen más de la mitad de los desplazados. En el 2011 cada día 52 mujeres fueron victimas de violencia sexual, sin embargo, la mayoría de estos crímenes son invisibles y permanecen en la impunidad.
Los asesinatos de indígenas y líderes de restitución de tierras no cesan. Como triste ejemplo se puede mencionar el asesinato el 30 de septiembre Adelinda Gómez Gaviria de 36 años de edad y madre de tres hijos que hacía parte del Proceso de Mujeres Maciceñas, del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Ella, en los últimos meses impulsó, entre otros, el Foro Minero y Ambiental en el municipio de Almaguer, que contó con la participación de unas 1.500 campesinos e indígenas. Otro crimen reciente es el asesinato por parte de sicarios de una pareja - Milciades Cano Trujillo y Nancy Vargas -, sobrevivientes del extinto partido político Unión Patriótica. Ellos fueron unos de los promotores del pasado paro cafetero. Ambos pertenecían a la Asociación de Trabajadores del Campo. “Solicitamos a los países europeos que ayuden en la protección de la población rural colombiana, principal víctima de la guerra y de las consecuencias de explotaciones agroindustriales y de minería”, añade Vallies.
http://www.oidhaco.org/?art=1757&lang=es
