La corrupción, Petro y el Polo
Juan Pablo Fernández M., Bogotá, Bogotá, octubre 29 de 2010
Quien comete actos delictivos debe comparecer ante la ley. Esto no amerita mayor discusión. Pero esa persona, como lo establece la Constitución, tiene derecho a un debido proceso y se la presume inocente “mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. En su contra se deben “presentar pruebas”, que el acusado puede controvertir y, como cualquier habitante de Colombia, tiene “derecho al buen nombre” (Constitución Política, Art. 29 y Art. 15)
En los debates sobre ilegalidades se deben hacer esfuerzos por explicar las cosas en forma precisa, sin caer en el mal uso de los términos y evitar manipulaciones. En el caso de lo de la Alcaldía de Bogotá, quienes blanden el dedo acusador se han dado a la tarea de denominar el asunto de la contratación pública distrital como carrusel o cartel. Palabras que debido a su mal empleo transmiten ideas incorrectas. Según la Real Academia Española carrusel significa “espectáculo en que varios jinetes ejecutan vistosas evoluciones” o “recreo de feria que consiste en varios asientos colocados en un círculo giratorio.” Cartel tiene once acepciones, una, relacionada con actuaciones empresariales y no con las de funcionarios, podría caber en este asunto: “Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial.” Son conductas que un juez o la Superintendencia de Sociedades deben comprobar.
Hace unos meses Gustavo Petro anunció la creación de una comisión de seguimiento a cuestiones relacionadas con la Alcaldía bogotana. En entrevista dada a Semana (sep.25.10) señaló que en Bogotá, “lo que hay es acuerdos entre personas, ligadas a la administración, que les cobran a los contratistas para que se puedan quedar con los contratos. Esos acuerdos son propios de una mafia”. No mostró pruebas, pero si dio una conclusión lapidaria. Veinticuatro días después, el 19 de octubre, en rueda de prensa citada por él, un concejal y un senador, todos del Polo, entregó a la prensa un informe y una presentación en Power point. El informe afirma −de nuevo sin pruebas− que en lo revisado anida “una oportunidad para la corrupción”. Al respecto el editorial de El Tiempo (oct.24.10) dijo que el reporte “recopila sistemáticamente indicios y datos, pero no revela ninguna ‘prueba reina’.”
Semana (oct.24.10) señaló que Petro “más que aportar pruebas reales lo que hizo fue recopilar y ensamblar muy bien todo lo que estaba en forma dispersa sobre la mesa. En esta había muchos indicios, especulaciones y coincidencias que daban para sospechas y suspicacias. Sin embargo, no había ninguna evidencia contundente (…) Como la mayoría de las denuncias de Petro siempre han contenido carne de verdad, se pensó que en este caso sería lo mismo. No fue así.” Unos días antes la revista (oct.21.10) informó que quienes esperan pruebas “contra el alcalde Samuel Moreno y su hermano, el senador Iván Moreno, sobre la presunta corrupción en la contratación de Bogotá, deberán esperar a que la justicia ordinaria verifique esta hipótesis.” Lo de Petro, según Semana, son hipótesis, nada más.
En W Radio (oct.26.10) María Isabel Rueda afirmó que en las acusaciones del excandidato presidencial, “en ese largo documento que yo leí con cuidado, no hay una sola acusación contra Samuel Moreno, ¡ni una!” Ante lo que Julio Sánchez Cristo comentó: “A Samuel Moreno lo están acusando de qué. Y pensaba en todo lo que ha pasado en la última semana. Es que no ha pasado nada, es que estamos ante un lío eminentemente político”. Y concluye que se “sugiere sin ninguna prueba, en el caso de Samuel Moreno, hechos de corrupción”.
La confesión de boca, como dicen los curas, la dio Carlos Vicente de Roux, integrante de la comisión escogida por Petro: “Nosotros en ese informe no tenemos plena prueba de que una persona que mencionamos mucho, como el Alcalde, haya robado o haya recibido comisiones” (El Espectador, oct.22.10) Pero Gustavo Petro un mes antes de presentar un informe del que no se coligen actos de corrupción, ya hablaba de mafia, palabra que en dos de sus cuatro acepciones significa “organización criminal de origen siciliano” o “cualquier organización clandestina de criminales”.
Se dice que cinco grupos controlan el 65 por ciento de la contratación del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, a lo que se llama cartel y de lo que se concluye es “objetivamente una oportunidad para la corrupción”. Pero este resulta ser un análisis forzado con el que se da una voltereta que puede desnucar. Quien lea los principios de la Ley 80 de 1993 encontrará que estas disposiciones, de obligatorio cumplimiento, son la base jurídica para que los que tienen mayor poder económico sean quienes ganen las licitaciones públicas. Además, en Colombia una sola compañía, Bavaria SabMiller, controla el 100 por ciento del mercado de la cerveza; el Grupo Planeta y Julio Mario Santodomingo son dueños de los periódicos de mayor circulación nacional; cuatro grupos poseen el 75 por ciento de los activos bancarios; cuatro multinacionales dominan el 85 por ciento de la distribución mayorista de los combustibles; tres empresas extranjeras (Carrefur, Makro y Éxito) mandan en la distribución minorista de bienes de consumo; y dos grupos, Prisa y Ardila Lulle, poseen las emisoras de mayor audiencia en el país. ¿Esto, por sí solo, indica corrupción? Creo que no. Sí demuestra, más bien, que una de las características del capitalismo en su etapa actual es su tendencia a la concentración de los medios de producción, y, al mismo tiempo, explica en parte por qué Colombia es el quinto país más desigual de la tierra. Y hasta ahí.
Entre los críticos al gobierno distrital existen quienes se sienten inconformes con los problemas de la ciudad y hacen, con pleno derecho, reparos y exigencias. Pero también están los que compiten por llegar al Palacio Liévano. En el análisis, además, se debe incluir que al Polo Democrático Alternativo se le han endilgado falsas conductas. Desde el DAS, según la Fiscalía, se montó una “empresa criminal” para sindicar al Polo y a sus dirigentes de ser guerrilleros y para hacerle creer a la población que el alcalde de Bogotá es corrupto. Gustavo Petro sale, sin pruebas, a acusar de ilicitudes a dirigentes del único partido en oposición y que él, a las malas, quiere arrimar al santismo. Vaya coincidencia con las tácticas del uribo-santismo. Lo de la corrupción distrital, en uso de un estilo goebbeliano, se ha repetido tanto, que se convirtió en verdad. Acusación de la que, como se sabe, es bien difícil desprenderse. La Inquisición envió a miles a la hoguera con un argumento efectista: la brujería. El mecanismo sirvió para someter a muchos a los designios de la Iglesia en esas calendas. Vieja táctica, nuevas formas.
