MAGISTERIO DENUNCIA
¿CUÁNTOS MUERTOS MÁS NECESITAN?
El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, en cabeza de la Ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, es responsable de la dramática situación en que se encuentra la vida y salud del magisterio colombiano.
La Ministra Campo, como titular de la cartera, derogó las medidas de protección acordadas con FECODE que tenían los educadores amenazados mediante la expedición unilateral del Decreto 1628/12; de otra parte, como Presidenta del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales junto con los Delegados designados por ella ante este organismo de común acuerdo con Jaime Abril, Delegado del Ministro de Hacienda, avanzan en el propósito de destruir el régimen de salud de los maestros mediante la desfinanciación y la falta de vigilancia en la prestación del servicio médico asistencial.
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA VIDA DE LOS MAESTROS
No alcanzamos a imaginar los propósitos de la Ministra al ocultar la verdadera historia de la situación de los maestros víctimas de amenazas y desplazamiento, pues FECODE acordó con ella la expedición de la Resolución 3900/11 la cual, según el acuerdo, debería convertirse en decreto para darle más peso jurídico a esa medida protectora; sin embargo incumplió y pisoteó dicho acuerdo pues expidió el Decreto 1628/12 cuyo texto es antagónico a la resolución concertada.
Señora Ministra, sí existe una sustancial diferencia de fondo y forma entre las Resoluciones 1240/10, 3900/11 y el Decreto 1628/12, pues este último está dirigido únicamente a los docentes que se encuentran bajo riesgo extraordinario o extremo”, mientras que las resoluciones estaban dirigidas a los docentes “que se encuentran en situación de amenaza”, como se puede observar, el decreto es restrictivo; además, las acciones inmediatas de protección contenidas en la arbitraria norma generan ambigüedades que han llevado a que comités y administradores de la educación no actúen de manera ágil y oportuna en la protección de los educadores amenazados.
Nuestras afirmaciones no son genéricas, ni temerarias, ya que están fundamentadas en los requerimientos que recibimos tanto de docentes, como de nuestras filiales. Sólo a manera de ejemplo queremos señalar la siguiente casuística: JAIME SIGIFREDO BURBANO CÓRDOBA, docente en el Departamento del Putumayo, LAUDITH MERCEDES TALCO PACHECO, educadora de Valledupar, OSCAR EDISON LÓPEZ COCUY, educador en el Departamento del Meta, todos ellos víctimas de amenazas, registradas y puestas en conocimiento de las autoridades respectivas en vigencia del decreto por Usted defendido, a la fecha no se les ha resuelto su ubicación, llegándose al extremo de suspenderles el derecho al salario.
JOSÉ JAIR VALENCIA, educador del Departamento de Caldas, quien le comunicó en 2 ocasiones al Secretario de Educación las amenazas proferidas en su contra sin que este funcionario le creyera lo que ocasionó que finalmente el docente recibiera 5 impactos de bala en su cuerpo, sólo después del atentado se le reconoció la condición de amenazado. SEGUNDO SALVADOR FORERO, rector a quien no se le atendió la denuncia de amenaza fue asesinado en el Municipio de Anserma; OSMAN FLÓREZ VERGARA, educador de Córdoba a quien se le otorgó el nivel de riesgo extraordinario, le fue retirado el esquema de seguridad sin ninguna explicación circunstancia que permitió el asesinato a mansalva delante de su pequeño hijo el pasado 19 de septiembre.
Tenemos que recordarle a la Ministra que la Sentencia de la Corte Constitucional T-496/08 dijo: “El énfasis principal de la labor protectiva de las autoridades (tratándose de la garantía objeto de análisis) ha sido la de proveer de manera efectiva las condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en sociedad, sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su persona”.
De lo anterior se infiere que la protección no solamente es para el educador que ostente nivel de riesgo extraordinario sino para todos aquellos incursos en amenazas o riesgos ordinarios.
¿Será que la Ministra y el Presidente Santos necesitan más hechos de violencia contra el magisterio para entender y aceptar la situación de vulnerabilidad en que nos encontramos y establecer medidas que definitivamente garanticen el derecho a la vida e integridad física de los docentes colombianos?. ¿Les parecerá poco los casi 4.000 docentes amenazados y desplazados, 975 maestros asesinados en los últimos 18 años, de ellos 27 en el 2010, 22 en el 2011 y 13 en lo que va corrido del año?.
Exigimos que la Ministra, cumpla con la palabra empeñada, derogue de inmediato el Decreto 1628/12 y cumpla lo acordado con FECODE.
LA SALUD Y LA VIDA DE LOS MAESTROS
En teoría los educadores poseemos el mejor régimen de salud del mundo, pero en la realidad la atención es deficiente por no decir pésima; son 2 sus causas:
1º. Desfinanciamiento.
