Reformas de Santos “podrían revertir avances” alcanzados por Colombia en DDHH
El fuero militar y el marco jurídico para la paz reciben una mirada crítica por parte de la ONG Con sede en Estados Unidos, Human Right Watch.
CARACOL
Human Rights Watch, una influyente ONG de derechos humanos con sede enEstados Unidos, presentó un panorama crítico de la situación en Colombia. El diagnóstico fue revelado en el informe anual de HRW sobre derechos humanos, que tiene capítulos sobre la mayoría de países del mundo. Este documento es una recopilación de cifras oficiales y de otras ONGs, y representa un termómetro de cómo se ve al país, y al gobierno de turno, en una porción de la comunidad internacional.
En el 2012, dice la organización, Colombia siguió viviendo un conflicto armado, con guerrilla y grupos paramilitares, que deja más de 4 millones de desplazados; más de 100.000 nuevos desplazamientos se registraron el año pasado.
De las 1.500 violaciones al derecho internacional humanitario que recibió la Defensoría del Pueblo, más de la mita fueron de grupos sucesores de los paramilitares. Los que más minan son las Farc y ELN. Sin embargo, HRW destacó que el proceso de paz iniciado entre el Gobierno y las Farc representa la primera oportunidad de Colombia, en más de una década, para llegar a un acuerdo que ponga fin a casi 50 años de conflicto armado.
Sin embargo, en un tono más crítico a la labor del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, HRW sostiene que la implementación de iniciativas como la ley de restitución de tierras “avanza lentamente”, y bajo constantes amenazas. Por ejemplo, de los 2.100 casos de restitución que el Gobierno había prometido solucionar, solo se lograron 15 fallos judiciales.
Aunque destaca que el Gobierno rechaza abiertamente las amenazas a defensores de derechos humanos, se siguen presentando graves abusos contra ellos, y otros grupos como indígenas, líderes locales, afrocolombianos y sindicalistas.
Además de la “impunidad crónica” que existe en el país, HRW dice que lareforma al fuero militar y el marco para la paz, impulsadas por el Gobierno Santos, “podrían revertí en forma dramática los avances logrados recientemente y permitir que abusos aberrantes cometidos por la guerrilla, paramilitares y militares queden impunes”.
La organización expresa una preocupación especial por los casos de “falsos positivos”, que podrían terminar siendo trasladados a cortes militares. A pesar de haber ya más de 500 condenas por estos casos de ejecuciones extrajudiciales, HRW reseña que “la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó que la mayoría de los procedimientos existentes (sobre falsos positivos) no se ha centrado en quienes podrían ser los máximos responsables de estos crímenes”.
Finalmente, el informe de HRW también menciona en el 2012 el expresidenteÁlvaro Uribe fue vinculado por exjefes paramilitares a esa organización, y que su jefe de seguridad, el general Mauricio Santoyo, fue condenado en EE.UU. por su vínculos con estas organizaciones criminales y narcotraficantes.
La expansión militar en Colombia: un gran retroceso para la Justicia
La expansión militar en Colombia: un gran retroceso para la Justicia de Colombia es la aprobación reciente de una enmienda constitucional que extiende la jurisdicción militar en los casos de violaciones de derechos humanos, es un importante revés para la justicia. La reforma permitiría tumbar derechos humanos, crímenes sean investigados y juzgados por la justicia militar, en conflicto directo con años de jurisprudencia de los altos tribunales de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La enmienda da el sistema de justicia militar-conocido por los altos niveles de impunidad- "Jurisdicción exclusiva" sobre todos los abusos militares "relacionados con el conflicto", con la excepción de una lista
de siete delitos: crímenes de lesa humanidad, el genocidio, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Sin embargo, existe un serio riesgo de que los casos de dos de estos crímenes, "ejecuciones extrajudiciales" y "violencia sexual", se enviaran a los tribunales militares, ya que no están codificadas como delitos en Colombia. Además, otra grave violación de derechos humanos, como detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o degradantes serían juzgados en tribunales militares.
Muchos de los "falsos positivos", ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como enemigos de combate, podían ser transferidos de civiles a tribunales militares.
