El conflicto (antes guerra) civil no ha terminado
Vicenç Navarro
nuevatribuna.es
La historia de España durante el siglo XX (y que continúa en el siglo XXI) es el conflicto constante entre, por un lado, los establishments financieros, centrados en la banca, y los empresariales, centrados en la gran patronal (asistidos por el Estado dominado por las fuerzas conservadoras –que incluyen las fuerzas armadas y el sistema judicial y policial- y por la jerarquía de la Iglesia Católica, y apoyados por la mayoría del establishment mediático) y por el otro lado, las clases populares que intentan conseguir el bienestar social y calidad de vida que consideran que se merecen y cuyo desarrollo entra inevitablemente en conflicto con los privilegios de aquellos establishments. Este conflicto marcó el siglo XX y continúa ahora en el siglo XXI.
El máximo desarrollo de tal conflicto en el siglo pasado apareció cuando, en respuesta a las políticas reformistas altamente populares llevadas a cabo por un gobierno democrático, hubo un golpe militar que impuso una de las dictaduras más represivas de las que hayan existido en la Europa Occidental (según el profesor Malefakis, experto del fascismo europeo en la Universidad de Columbia, por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió diez mil). Tal dictadura se estableció para defender los intereses de aquellos establishments financieros y empresariales dominantes en la historia de nuestro país.
La resistencia popular hizo quebrar aquella dictadura en los años setenta del siglo pasado. Desde 1974 a 1978 España fue el país con la mayor agitación social de Europa. De ahí que, aun cuando el dictador Franco murió en la cama, la dictadura terminó en la calle. Las movilizaciones sociales (lideradas por el movimiento obrero), aunque determinantes para acabar con aquella dictadura, no fueron suficientemente fuertes para romper con la estructura de poder que controlaba el Estado. Y un punto importante para explicar aquella insuficiencia fue que los partidos políticos de izquierda acababan de salir de la clandestinidad, con muchos de sus dirigentes en las cárceles o en el exilio.
El desequilibrio de fuerzas en aquel proceso de Transición fue enorme. Las derechas controlaban el aparato del Estado, además del poder financiero y gran empresarial, gozando de una gran influencia en los medios, mientras que las izquierdas políticas estaban saliendo de una dictadura que les había reprimido brutalmente. El famoso “consenso” de la Transición al que las derechas (y algunas voces de izquierda) se refieren constantemente para justificar la perpetuación de su poder en las instituciones del Estado, asume una aceptación por parte de las izquierdas de un acuerdo muy desigual que fue aceptado en aquel momento, resultado de que se percibía que era la única salida posible. La Constitución Española refleja este desequilibrio. No se reconoce en ella ni la universalidad de los derechos sociales (como la sanidad) ni tampoco se reconoce la plurinacionalidad del Estado español. Éstos son indicadores del enorme poder que las derechas tuvieron en la mal llamada Transición “modélica” y que han marcado los más de treinta años de una democracia caracterizada por sus grandes insuficiencias.
La corrección del déficit social
Ni que decir tiene que el periodo democrático ha visto enormes cambios entre los cuales destaca el establecimiento del Estado del Bienestar, proceso liderado por las izquierdas. El establecimiento del Sistema Nacional de Salud, en 1986, es un ejemplo de ello. Y aunque no garantizaba la universalidad de los servicios sanitarios, es decir, unos derechos extensivos a toda la población española, sí que los extendía a la gran mayoría de la población. Otro indicador fue el notable crecimiento del gasto público social por habitante (que cubre desde las pensiones y otras transferencias públicas a los servicios públicos del Estado del Bienestar como sanidad, educación, y servicios sociales, entre otros) corrigiéndose parte del enorme déficit social que la España democrática había heredado de la dictadura. El año que el dictador murió España tenía el gasto público social más bajo de los países que más tarde pasarían a ser la UE-15. En 1975 el gasto social representaba en España solo el 15% del PIB, mientras que el promedio del resto de los países de la posterior UE-15, era del 22% del PIB.
El euro se hizo a costa del Estado del Bienestar
La corrección del déficit social fue interrumpida, sin embargo, como consecuencia de la manera como se hizo la integración de España a la Eurozona. El objetivo de reducir el déficit del Estado a un porcentaje igual o menor del 3% se hizo en España a base de reducir el gasto público social. Ello conllevó que el déficit de gasto público social por habitante de España en relación con el promedio de la UE-15 aumentase considerablemente, sobre todo en la etapa del gobierno Aznar. De esta manera el euro en España se consiguió a costa de mantener el enorme retraso social del Estado, la realidad más ocultada o desconocida en los medios de información de mayor difusión en España. Incluso, cuando tal déficit se comenzó a reducir de nuevo, bajo el primer gobierno Zapatero, tal déficit en 2007 (año en el que empezó la crisis) era mayor que el existente en 1993, fecha cuando se iniciaron los recortes de gasto público para reducir el déficit del Estado y así poder entrar en el euro. La época de bonanza de la economía española no fue aprovechada para reducir los enormes déficits sociales del país sino para disminuir los impuestos. Las reformas fiscales de 2006, además de crear un agujero en el déficit estructural público del Estado español, incrementaron la regresividad de las políticas fiscales existentes.
