LA EDUCACIÓN REQUIERE EFICACIA Y NO MENTIRA NI DEMAGOGIA

Pero en materia de Política Pública Educativa, a la exigencia de FECODE de que la educación pública sea financiada y administrada directamente por el Estado, sin intermediación de operadores privados para evitar la corrupción y el enriquecimiento de particulares, el Ministerio respondió negativamente. Es más, curiosamente afirma que no hay privatización, a pesar que el informe final de la ministra anterior, Cecilia María Vélez White, señala que la contratación del servicio educativo con operadores privados hecha por el gobierno con dineros estatales creció del 2,9% de la matrícula oficial en 2002 al11,5% en 2010 (1.100.300 niños en educación por concesión y convenios, de9.524.756 que constituyen la matrícula total).

La propuesta de FECODE, además de pedir que cese la intermediación privada en el servicio educativo público, insiste en que se ponga fin al actual hacinamiento de alumnos en las aulas escolares, estableciendo topes máximos de 20 estudiantes por curso en Preescolar, 25 en Primaria y 30 en Secundaria; que se aplique y universalice el Preescolar de tres años ordenado por la Ley 115 de 1993 sin desmedro de la atención prioritaria a la primera infancia; que se concerte un nuevo modelo de Evaluación Escolar para propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación; que se recuperen la Educación Especial, la Nocturna y la Técnica, prácticamente desaparecidas del sector oficial; que se restaure el Sistema de Orientación Escolar, también en vía de extinción; que se generalice la gratuidad total desde el Preescolar hasta la Educación Media; que se preserven las Escuelas Normales Superiores como instituciones de Educación Media con ciclo complementario profesional financiadas con recursos del Sistema General de Participación; que se garantice el transporte y el refrigerio a todos los estudiantes del sistema público; que la articulación entre la Educación Media y la Superior se haga con las universidades estatales y no con instituciones de garaje; que se construya nueva infraestructura escolar con especificaciones técnicas y bien dotadas; que se nombren nuevos maestros y trabajadores administrativos.

Como se puede observar, todas estas exigencias apuntan efectivamente al mejoramiento de la calidad, aumento de la cobertura y la permanencia escolar, por la vía de lograr que el Estado asuma totalmente su responsabilidad de garantizar a los ciudadanos el derecho a una educación gratuita, obligatoria y de calidad, que contribuya a sacar al país del atraso y subdesarrollo que lo caracterizan. Si estas exigencias cuestan, como lo afirma el Ministerio de Educación, más de veinte billones de pesos, ese es el tamaño de la deuda social que tiene el gobierno con los colombianos en materia educativa. Si realmente está interesado, como dice, en la calidad y en la prosperidad, presupuestar y garantizar estos recursos no debería ser ningún problema. ¿Por qué apropian para el Sistema General de Participaciones en educación menos de 16 billones, mientras que en gasto militar se van 21,5 billones y en servicio de deuda pública 37,1 billones?.

A pesar de que el gobierno, en las últimas 3 sesiones de negociación se cerró en su negativa a modificar la desastrosa Política Pública Educativa, FECODE permaneció en la Mesa de Concertación para buscar soluciones a otros puntos del Pliego. Cuando se abordó el tema relacionado con el respeto al régimen prestacional de los maestros colombianos, FECODEsolicito el cumplimiento de las leyes y las sentencias judiciales que el gobierno viene desconociendo, así como también se garantice la existencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mediante la cancelación de la enorme deuda que el gobierno tiene con este organismo encargado del Régimen Prestacional Especial de los Docentes, por no haber cumplido con el mandato legal de liquidar y pagar los pasivos prestacionales en un plazo de diez años contados a partir de la expedición de Ley 91 de 1989. El Ministerio de Educación respondió a estas exigencias con interpretaciones jurídicas amañadas que pretenden justificar la violación que hace de las leyes y sentencias judiciales, y eludir su responsabilidad fiscal; esta actitudpone de relieve la falta de veracidaden su afirmación de que este gobierno “ha demostrado una sincera actitud de concertación constructiva, con claridad conceptual y transparencia en los objetivos”, como lo expresa en la publicación de mayo 22 de 2011. Por el contrario, la ausencia de voluntad política y de concertación del gobierno, fue lo que obligó a FECODE a solicitar la suspensión temporal del proceso buscando que los negociadores del ministerio reconsideren su actitud y traigan a la Mesa soluciones efectivas y en derecho a las peticiones del magisterio, frente a lo cual el gobierno propuso reiniciar conversaciones el 27 de Mayo.

A sólo una semana de la finalización del proceso, cuando se encuentran sin definir temas de tanta trascendencia como los reajustes salariales, la financiación del Fondo de Prestaciones, la solución a la grave crisis de la atención en salud a los maestros y sus beneficiarios, la Federación Colombiana de Educadores, a la vez que reafirma su voluntad de volver mañana a la Mesa de Negociación, espera que el gobierno también lo haga -pero con voluntad política de concertación-,está llamando al conjunto del magisterio y a los demás integrantes de la comunidad educativa que hoy se movilizan masivamente a través de Audiencias Públicas en respaldo al Pliego Nacional de Peticiones, a que se preparen para una GRAN TOMA DE BOGOTÁ desde todos los rincones del país el próximo JUEVES 2 DE JUNIO, para exigirle al presidente Juan Manuel Santos Calderón y a su ministra María Fernanda Campo Saavedra que cese la política privatizadora de la educación pública.