Por otra parte, el sistema de justicia militar, en lugar de la oficina del Procurador General civiles, ahora se llevan a cabo las investigaciones preliminares de violaciones presuntamente cometidos durante las operaciones militares, por lo que es poco probable que los casos de ejecuciones extrajudiciales y otros delitos graves se identifiquen sean procesados. Cuando surgen dudas acerca de la competencia, una comisión mixta de militares y participación civil determinará la competencia, en lugar de un órgano judicial civil. Por último, la disposición para asegurar que los miembros militares, incluidos los condenados por delitos graves, sean recluidos "en centros de reclusión" en vez de cárceles regulares también es preocupante.
Esta enmienda socaba los avances reales que ha tenido la justicia civil en Colombia en los últimos años para garantizar que los miembros de las fuerzas armadas y las denuncias creíbles de que han cometido violaciones graves de derechos humanos rindan cuentas. Se trata de una respuesta a la fuerte presión de las fuerzas armadas de Colombia, a raíz de algunos de los primeros enjuiciamientos exitosos de oficiales de alto rango por crímenes de derechos humanos. Debe preocupar al gobierno de EE.UU. esta grave falta de derechos humanos.
Representativos militares siempre han sostenido que la participación de EE.UU. y la asistencia reduciría la impunidad por violaciones de derechos humanos en Colombia. Es nuestro miedo agudo que está ocurriendo lo contrario.
¿Qué se puede hacer ahora que esta enmienda es la ley? La comunidad internacional puede insistir en que el gobierno colombiano limite el daño causado por esta reforma constitucional mal concebida. Lo puede hacer responsable ante su promesa de garantizar que "las ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones "y" violencia sexual "estén codificados en la ley, y pueden seguirse de cerca ante el impacto de este cambio, incluyendo si los casos de ejecuciones extrajudiciales se están transfiriendo de civil a militar tribunales.
El Departamento de Estado de los EE.UU. debe retener certificación en derechos humanos a Colombia, el concepto de ayuda militar debe estar sujeto a las condiciones de las operaciones de EE.UU. ley extranjera créditos requiere que todos los casos de denuncias creíbles de graves violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia " deben ser puntualmente resueltos por la jurisdicción civil para su investigación y enjuiciamiento. "
Notas:
1. El proyecto de ley fue aprobada el 11 de diciembre 2012
2. Véase, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358/97, Consejo Colombiano Superior de la Judicatura, No.
110010102000200601121 00, Decisión del 14 de agosto de 2006; Corte Suprema de Colombia, Caso N º 26.137, Resolución de 6 de mayo de 2009, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia del 26 de septiembre de 2006, Inter- Am.Ct.HR, Serie C. No.154, párr. 131, y Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, Sentencia del 11 de mayo de 2007, Inter-Am.Ct.HR, Serie C No. 163, párr. 200, y Caso de Radilla Pacheco Vs. México, Sentencia del 23 de noviembre de 2009, Inter-Am.Ct.HR, Serie C No. 209, párrs. 272 y 274.
3. La mayoría de los "falsos positivos" han sido juzgados como "homicidios de personas protegidas", un delito que se considera una violación de derecho internacional humanitario en lugar de una violación de derechos humanos. Bajo la nueva ley, violaciones del derecho internacional humanitario rutinariamente irían a cortes.
1. El proyecto de ley fue aprobada el 11 de diciembre 2012
2. Véase, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358/97, Consejo Colombiano Superior de la Judicatura, No.
110010102000200601121 00, Decisión del 14 de agosto de 2006; Corte Suprema de Colombia, Caso N º 26.137, Resolución de 6 de mayo de 2009, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia del 26 de septiembre de 2006, Inter- Am.Ct.HR, Serie C. No.154, párr. 131, y Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, Sentencia del 11 de mayo de 2007, Inter-Am.Ct.HR, Serie C No. 163, párr. 200, y Caso de Radilla Pacheco Vs. México, Sentencia del 23 de noviembre de 2009, Inter-Am.Ct.HR, Serie C No. 209, párrs. 272 y 274.
3. La mayoría de los "falsos positivos" han sido juzgados como "homicidios de personas protegidas", un delito que se considera una violación de derecho internacional humanitario en lugar de una violación de derechos humanos. Bajo la nueva ley, violaciones del derecho internacional humanitario rutinariamente irían a cortes.
Fuentes:
http://www.caracol.com.co/noticias/internacional/reformas-de-santos-podrian-revertir-avances-alcanzados-por-colombia-en-ddhh/20130131/nota/1833917.aspx
http://www.wola.org/sites/default/files/1_2013%20Public%20statement%20FINAL.pdf