El ataque frontal al bienestar social
Hoy estamos viendo el ataque más frontal que haya recibido el bienestar de las clases populares, por parte de los mismos establishments que han dominado la vida financiera, económica, política y mediática española durante su historia. Es la continuación del conflicto civil (que apareció en tonos más bélicos durante la mal llamada Guerra Civil). Su objetivo es desmantelar el escasamente desarrollado Estado del bienestar español y debilitar al mundo del trabajo.
Y los datos hablan por sí mismos. España, según Eurostat, es el país de la UE-15 que ha visto una bajada más acentuada de los costes laborales (que incluyen los salarios, indemnizaciones, cotizaciones a la Seguridad Social). El crecimiento de tales costes ha sido de un 0,7% anual, casi tres veces más bajo que el promedio de la UE-15. Un tanto idéntico ocurre con los salarios, que han aumentado solo un 0,8%, frente a un 2% en la Eurozona. Una situación semejante ocurre en cuanto al gasto público social que ha disminuido en la mayoría de capítulos del Estado del bienestar. El gasto público social por habitante ha disminuido, como también ha disminuido el grado de cobertura social de la población, con un descenso del empleo público en tales servicios. Tales medidas constituyen un ataque a la protección social en España, retrasando todavía más el escasamente desarrollado y poco financiado Estado del bienestar.
Tales medidas se presentan como parte del objetivo de mejorar “la competitividad” (famosa expresión utilizada extensamente en los medios de difusión) y con ella, las exportaciones, las cuales -se nos dice- nos ayudarán a salir de la crisis. Las exportaciones han continuado expandiéndose sin embargo, sin que el desempleo haya descendido. No es la competitividad sino la rentabilidad empresarial la que se intenta fomentar con tales políticas. Y lo están consiguiendo.
nuevatribuna.es
La historia de España durante el siglo XX (y que continúa en el siglo XXI) es el conflicto constante entre, por un lado, los establishments financieros, centrados en la banca, y los empresariales, centrados en la gran patronal (asistidos por el Estado dominado por las fuerzas conservadoras –que incluyen las fuerzas armadas y el sistema judicial y policial- y por la jerarquía de la Iglesia Católica, y apoyados por la mayoría del establishment mediático) y por el otro lado, las clases populares que intentan conseguir el bienestar social y calidad de vida que consideran que se merecen y cuyo desarrollo entra inevitablemente en conflicto con los privilegios de aquellos establishments. Este conflicto marcó el siglo XX y continúa ahora en el siglo XXI.
El máximo desarrollo de tal conflicto en el siglo pasado apareció cuando, en respuesta a las políticas reformistas altamente populares llevadas a cabo por un gobierno democrático, hubo un golpe militar que impuso una de las dictaduras más represivas de las que hayan existido en la Europa Occidental (según el profesor Malefakis, experto del fascismo europeo en la Universidad de Columbia, por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió diez mil). Tal dictadura se estableció para defender los intereses de aquellos establishments financieros y empresariales dominantes en la historia de nuestro país.
La resistencia popular hizo quebrar aquella dictadura en los años setenta del siglo pasado. Desde 1974 a 1978 España fue el país con la mayor agitación social de Europa. De ahí que, aun cuando el dictador Franco murió en la cama, la dictadura terminó en la calle. Las movilizaciones sociales (lideradas por el movimiento obrero), aunque determinantes para acabar con aquella dictadura, no fueron suficientemente fuertes para romper con la estructura de poder que controlaba el Estado. Y un punto importante para explicar aquella insuficiencia fue que los partidos políticos de izquierda acababan de salir de la clandestinidad, con muchos de sus dirigentes en las cárceles o en el exilio.
