Ex funcionario del DAS asegura que chuzadas buscaban desacreditar a Corte Suprema
Durante una audiencia pública, celebrada en Bogotá, el ex funcionario del DAS, Jorge Lagos, admitió su responsabilidad en las chuzadas y pidió perdón a las víctimas. Asimismo, señaló que el objetivo del espionaje era desacreditar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El ex funcionario del DAS, Jorge Lagos, admitió que el fin de las chuzadas era desprestigiar la CSJ. (Foto:Archivo)
TeleSUR _
Durante la audiencia celebrada este viernes, que definirá la sentencia del ex Subdirector de Contrainteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Lagos, éste reveló que la finalidad de las chuzadas (espionaje) era desacreditar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
"Debo decir que el objeto de esas investigaciones era desacreditar a esa Corte", declaró Lagos en la sesión pública en Bogotá (capital).
El antiguo funcionario de la inteligencia estatal es uno de los ex altos cargos detenidos y procesados por escuchas y seguimientos ilegales a magistrados y figuras de la política colombiana (entre otros). El escándalo se desató tras varias denuncias periodísticas publicadas a comienzos de 2009.
En tanto, la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría General también investigan, por este caso, a varios altos funcionarios de la sede del Ejecutivo, debido a que los hechos se presentaron durante los dos Gobiernos consecutivos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010).
"No existió razón legal ni motivo de inteligencia alguna para que, contra la Corte Suprema de Justicia, se adelantaran las investigaciones y seguimientos que se llevaron a cabo", admitió Lagos después de asumir su culpa por los cargos que le fueron imputados por la Fiscalía.
La Fiscalía procesó a Lagos por "delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones agravada a título de dolo".
El ex funcionario del DAS reconoció su responsabilidad por los cargos al llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que incluye una petición de perdón a las víctimas de las chuzadas y seguimientos ilegales, que alcanzaron a personas como la senadora Piedad Córdoba y el ex candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo (PDA) Gustavo Petro, antiguo congresista.
También, en el grupo de afectados, se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos, incluidos extranjeros, como la Nobel de Paz de 2003, la iraní Shirin Ebadi, y el director para América de la Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco.
"Quiero dar mis más sinceras disculpas a Piedad Córdoba, a Gustavo Petro y a los magistrados de la corte afectados", expresó Lagos.
El acuerdo preliminar de Lagos con la Fiscalía establece, además, una pena de ocho años de cárcel. Sin embargo, el pacto se encuentra en proceso de que sea aprobado por el juez de la causa.
Por su parte, la Procuraduría pidió, este viernes, la anulación del convenio entre Lagos y la Fiscalía. A juicio del Procurador delegado Miguel Carvajal, la determinación no tuvo en cuenta los perjuicios causados a las víctimas de las chuzadas.
La Procuraduría manifestó que la rebaja de la pena contemplada en dicho pacto (ocho años) no se ajusta al principio de legalidad, debido a que los delitos no fueron individualizados, es decir, no menciona en qué consiste la pena de cada uno por separado.
El DAS, es un organismo que depende de la Presidencia de la República y se enfrenta a un proceso investigativo por parte de la Procuraduría debido a las diferentes denuncias de magistrados, periodistas y senadores opositores al gobierno de Uribe, quienes aseguran haber sido víctimas de interceptaciones telefónicas ilegales o espionaje, en Colombia. Además, se cuenta el escándalo de nexos de antiguos altos cargos con grupos paramilitares.
"Debo decir que el objeto de esas investigaciones era desacreditar a esa Corte", declaró Lagos en la sesión pública en Bogotá (capital).
El antiguo funcionario de la inteligencia estatal es uno de los ex altos cargos detenidos y procesados por escuchas y seguimientos ilegales a magistrados y figuras de la política colombiana (entre otros). El escándalo se desató tras varias denuncias periodísticas publicadas a comienzos de 2009.
En tanto, la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría General también investigan, por este caso, a varios altos funcionarios de la sede del Ejecutivo, debido a que los hechos se presentaron durante los dos Gobiernos consecutivos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010).
"No existió razón legal ni motivo de inteligencia alguna para que, contra la Corte Suprema de Justicia, se adelantaran las investigaciones y seguimientos que se llevaron a cabo", admitió Lagos después de asumir su culpa por los cargos que le fueron imputados por la Fiscalía.
La Fiscalía procesó a Lagos por "delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones agravada a título de dolo".
El ex funcionario del DAS reconoció su responsabilidad por los cargos al llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que incluye una petición de perdón a las víctimas de las chuzadas y seguimientos ilegales, que alcanzaron a personas como la senadora Piedad Córdoba y el ex candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo (PDA) Gustavo Petro, antiguo congresista.
También, en el grupo de afectados, se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos, incluidos extranjeros, como la Nobel de Paz de 2003, la iraní Shirin Ebadi, y el director para América de la Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco.
"Quiero dar mis más sinceras disculpas a Piedad Córdoba, a Gustavo Petro y a los magistrados de la corte afectados", expresó Lagos.
El acuerdo preliminar de Lagos con la Fiscalía establece, además, una pena de ocho años de cárcel. Sin embargo, el pacto se encuentra en proceso de que sea aprobado por el juez de la causa.
Por su parte, la Procuraduría pidió, este viernes, la anulación del convenio entre Lagos y la Fiscalía. A juicio del Procurador delegado Miguel Carvajal, la determinación no tuvo en cuenta los perjuicios causados a las víctimas de las chuzadas.
La Procuraduría manifestó que la rebaja de la pena contemplada en dicho pacto (ocho años) no se ajusta al principio de legalidad, debido a que los delitos no fueron individualizados, es decir, no menciona en qué consiste la pena de cada uno por separado.
El DAS, es un organismo que depende de la Presidencia de la República y se enfrenta a un proceso investigativo por parte de la Procuraduría debido a las diferentes denuncias de magistrados, periodistas y senadores opositores al gobierno de Uribe, quienes aseguran haber sido víctimas de interceptaciones telefónicas ilegales o espionaje, en Colombia. Además, se cuenta el escándalo de nexos de antiguos altos cargos con grupos paramilitares.
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