La descuartizada
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La Constitución se nos volvió un papel que se puede reformar en beneficio propio y que puede ser manipulado por nuestra poderosa clase política.
La Constitución del 91 –o lo que quedaba de ella– va camino a morir de la forma más dolorosa: va a ser desmembrada viva por el establecimiento político colombiano a modo de escarnio público, para que el país entienda que ellos pertenecen a una casta superior a la cual no se le puede ni tocar con el pétalo de una rosa, mucho menos capturar o condenar.
Ese es el mensaje que la clase política, sin duda la más poderosa de América Latina, le ha dado al país con la manera contundente como todos los partidos de la Unidad Nacional -La U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, los Verdes, Cambio Radical y el PIN- aprobaron en la plenaria del Senado esta semana la polémica reforma a la Justicia.
El primer efecto de esta reforma, si se aprueba como está saliendo del Senado, es que la parapolítica se acaba. La manera engorrosa como se planteó la doble instancia permite ese camino hacia la impunidad. Comparto con los congresistas que era un derecho de ellos la división entre la etapa de instrucción y la de juzgamiento, como también creo que era una petición más que lógica crear una doble instancia. Pero tal como quedó el andamiaje jurídico el resultado es demoledor porque se creó un procedimiento tan engorroso que va a impedir que la Justicia los pueda investigar, con lo cual la parapolítica se acaba.
No les sirvió a los políticos el que ya se estuviera aplicando desde 2008 la sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba dividir entre la etapa de instrucción y de juzgamiento. Ellos querían más: querían sacarlas de la Sala Penal de la Corte y lo lograron. Hoy esa Sala Penal de la Corte ha sido cercenada en sus funciones y, aunque todavía no la han acabado, anda medio muerta. Sorprende que semejante decapitada no hubiera merecido ni siquiera una reacción airada del presidente de esa Sala, el magistrado Bustos, cuyo silencio es más que elocuente.
El segundo efecto que tiene esta reforma a la Justicia es que frena todas las investigaciones por corrupción que se venían adelantando en la Corte Suprema porque las pone a caminar a un paso lento, que en el pasado siempre nos llevó hacia la impunidad. El desfalco a la salud y el saqueo al DNE, por hablar de los escándalos más sonados, van a ahogarse en ese mar de procedimientos complicados con los que de ahora en adelante se debe investigar, acusar y juzgar. De ahora en adelante, los congresistas que fueron los ponentes de la reforma a la Justicia y que están siendo investigados en este momento por la Corte en el tema del DNE pueden dormir tranquilos porque legislaron en causa propia y sin que nadie les pidiera cuentas. Dichosos ellos que no tienen vergüenza.
El tercer efecto es que la reforma también convierte en milagro las pérdidas de investidura. Ya no son un castigo fulminante como lo eran antes, sino que este control va a ser gradual. Para no hablar de la posibilidad que tienen los congresistas de votar sin declarar los conflictos de intereses.
Pero tal vez la más grave de todas estas gabelas es la ampliación del periodo de los magistrados de ocho a 12 años. Con esta decisión se le da un golpe mortal al sistema de pesos y contrapesos que estableció la Constitución del 91. Si es tan fácil cambiar los periodos de los funcionarios públicos, ¿por qué no de una vez le ampliamos el periodo del presidente Santos y salimos del tema ya? Si Yidis y Sabas hubieran sabido que se podía ampliar así el periodo de los funcionarios, no se habrían puesto en tantos trabajos para conseguir voltear a congresistas para favorecer la reelección del presidente Uribe.
La Constitución se nos volvió un papel que se puede reformar en beneficio propio y que puede ser manipulado por nuestra poderosa clase política, y la Corte Suprema de Justicia terminó haciéndose el haraquiri amangualándose con la clase política. Hace unos años, el entonces comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, dijo que el país no estaba listo para tanta verdad, refiriéndose a las implicaciones que podía tener la Ley de Justicia y Paz. El excomisionado se equivocó. El país sí está listo para la verdad. El que no lo está es ese poderoso establecimiento político, que ni quiere verdad ni quiere justicia. Y para lograr su objetivo, está descuartizando la Constitución del 91. Paz en su tumba.
