La escuela debe ser territorio neutral ante la violencia
Los asesinatos de docentes y el delicado fenómeno de maestras y maestros amenazados se repliega por muchos departamentos del país. FECODE exige a las autoridades competentes respuestas más rápidas y eficaces para detener este flagelo.
Las políticas del gobierno en materia de seguridad no han logrado mantener a la escuela como territorio neutral en el conflicto armado, muestra de ello son las recientes amenazas proferidas por las Bacrim en Cesar y Córdoba, por nombrar sólo dos casos.
En lo corrido del año van 11 maestros asesinados. La más reciente víctima fue el rector de la Institución Educativa Faustino Arias Reinel, del municipio de Tumaco (Nariño). La cifra, que resulta más que preocupante, podría aumentar si se tiene en cuenta la cantidad de amenazas que hoy se ciernen sobre el gremio en distintas regiones del país y que, en muchos casos, las investigaciones de las autoridades correspondientes no han dado con los responsables de los hechos criminales.
Recientemente, en el departamento del Cesar, un grupo que justifica su actuar violento argumentando una supuesta “lucha contra la inmoralidad” amenazó de muerte al alcalde de Valledupar y a un grupo de líderes del magisterio, incluido el presidente de ADUCESAR, Everto Pertuz.
Al respecto el secretario técnico de Derechos Humanos de FECODE, Jorge Ramírez, manifestó su rechazo a esta forma de violencia donde “amenazan en concreto a varios miembros de la junta directiva del sindicato de docentes, o sea, de ADUCESAR. Igualmente, en ese panfleto amenazan a cinco directivos docentes, es decir, cinco rectores del municipio de Valledupar. Estas amenazas son muy imprecisas; se argumenta su actividad sindical, su actividad docente y administrativa, a unos, y a otros se les da plazo perentorio para abandonar la región”.
Quizás donde la situación es realmente grave es en el departamento de Córdoba, donde se les ha segado la vida a cuatro maestros en lo que va de este año. Allí hace una semana 44 educadores del municipio de Tierralta abandonaron sus aulas, sus estudiantes y su tierra por temor a que las amenazas extorsivas que reciben desde hace algunos días se materialicen.
Los maestros y maestras amenazados han manifestado que no retornarán a sus actividades hasta que el proceso de investigación pertinente no sea desarrollando, y que este aporte las causas y responsables de las amenazas colectivas, es decir, ellos se niegan a retomar sus labores académicas hasta cuando su seguridad no esté totalmente garantizada. Mientras tanto, debido a esta situación deben ser cobijados por el Decreto 3900 que ordena su traslado y cuentan con el apoyo del sindicato de educadores de Córdoba (ADEMACOR).
“Ellos venían recibiendo amenazas desde hace varios días a través de sus teléfonos celulares, donde las bandas criminales le dan ultimátum para que depositen en algún sitio determinada suma de dinero, y como ellos no han hecho caso de esta petición, los docentes no soportaron más las amenazas, el acoso y el constreñimiento. El anterior fin de semana los docentes tuvieron que abandonar las instituciones del sector rural y ponerse a disposición de la secretaría de educación. Lo que muestran los hechos de hoy en día es que no todas las bandas se desmovilizaron y que algunos de los que se desmovilizaron nuevamente volvieron a sus andanzas de tipo criminal y han ‘mutado’, por decirlo de alguna manera, de las bandas paramilitares a las llamadas ‘bandas criminales’, como las ha denominado el mismo gobierno para darles otro carácter. Lo que demuestran estas situaciones es la impotencia, la incapacidad del Estado para controlar y diezmar, como debe ser, estas bandas criminales”, continuó Jorge Ramírez.
Aunque entre los 22 acuerdos, resultado de la concertación FECODE-gobierno, se estableció que el traslado por amenazas debe surtirse de forma inmediata, la Federación Colombiana de Educadores exige, primero, que la escuela sea territorio neutral en el conflicto armado para que el derecho a la educación vaya de la mano con el derecho a la vida y, segundo, que el gobierno nacional tome medidas efectivas para evitar que las y los docentes sigan siendo objetivo de la violencia que atemoriza al país.
