Un país en descomposición
Daniel Samper Pizano
La justicia colombiana, tan corrompida como la política, necesita la urgente intervención de la ONU.
El portal La Silla Vacía denunció que Alberto Rojas Ríos, candidato a la Corte Constitucional, había asesorado profesionalmente a un cercano amigo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y recibió por sus servicios casi 500 millones de pesos, de los que solo declaró y pagó impuestos por 8,5. Es, además, amigo personal y político de una exparlamentaria vinculada al paramilitarismo.
A pesar de semejante hoja de vida y del clamor de numerosos ciudadanos, políticos y periodistas para que el parlamento se abstuviera de llevarlo a la Corte, los senadores, en un vulgar desafío a la opinión pública, lo eligieron magistrado, de modo que ejercerá la delicada misión de impartir justicia durante los próximos ocho años.
¿Puede denominarse esto transparencia?
El Procurador General, denodado perseguidor de las mujeres que abortan legalmente y de los homosexuales –a los que califica de “bestias”–, forma parte de un grupúsculo religioso de extrema derecha que niega el Holocausto. Según los negacionistas, Hitler no masacró a judíos, gitanos y otras minorías étnicas: esas son patrañas fabricadas por la propaganda judía. Semejante actitud es en Europa un delito tan grave que está penado por 16 legislaciones. Ningún país civilizado permitiría que ocupara un alto cargo público quien no reconozca a gritos la atroz matanza perpetrada por los nazis. Pero el procurador Alejandro Ordóñez guarda bochornoso silencio cuando los periodistas le preguntan si niega los horrores del III Reich. Hasta donde sé, solo en privado ha ofrecido tímidas disculpas a unos dirigentes judíos colombianos, cuando hablamos de uno de los más escalofriantes crímenes de la historia, cuya tolerancia afecta la dignidad de todos los seres humanos, judíos o no judíos.
Ahora, llevado por un odio enfermizo a los homosexuales, amenaza con destituir a los notarios que, delegados por la ley, se atrevan a unir en matrimonio a las parejas del mismo sexo, e incita a estos funcionarios a obstruir con sus objeciones religiosas el imperio de la ley y la jurisprudencia.
¿Puede llamarse a esto justicia?
Un magistrado elegido pese a su vergonzoso pasado y un Procurador que no repudia en público la matanza nazi… Agreguen a ellos los ‘carruseles’ de pensiones de la magistratura (por fortuna desmontados esta semana); la ligereza con ciertos delitos cometidos por militares (‘Tolemaida’ viene de ‘tolerancia’); los asesinatos sin castigo de líderes de la restitución de tierras; los atentados contra periodistas; las decenas de parlamentarios encarcelados; los placenteros viajes de paramilitares y mafiosos en busca del paraíso gringo de la impunidad; los gobernadores no ejemplares, como el de La Guajira; la soberbia y el desmadre en los gastos de la Contralora; las interminables noticias sobre el saqueo de Bogotá durante la administración Moreno…
¿Es esto digno de un país que se hace llamar democrático?
Me aterra que no caigamos en cuenta de que Colombia atraviesa un estado brutal de descomposición, de que uno solo de estos escándalos encendería la luz roja en una sociedad que se respete, y de que todos los síntomas sumados retratan un grado de corrupción que exige medidas radicales e inmediatas.
Lo malo es que no se ve quién ni cómo podría llevar a cabo la labor de limpieza dentro de los estrictos cauces legales. Al Gobierno le falta liderazgo: le teme al Procurador (se lo lleva de paseo con la familia al Vaticano) y fue incapaz de criticar la elección del magistrado venal.
La justicia es uno de los resortes más afectados. Por eso me atrevo a sugerir que se solicite la intervención de las Naciones Unidas a través de su Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y los Abogados en el Mundo. Ignoro las minucias protocolarias que activan esta monitoría. Pero ha sido clave para denunciar el amaño de poderes en Argentina, y podría exhibir lo que rehusamos aceptar en Colombia: que aquí la justicia es un enfermo terminal.
Daniel Samper Pizano
