Cercanía de nuevo Fiscal con expresidente Uribe lo obligan a declararse impedido en varios casos
Dada la cercanía con el cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez, varios juristas y sectores de opinión se preguntan hasta dónde será independiente y firme en sus decisiones el nuevo fiscal general Eduardo Montealegre Lynett en los diversos casos que tienen que ver en forma directa con varios colaboradores del exmandatario paisa que se encuentran procesados judicialmente o en la cárcel.
La manera como conduzca las acusaciones en los procesos que se siguen contra los exministros de Agricultura Andrés Felipe Arias (actualmente privado de la libertad) y Andrés Fernández Acosta; el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno; la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, prófuga en Panamá; los exministros Sabas Prtelt de la Vega y Diego Palacio; así como el que se adelanta contra el excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, marcarán la pauta de la independencia y firmeza del nuevo fiscal que fue asesor del entonces presidente Uribe.
Además, tiene a su cargo otros procesos penales contra funcionarios de la nefasta era uribista como el tráfico de influencias en la Dirección Nacional de Estupefacientes en el que están involucrados varios congresistas conservadores.
Al mismo tiempo, Montealegre Lynett tendrá que declararse impedido para conocer del proceso de desfalco a la salud, habida cuenta que fue asesor jurídico de la cuestionada EPS Saludcoop, de la que obtuvo honorarios cercanos a los cinco mil millones de pesos, y es amigo personal del exgerente de esta entidad, Carlos Gustavo Palacino, quien enfrenta una investigación penal.
De igual manera, su cercanía con el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar que es abogado del exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, generan varias suspicacias que lo obligarían a declararse impedido en el sonado caso de la denominada “yidispolítica”.
También el hecho de haber sido asesor presidencial en la Casa de Nariño para defender al Estado colombiano ante la Comisión de Derechos Humanos en casos como las masacres de La Rochela y Santo Domingo podría marginar al nuevo fiscal de estas investigaciones.
