Privatizar la educación, una de las metas del gobierno anterior, aparece como uno de los principales puntos en la agenda de Santos, lo cual demuestra una vez más, que la tal “prosperidad democrática” no es otra cosa que la política de “la seguridad democrática” y la confianza inversionista con otro nombre. En materia educativa, se plasma con la reforma a la ley 30, cuyo objeto es disminuir el presupuesto de las universidades públicas y acabar con su autonomía, en desmedro de la calidad educativa. Ya los actos legislativos del 2001 y 2007 habían recortado drásticamente las transferencias territoriales.

A esto se agregan medidas como la concesión a entes privados que operan en estructuras públicas, los bancos de oferente y los megacolegios administrados bajo la lógica procaz del lucro, que se concreta con el subsidio a las instituciones privadas. Lo anterior posibilita además la sustracción de estudiantes a las instituciones públicas, cuya consecuencia inmediata es el traslado automático de docentes, el achicamiento de colegios y las campañas de desprestigio a profesores. En la práctica, el gobierno aprueba normas que propician el facilismo y la mediocridad, como los decretos 230 y 1290, y realiza pruebas nacionales cuyas respuestas son ambivalentes y por tanto subjetivas. Con la educación pública, en resumen, Juan Manuel Santos está haciendo lo mismo que hicieron los anteriores gobiernos con el Seguro Social y con Telecom después de haberlos ahogado presupuestalmente.

A lo anterior no es ajeno el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, al cual la administración Uribe Vélez le disminuyó el presupuesto, que pasó de $630.000 millones a $551.000, algo que pudo ser peor a no ser por las luchas de los trabadores y estudiantes, reprimidas por la fuerza pública. Y actual el gobierno, por medio del documento Conpes No. 81 de 2004, obliga a nuestra institución a entregar el 70% de su oferta educativa a la competencia y a financiarla en similar proporción, lo que virtualmente la paralizará y la pondrá en liquidación.

El gobierno de Santos, además de aprobar políticas como la del primer empleo, que acaban con la parafiscalidad que sostiene al SENA, le da un zarpazo a la autonomía y a la existencia misma del SENA con los decretos de “reestructuración” 248, 249 y 250/2004. La ofensiva empezó reduciendo la planta de personal en 1.116 cargos, despidiendo a 574 trabajadores y golpeando fuertemente la estructura orgánica de la institución. Lo peor es la autorización hecha por el exdirector del SENA antes de irse, con la expedición de la resoluciones 03176 del 22 de octubre y del 4 de noviembre de 2010, pues le abre las puertas a la privatización. La primera autoriza inéditamente el cobro de servicios. En su artículo segundo, literal i), dispone que los “cursos de extensión” en la entidad, “serán financiados por los ciudadanos con capacidad de pago, en los términos del numeral 15 del artículo 27 del Decreto 249/2004”, forma disimulada de introducir la privatización, por cuanto esta norma será ampliada posteriormente a todos los estudiantes, engañándolos tal vez con ofrecimiento de créditos a través del Icetex. La segunda modifica la Resolución 03048, al determinar que los ciudadanos a quienes va dirigida la ley son aquellos “ciudadanos con capacidad de pago vinculados a empresas como ejecutivos o directivos”. Con estas medidas no solo se está cumpliendo el objetivo de la privatización, sino que se pone en tela de juicio la calidad de la educación del SENA, el desmonte del contrato de aprendizaje y el bienestar de estudiantes y trabajadores.

Por todo esto, la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, hace un llamado a todos los estudiantes y trabajadores de nuestra institución a organizarse y a luchar por la reivindicación del presupuesto del SENA, los derechos de los estudiantes y trabadores, contra la ley del primer empleo y, en general, por la defensa del SENA como institución pública.

Organización Colombiana de Estudiantes, Sincelejo, 24 febrero de 2011.