El gobierno con sus 3 delegados en el Consejo Directivo del Fondo desde hace 8 años viene progresivamente desfinanciando el régimen de salud, ha modificado en 3 ocasiones la fórmula matemática para calcular el costo percápita por usuario, según el estudio contratado por FECODE con el Centro de Investigación para el Desarrollo, de la Universidad Nacional, este valor es deficitario en un 18%.
Denunciamos ante la opinión pública la perversa decisión adoptada por el gobierno de desviar recursos de destinación específica para la salud hacia la financiación de la nómina de pensionados.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales recibe 1 billón 580.000 millones de pesos al año para salud y tan sólo destinan 800.000 millones para tal fin, el resto lo utiliza el gobierno para subsidiarse la obligación pensional referida y el engorde del FOSIGA, caja menor de las EPS.
Quitar dineros de salud es una acción criminal contra la vida de los maestros.
2º. Ausencia de vigilancia.
FECODE incluyó en el Pliego Nacional de Peticiones negociado con el gobierno el año pasado la instalación de un Sistema Nacional de Auditorías Médicas que supervise, evalúe, vigile y verifique la atención a los maestros, se llegó a un acuerdo sobre el particular pero su implementación ágil y efectiva se ha visto menguada por el saboteo del gobierno, principalmente por Jaime Abril, Delegado del Ministro de Hacienda, que se ha dado a la tarea de esculcar y quitar recursos del Fondo de Prestaciones Sociales, este funcionario pretende que con sumas ridículas de dinero se contrate una auditoría de cobertura y calidad.
Por lo anterior:
Exigimos del Gobierno Nacional
· La inmediata revisión de la UPCM.
· La asignación de presupuesto adecuado para contratar lo antes posible las auditorías médicas, previa licitación.
· El pago inmediato de las deudas por concepto de factores salariales en la liquidación de pensiones.
· El no descuento de los aportes de previsión social a las mesadas adicionales de Junio y Diciembre.
Exigimos de los Prestadores
· Responsabilidad en asuntos como: Cirugías programadas, citas de medicina general y especializada, entrega oportuna de medicamentos, reembolsos y pago de transporte, el estricto cumplimiento de los estándares de calidad.
· La entrega de los contratos de salud si el percápita que se paga por usuario no alcanza para brindar una buena atención y el gobierno no revisa la UPCM; será entonces el gobierno quien responda por la vida de los maestros.
El magisterio colombiano expresa su profunda indignación con el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, que todo lo privatiza, todo lo entrega a las transnacionales, destruye la educación pública, desconoce y violenta los acuerdos laborales, arruina la salud del magisterio colombiano y propicia el ataque a los derechos humanos y a la vida de los maestros.
Le anunciamos al gobierno que la XIX Asamblea General Federal de FECODE a realizarse en marzo del año entrante aprobará un Pliego Nacional de Peticiones que será respaldado con el Paro Nacional, si no hay solución a la grave situación que vive la educación pública y el magisterio.
COMITÉ EJECUTIVO
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES FECODE
DÍA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
¿CUANTOS MUERTOS MÀS NECESITAN?
Este 10 de Diciembre se conmemora 64 años de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, y es a partir de este hito histórico, para la dignidad humana, que se celebra el DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Los Altos Comisionados de la Organización de Naciones Unidas, llegan al consenso sobre el contenido de esta magna Carta, después de reconocer la sistemática violación de los derechos humanos de que ha venido siendo objeto el ser humano, sobre todo, en la Segunda Guerra Mundial y el colonialismo, etapas en las que los actos de barbarie y ultraje, ocuparon el lugar más elevado en la demencial lucha por la detentación del poder político.
El espíritu de esta carta universal de 30 artículos, es el de poner fin a las atrocidades que vulneran la dignidad humana y porque se entiende que el reconocimiento y garantía de los derechos humanos y la paz son indivisibles y por lo tanto era imprescindible contar con principios universales de validez perdurable; es así que éste instrumento se convierte ipso facto, en un imperativo ético, que posteriormente muchos de los derechos allí proclamados, van adquiriendo obligatoriedad jurídica en virtud de los pactos que suscriben los Estados. Paradójicamente en este mismo lapso histórico, el Estado Colombiano se constituye, ya sea por acción o por omisión, en el principal responsable de la violación sistemática a los derechos humanos de todos los colombianos.
A pesar de la prolífica legislación internacional, de nuestra normatividad nacional, del desarrollo jurisprudencial de la Constitución del 91 hecho por la Corte Constitucional, y del carácter vinculante de los derechos fundamentales declarados en la Carta Política, lo cual implica por parte del Estado brindar la protección inmediata cuando éstos se vean amenazados o hayan sido vulnerados; poco o nada es el accionar del Gobierno, para salirle al paso a la violación de los derechos fundamentales, de que viene siendo objeto el docente colombiano; toda vez que como consecuencia de la dinámica del conflicto armado, político y social han convertido la profesión docente en Colombia, en una de las de más alto riesgo.
