Tribunal condena a Colombia a indemnizar a víctimas de paramilitares
Unas 280 familias fueron desplazadas de la hacienda Bellacruz (Foto: Archivo)
El Estado colombiano debe cancelar mil 150 millones de pesos (unos 653 mil dólares) a 35 campesinos que fueron desplazados a la fuerza por grupos paramilitares en el año 1996, tras comprobarse que todo ocurrio sin una reacción oportuna de las autoridades.
El Consejo de Estado colombiano condenó a la Nación a indemnizar a las víctimas de un desplazamiento forzado de campesinos ocurrido en 1996 en el norteño departamento de Cesar -perpetrado por grupos paramilitares-, debido a la indiferencia del Gobierno de entonces y la falta de protección y asistencia hacia las comunidades de la región.
El Estado deberá cancelar mil 150 millones de pesos (unos 653 mil dólares) a 35 personas afectadas, luego de comprobarse que, sin reacción oportuna de las autoridades, fueron sacadas a la fuerza por unos 40 paramilitares de la hacienda Bellacruz, ubicada en el municipio de La Gloria.
De acuerdo al dictamen, en febrero de 1996, un grupo de 40 paramilitares asesinaron a decenas personas y obligaron a 280 familias a abandonar sus parcelas, ubicadas en una región donde se habían trazado, incluso, varias veredas reconocidas por la Secretaría de Gobernación.
Tras cumplirse el plazo, la banda armada ilegal destruyó las viviendas, arrasó con los cultivos de los jornaleros y los amenazaron de muerte si no abandonaban el lugar.
Tras analizar las pruebas testimoniales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que avaluó el caso, juzgó responsables del desalojo a los ministerios del Interior y Defensa, al Ejército y a la Policía Nacional, por las “fallas en la protección de los campesinos que habitaban la zona”.
El fallo expone que, pese a existir una base militar cerca de la hacienda, “los uniformados no adoptaron las medidas para prevenir o contrarrestar la ofensiva del grupo paramilitar”, aun cuando los campesinos denunciaron la situación.
"Según el oficio remitido al proceso, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional contaban con un número superior a 130 efectivos en esa región; de manera que, a pesar de tratarse de un hecho previsible, no se adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o contrarrestar la ofensiva" señala la sentencia.
Asimismo, el texto señala que las acciones ilegales fueron conocidas por el Estado, ya que el grupo paramilitar, “además de haber hecho pública la amenaza de apoderarse de los predios, atentó contra la vida e integridad de los campesinos”.
“En todo momento, las familias desplazadas se mantuvieron informando de los hechos a las autoridades civiles, militares y policiales que operaban en esas localidades -así como a los organismos e instituciones nacionales- y pidiéndoles protección efectiva para sus vidas y bienes", precisó el documento.
Por último, la sentencia considera que “todos estos elementos ameritaban medidas estatales serias que, de modo contundente y eficaz, hubieren impedido o confrotado la incursión paramilitar en la región”.
El caso de Bellacruz es emblemático en Colombia, en materia de violación a los derechos humanos. La hacienda era propiedad del exministro de Desarrollo y exembajador de Colombia ante Bélgica y la Unión Europea, Carlos Arturo Marulanda Ramírez, quien fue condenado como presunto autor intelectual del desplazamiento de los campesinos.
teleSUR-PL-EFE-AP-ElUniversal/MARL
