Senador Jorge Robledo exige explicaciones al Gobierno
Por: Redacción Política
Mindefensa reconoce que sí hay construcción de instalaciones e infraestructura en unidades militares, pero que ello no implica que soldados estadounidenses puedan realizar operaciones.
Foto: EFE
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, sería citado por el senador Jorge Robledo a un debate de control político.
Cuando en julio de 2009 se revelaron los detalles del acuerdo que en ese entonces estaban a punto de firmar los gobiernos de Colombia y Estados Unidos y que permitían que militares norteamericanos operaran desde siete bases en Colombia —como una estrategia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo—, fue Troya. El entonces presidente Álvaro Uribe lo calificó como “de la mayor conveniencia para el país”; el general Fredy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, tuvo que enviar un mensaje de tranquilidad a los países vecinos, Venezuela y Ecuador, que vieron el hecho como una amenaza, y sectores de la oposición hablaron de “violación de la soberanía”.
Uribe tuvo incluso que dar explicaciones ante la Unasur, en reunión extraordinaria en agosto de 2009. Un año después, la Corte Constitucional dio la última palabra al respecto al declarar inexequible el convenio. Con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, acogida por la mayoría de los integrantes del alto tribunal, se estableció que el documento firmado no correspondía a un acuerdo, sino a un tratado que debió cursar en el Congreso de la República. Los efectos de la decisión fueron de carácter inmediato y se le ordenó al Legislativo tramitar una ley que contemplara un tratado para que, de ser aprobado, pudiera avalarse la utilización de las bases militares nacionales por parte de soldados de EE. UU.
Pero parece que la historia no acabó allí. El senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, en carta enviada al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, solicita explicación sobre por qué el Ejército de Estados Unidos ha firmado 126 contratos por más de US$12 millones para hacer construcciones en bases militares colombianas, algunos de los cuales fueron supuestamente firmados después de la prohibición de la Corte. El congresista tiene como sustento una información publicada por el mismo gobierno estadounidense, en septiembre de 2010, sobre las cifras de su gasto público.
En este sentido, señala que el Ejército norteamericano firmó convenios por casi US$5 millones para construir instalaciones en las bases colombianas de Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga. Asimismo, hay un acuerdo firmado el 30 de septiembre por el Departamento de Defensa con la empresa HCS Group, cuyo objeto es prestar servicios para un “centro de operaciones de una base avanzada del Comando de Operaciones Especiales para el Sur, en Tolemaida”. En criterio de Robledo, la finalidad de estos contratos es la misma que la del tratado que tumbó la Corte.
En respuesta, el Ministerio de Defensa aclaró que, efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha financiado con recursos de cooperación la construcción de instalaciones e infraestructura en las bases colombianas, con el propósito de fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública nacional, lo cual en ningún caso implica que soldados estadounidenses puedan realizar operaciones en dichas instalaciones. “Las Fuerzas Militares de Estados Unidos se encuentran desarrollando labores de asesoría y capacitación a la Fuerza Pública colombiana, en cumplimiento de lo establecido por el acuerdo relativo a una misión de Ejército, una misión naval y una misión aérea de las Fuerzas Militares de Estados Unidos en la República de Colombia de 1974”, se explicó desde el despacho del mindefensa.
Las obras por parte de los militares norteamericanos se desarrollan en la Escuela de Soldados Profesionales en Nilo, Cundinamarca; la Escuela de Helicópteros Conjunta de la Fuerza Pública ubicada en los municipios de Melgar y Flandes; el Batallón de Transportes de la Infantería de Marina en Malagana, Bolívar; y en las bases militares de Larandia, Caquetá y Bahía Málaga, Valle del Cauca. La mayoría de ellas, indicó el Ministerio, están enmarcadas dentro del Plan Colombia.
Sea como sea, interrogantes y respuestas anuncian debate. Para el exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, la construcción de infraestructura por parte de un gobierno extranjero constituye “una clara violación de la soberanía nacional”, máxime cuando se tratan de edificaciones militares: “Recuerde que el Gobierno ya trató de justificar el establecimiento de tropas de Estados Unidos con un acuerdo disfrazado que finalmente tumbó la Corte”.
Beltrán explicó que la única forma de permitir que se lleven a cabo estas obras por parte de gobiernos extranjeros es por medio de un tratado internacional que debe cumplir con todos los requisitos que exige la ley. “Si eso está ocurriendo en realidad, es una flagrante violación de la soberanía y el presidente de la República, como jefe máximo del Ejecutivo, debe salir a responder y dar explicaciones”, concluyó.
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