Constitución colombiana permitirá penas alternativas y hasta vocería política para poner fin al conflicto armado
Congreso le entrega al gobierno una fórmula para hacer la paz
Prensa Senado
semana.com
La Constitución colombiana permitirá, de forma transitoria y por iniciativa del presidente de la República, que a alzados en armas de FARC y ELN, que no hayan incurrido en delitos de lesa humanidad, se les ofrezca penas alternativas y hasta vocería política para poner fin al conflicto armado.
Después de ocho meses de agitadas discusiones, el Congreso colombiano decidió entregarle al gobierno del presidente Juan Manuel Santos el marco legal, jurídico y constitucional para poder alcanzar la paz por la vía negociada.
Al menos esa es la lectura que la plenaria del Senado le dio a la aprobación del último debate del llamado marco jurídico para la paz, que no es más que una fórmula para que el gobierno colombiano, cualquiera que sea, le pueda ofrecer a los alzados en armas penas alternativas y hasta la suspensión de la acción penal de algunos delitos para que se desmovilicen y se reincorporen a la vida civil.
El autor del proyecto, Roy Barreras (La U), calificó esta reforma constitucional como "la llave de la paz" que está reclamando el presidente Santos. Pero lo cierto es que es sólo una fórmula más para poder culminar con 50 años de conflicto armado interno.
Si el gobierno colombiano decide acoger esta fórmula, le permitirá ofrecerle a los miembros de de las guerrillas mecanismos de justicia transicional para saldar sus deudas con la justicia colombiana.
Esos mecanismos de justicia transicional serán la suspensión de la ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena.
En otras palabras, que algunos delitos cometidos por los alzados en armas no serían castigados con penas máximas sino que tendrían beneficios como penas inferiores, excarcelaciones, y hasta la cesación de la persecución judicial.
La única condición para que los guerrilleros puedan acogerse a estos beneficios es comprometerse no solo a abandonar las armas, sino también con los derechos de sus víctimas. Entre ellos el reconocimiento de la responsabilidad por sus delitos y la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral.
El marco para la paz hizo una salvedad. El Estado deberá investigar y sancionar a los "máximos responsables" de "todos los delitos" que tengan connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
Estos mecanismos de justicia transicional solo podrán ser utilizados al final del conflicto, y establece como condición para que el gobierno suscriba acuerdos de paz con las guerrillas, la liberación de todos los secuestrados y que saquen de sus filas a los menores reclutados parta la guerra.
Para que este marco se pueda aplicar se requiere que el Presidente de la República le envíe al Congreso proyectos de ley en los que se seleccione a las personas que puedan beneficiarse de la justicia transicional, y faculta al Fiscal general para establecer los criterios de priorización de los delitos que serán obligación de investigar y sancionar.
El marco para la paz contó con el respaldo final de 65 senadores. Solo tres votaron en contra.
Para que esta reforma sea promulgada, sólo falta que las plenarias de Senado y Cámara concilien las modificaciones que tuvo el proyecto en su trámite de ocho debates. El próximo martes se cumplirá con este requisito.
