"EXTRANJERIZAN" LA TIERRA EN COLOMBIA DENUNCIA EL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Los congresistas del Polo Democrático Alternativo (PDA) Wilson Arias y Hernando Hernández en un bien documentado debate en la Cámara de Representantes alertaron al país de que China y Brasil serían los principales compradores de tierra en Colombia, a través de empresas transnacionales.
Denunciaron, igualmente, varias irregularidades en la adquisición. Habrían recibido incluso recursos de Agro Ingreso Seguro. También señalaron que los países del Golfo, India y Japón, entre otros, aspiran a quedarse con grandes extensiones de América Latina. La crisis financiera, la falta de agua y de tierras, son entre otros, los alicientes de este fenómeno.
Por ello, plantearon como tarea urgente, reformar la Constitución para, de una parte, prohibir la venta de tierra colombiana a países y compañías extranjeras y, de otro lado, garantizar la producción y consumo de alimentos para los colombianos. Es el modo de evitar el hambre y la dependencia de nuestra nación, sostuvieron los congresistas Hernández y Arias, en un concienzudo debate realizado en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
Los parlamentarios PDA denunciaron que, ante la falta de tierra y aguas en sus propios territorios, un grupo de naciones con grandes recursos económicos está acaparando la mayor cantidad de tierra que pueda.
“Algunos países amenazados por tales compras se defienden, pero en el caso colombiano, los funcionarios de gobierno los colman de dispensas, incluso, de Agro Ingreso Seguro”, denunció el representante Wilson Arias.
Escogen para comprar hasta a países que padecen hambre (como Camboya y Sudán), pero cuyos gobiernos son indolentes ante las penurias de sus pueblos y la pérdida de soberanía. Los “jugadores” de estos nuevos negocios son gobiernos, pero de preferencia lo hacen a través de sus Empresas Transnacionales (ETN) y del sector financiero, ávido de una rentabilidad que propicia la crisis alimentaria. Todo bajo las pautas del Banco Mundial que reclama la "dinamizaciòn" del mercado internacional de tierras y la adecuación institucional, territorial y de infraestuctura, en la vía del TLC.
“Hace días el Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) explicó que China quería comprar 400.000 hectáreas en las que desde la semilla y su siembra, los insumos, equipos, maquinaria y mano de obra sería chinos, y el destino del grano (arroz) allí producido sería también china. Es el típico enclave, en el marco del colonialismo agrario”.
Agregaron los cogresistas del Polo que un caso singular lo representa Brasil en América Latina. Como otros varios gobiernos de la región, el de Brasil ha concebido una reforma constitucional que prohíba la compra masiva de tierra por otras naciones y empresas extranjeras. Pero sus propias compañías privadas han salido a acaparar tierra en los países hermanos. “Tal es el caso del grupo empresarial Mónica Semillas, que se ha valido de la anuencia de funcionarios colombianos que le han permitido violar la legislación, −como adquirir grandes extensiones mediante “fraccionamiento” para violar la limitación legal al tamaño de la compra (la Unidad Agrícola Familiar - UAF)−, y en algunas zonas además, valerse del fomento y estímulos supuestamente reservados para los pequeños productores nacionales”.
“En la Orinoquía se vienen haciendo adecuaciones de suelos, grandes inversiones, obras de infraestructura, distritos de riego, carreteras y hasta entregando subsidios no reembolsables de Agro Ingreso Seguro no sólo a los grandes empresarios colombianos sino, para mayor vergüenza, con destino a compañías extranjeras como Mónica Semillas. Si es ya de por sí insoportable que todo se dirija a los grandes empresarios mientras los pequeños productores y campesinos colombianos se arruinan todos los días, más lo es que los beneficios concebidos en nombre de éstos, se le entreguen a compañías extranjeras que vienen a acaparar nuestros suelos”, precisaron los congresistas Arias y Hernández.
El proyecto de la Orinoquía, como en general el de la gran plantación con destino a la agroexportación, replica el “modelo Carimagua”, es decir, concentra aún más la propiedad de la tierra en los grandes propietarios; les dispone enormes inversiones públicas; ignora las necesidades alimentarias de la población y expulsa al campesinado o lo somete a un mercado “monopsónico” (único comprador), donde el gran hacendado le impone las condiciones, le impone una “asociación” desventajosa que le atrapa en un circuito de crédito, entorno, distribución y comercialización condicionados, a veces únicos y objeto de grandes presiones incluso violentas, cuando no lo somete como peón de la hacienda, bajo sistemas de precarización laboral tipo Cooperativas de Trabajo Asociado.
Los Representantes Arias y Hernández, demandaron del gobierno la defensa de la soberanía, del concepto de Nación y de la integridad territorial; pidieron a los organismos de control investigar las graves denuncias señaladas y explicaron que el Polo Democrático Alternativo prepara un Acto Legislativo que limite la venta de tierras a compañías y gobiernos extranjeros.
Gobierno de Santos impulsa la gran propiedad
Por su parte, para el congresista Jorge Enrique Robledo, vocero del PDA en el Senado de la República, quien también participó en el debate citado por Arias y Hernández en la Comisión Quinta de la Cámara, dejar el agro en manos de extranjeros “es sinónimo de monopolio y gran propiedad”, porque las trasnacionales no llegan al país a confinarse en minifundios.
Este fenómeno, dijo, guarda también estrecha relación con la soberanía nacional. “Como lo prueba una experiencia secular, quien sea dueño de la tierra cobra un inmenso poder político. Es el riesgo para la soberanía lo que ha hecho que el debate esté cobrando proyección mundial, al punto que países como Brasil y Uruguay ya han aprobado leyes que limitan la entrega de predios rurales a extranjeros. No menos serio es el riesgo para la seguridad alimentaria del país, al igual que monopolicen los distintos recursos necesarios para la producción”.
Al insistir en que la política agraria de Santos es la de la del impulso a la gran propiedad, según lo muestran los artículos 63 y 69 de su programa de gobierno, el vocero de la bancada del PDA en el Senado anunció que su partido estudia presentar un proyecto de reforma constitucional que prohíba entregarles las tierras rurales del país a los extranjeros.
Robledo pidió un debate nacional sobre estos temas y concluyó denunciando que el artículo 18 del proyecto de ley de víctimas, sobre sostenibilidad fiscal, puede convertir en burla cualquier medida que decrete el Congreso. Por ello, pidió retirarlo del articulado.
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