Las amenazas, desplazamientos, extorsiones, desapariciones y muerte han sido la permanente en estas últimas décadas y persisten en el actual gobierno; pues así lo indican las frías cifras, que para hablar del periodo establecido por la “Ley de Victimas”, podemos indicar los siguientes subregistros: Al día de hoy, y en lo que va corrido del presente siglo, registramos 446 asesinatos de docentes sindicalizados, así: En el año 2000, 42; en el año 2001, 32; en el año 2002, 83; en el año 2003, 41; en el año 2004, 39; en el año 2005, 40; el año 2006, 33; en el año 2007, 22; en el año 2008, 26; en el año 2009, 27, en el año 2010, 27; en el año 2011, 22; y en lo trascurrido del año 2012, 14; para un total de 969; homicidios en la más absoluta impunidad.
Los amenazados se siguen contando por centenares a tal punto que el presente año, la cifra puede llegar fácilmente a los 500, y para el mismo periodo establecido por la ley 1448 de 2011 se podría hablar de unos 5000, de los cuales por lo menos el 30% han tenido que desplazarse de su habitual sitio de trabajo; las respuestas por parte de los organismos encargados de investigar y condenar, siguen en la más absoluta Negación de justicia; de parte de los administradores de la educación desde el Ministerio, hasta las Secretarías de Educación, la indolencia, arrogancia, autoritarismo y prepotencia son los características con que se trata a los docentes AMENAZADOS y DESPLAZADOS, llegando a los extremos de suspenderles el salario y declararles el abandono del cargo; como medida singular y paradójica para el restablecimiento de sus derechos en vía administrativa. Por lo anterior, preguntamos: ¿Presidente Juan Manuel Santos, cuántos muertos más requiere para poder proteger a los maestros colombianos?
Ante las altas condiciones de vulnerabilidad a que han venido siendo sometidos los docentes por las distintas clases de violencia, y las persistentes exigencias de la Federación, llevaron al gobierno a tener que promulgar el Decreto 1645 de 1992, que daba unas mínimas garantías y trazaba la ruta para viabilizar la protección de los docentes AMENAZADOS Y DESPLAZADOS; hasta llegar a la reciente expedición del Decreto 1628 del 31 de julio de 2012, signado por los Ministros del Interior y de Educación, el cual deroga las normas anteriores, que aunque con muchas talanqueras pretendían regular la protección especial que debe brindarles el Estado a los educadores. Este último acto administrativo expedido por el Gobierno del Presidente SANTOS, es el más regresivo que se haya promulgado en esta materia, en términos de garantías para la pronta, oportuna y efectiva protección de los docentes que sufren el flagelo de la amenaza y el desplazamiento. Señor Presidente Santos, Usted podrá culminar el proceso de negociación con los insurgentes -situación que apoyamos la mayoría de los colombianos- pero si no hay garantía y respeto por los derechos de los educadores y principalmente, el respeto a la vida e integridad física, no habrá paz laboral en nuestro país y el único responsable es su gobierno.
LA FEDERACION COLOMBIANA DE EDUCADORES, considera que 64 años después, sigue a la orden del día, la exigibilidad de los derechos humanos, que den plenas garantías para el ejercicio de LA DOCENCIA Y LA DEMOCRACIA SINDICAL que en cuanto tiene que ver con la parte jurídica, dimana de las obligaciones constitucionales que ha asumido el Estado Colombiano, cuando su órgano legislativo ratifica los convenios internacionales e igualmente del desarrollo del marco constitucional y legal en el orden nacional. Pero más allá, están las diferentes acciones sociales y políticas, por parte de los trabajadores para lograr una incidencia en la construcción de UNA VERDADERA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS por parte del Estado, sobre todo hoy día cuando se ha allanado el camino para diálogos, que permitan iniciar un nuevo proceso de paz entre la FARC y el Gobierno Nacional y está en boga el desarrollo e implementación de la ley de REPARACION A LAS VICTIMAS del conflicto armado colombiano; iniciativas que saludamos, pero que seguramente no llegarán a puerto seguro y estable sino existe un Estado verdaderamente garantista de las los derechos fundamentales.
¡LA ESCUELA, UN TERRITORIO DE PAZ!
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SENEN NIÑO AVENDAÑO LUIS EDUARDO VARELA R
Presidente Secretario General
RAFAEL CUELLO RAMÍREZ
Vicepresidente- Comisión DDHH
Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2012