El desequilibrio de fuerzas en aquel proceso de Transición fue enorme. Las derechas controlaban el aparato del Estado, además del poder financiero y gran empresarial, gozando de una gran influencia en los medios, mientras que las izquierdas políticas estaban saliendo de una dictadura que les había reprimido brutalmente. El famoso “consenso” de la Transición al que las derechas (y algunas voces de izquierda) se refieren constantemente para justificar la perpetuación de su poder en las instituciones del Estado, asume una aceptación por parte de las izquierdas de un acuerdo muy desigual que fue aceptado en aquel momento, resultado de que se percibía que era la única salida posible. La Constitución Española refleja este desequilibrio. No se reconoce en ella ni la universalidad de los derechos sociales (como la sanidad) ni tampoco se reconoce la plurinacionalidad del Estado español. Éstos son indicadores del enorme poder que las derechas tuvieron en la mal llamada Transición “modélica” y que han marcado los más de treinta años de una democracia caracterizada por sus grandes insuficiencias.
La corrección del déficit social
Ni que decir tiene que el periodo democrático ha visto enormes cambios entre los cuales destaca el establecimiento del Estado del Bienestar, proceso liderado por las izquierdas. El establecimiento del Sistema Nacional de Salud, en 1986, es un ejemplo de ello. Y aunque no garantizaba la universalidad de los servicios sanitarios, es decir, unos derechos extensivos a toda la población española, sí que los extendía a la gran mayoría de la población. Otro indicador fue el notable crecimiento del gasto público social por habitante (que cubre desde las pensiones y otras transferencias públicas a los servicios públicos del Estado del Bienestar como sanidad, educación, y servicios sociales, entre otros) corrigiéndose parte del enorme déficit social que la España democrática había heredado de la dictadura. El año que el dictador murió España tenía el gasto público social más bajo de los países que más tarde pasarían a ser la UE-15. En 1975 el gasto social representaba en España solo el 15% del PIB, mientras que el promedio del resto de los países de la posterior UE-15, era del 22% del PIB.
El euro se hizo a costa del Estado del Bienestar
La corrección del déficit social fue interrumpida, sin embargo, como consecuencia de la manera como se hizo la integración de España a la Eurozona. El objetivo de reducir el déficit del Estado a un porcentaje igual o menor del 3% se hizo en España a base de reducir el gasto público social. Ello conllevó que el déficit de gasto público social por habitante de España en relación con el promedio de la UE-15 aumentase considerablemente, sobre todo en la etapa del gobierno Aznar. De esta manera el euro en España se consiguió a costa de mantener el enorme retraso social del Estado, la realidad más ocultada o desconocida en los medios de información de mayor difusión en España. Incluso, cuando tal déficit se comenzó a reducir de nuevo, bajo el primer gobierno Zapatero, tal déficit en 2007 (año en el que empezó la crisis) era mayor que el existente en 1993, fecha cuando se iniciaron los recortes de gasto público para reducir el déficit del Estado y así poder entrar en el euro. La época de bonanza de la economía española no fue aprovechada para reducir los enormes déficits sociales del país sino para disminuir los impuestos. Las reformas fiscales de 2006, además de crear un agujero en el déficit estructural público del Estado español, incrementaron la regresividad de las políticas fiscales existentes.
El ataque frontal al bienestar social
Hoy estamos viendo el ataque más frontal que haya recibido el bienestar de las clases populares, por parte de los mismos establishments que han dominado la vida financiera, económica, política y mediática española durante su historia. Es la continuación del conflicto civil (que apareció en tonos más bélicos durante la mal llamada Guerra Civil). Su objetivo es desmantelar el escasamente desarrollado Estado del bienestar español y debilitar al mundo del trabajo.
Y los datos hablan por sí mismos. España, según Eurostat, es el país de la UE-15 que ha visto una bajada más acentuada de los costes laborales (que incluyen los salarios, indemnizaciones, cotizaciones a la Seguridad Social). El crecimiento de tales costes ha sido de un 0,7% anual, casi tres veces más bajo que el promedio de la UE-15. Un tanto idéntico ocurre con los salarios, que han aumentado solo un 0,8%, frente a un 2% en la Eurozona. Una situación semejante ocurre en cuanto al gasto público social que ha disminuido en la mayoría de capítulos del Estado del bienestar. El gasto público social por habitante ha disminuido, como también ha disminuido el grado de cobertura social de la población, con un descenso del empleo público en tales servicios. Tales medidas constituyen un ataque a la protección social en España, retrasando todavía más el escasamente desarrollado y poco financiado Estado del bienestar.
Tales medidas se presentan como parte del objetivo de mejorar “la competitividad” (famosa expresión utilizada extensamente en los medios de difusión) y con ella, las exportaciones, las cuales -se nos dice- nos ayudarán a salir de la crisis. Las exportaciones han continuado expandiéndose sin embargo, sin que el desempleo haya descendido. No es la competitividad sino la rentabilidad empresarial la que se intenta fomentar con tales políticas. Y lo están consiguiendo.
http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/el-conflicto-antes-guerra-civil-no-ha-terminado/20130114210924086723.html
