Balance del gobierno de Álvaro Uribe Vélez
En los últimos 10 años la economía colombiana mostró un comportamiento económico poco estable. Entre 2005-2007 tuvo un crecimiento promedio de 6.7%, muy alto, que luego, por efecto de la crisis mundial, cayó drásti9camente: 2.5% y 0.4% en los años 2008 y 2009. Pero ni siquiera en el período de alto crecimiento se generó el empleo que era de esperarse. Desde 2003 éste creció en promedio 3.5 puntos por debajo del crecimiento del PIB.
Y hoy, al término del mandato del presidente Uribe, más de 2.5 millones de colombianos en edad productiva están desempleados (más del 12%), situación que afecta principalmente a los jóvenes sin experiencia, a las mujeres y a la población con bajos niveles de educación; el empleo informal está disparado a una tasa récord (58%). Y por si fuera poco hay 20 millones de pobres y 8 millones de indigentes, y el índice de desigualdad lo tenemos en 0.59, lo que ubica a Colombia como el segundo país más inequitativo de América Latina. Sobre estas cifras y el modelo económico que las posibilita, opinan la ex senadora Cecilia López M.; por las centrales sindicales Tarcisio Mora Godoy, presidente de la CUT; Julio Roberto Gómez Esguerra, Secretario General de la CGT;
- Cecilia López Montaño (Senadora)
Colombia tiene un modelo económico que estimula las desigualdades, ensancha la población pobre porque estrangula la clase media, que es la base de la democracia. Por eso es un modelo que debilita la democracia. No es de ahora, empezó a perfilarse cuando dejamos el modelo de industrialización y abrimos la economía. Lo que hizo el Gobierno Uribe fue acentuar las dificultades inherentes a este modelo. Qué tenemos hoy: una estructura productiva estancada, con pequeñas modernizaciones pero no muchas; un sector servicios en la informalidad y no en la modernidad; una clase media estrangulada, unos pobres recibiendo limosna y unos empresarios supermillonarios. Uribe hizo una combinación perversa: dejó que la economía creciera solamente en sectores que no generan empleo, abarató el capital mediante subsidios y exenciones tributarias por muchos billones de pesos, y flexibilizó más el mercado laboral, especialmente con el impulso a las cooperativas de trabajo asociado, lo que se tradujo en incremento de la informalidad.
Un pilar del modelo económico de Uribe fue la llamada Confianza Inversionista, o sea la premisa de que son los empresarios, nacionales y extranjeros, los motores del desarrollo, y en consecuencia hay que darles todas las facilidades para que aumenten su productividad, generen empleo y ese empleo genera cohesión social. Y en efecto, los empresarios tienen un capital más barato y aumentaron su tecnología, pero no generaron trabajo decente.
Veamos lo que pasó en la industria, donde los empresarios tienen dos alternativas para incrementar su productividad: contratar más mano de obra, o aumentar la tecnología. Pero como el Gobierno les dio estímulos y descuentos tributarios altos, y además tuvieron un período largo de revaluación, les fue fácil importar maquinaria nueva y algo de transformación productiva generaron. ¿Cuánta? No sé, pero algo hubo. En el agro el Gobierno sí la embarró. Allí también aplicó la Confianza Inversionista, pero no hubo transformación productiva. A los palmicultores y los azucareros los se les subsidió para que siguieran haciendo lo mismo, porque para producir diesel y etanol no tuvieron que hacer mayores transformaciones. Se quedaron con la plata y los grandes desarrollos que prometieron todavía no se ven. Total, en el campo no se generó empleo ni se produce nada distinto a lo que se producía hace 8 años.
La inversión extranjera tuvo todas las prebendas, y el grueso de esa inversión fue al sector minero. Hoy nuestra economía la sostiene el petróleo y la minería, porque priorizamos los recursos naturales y nos volvimos exportadores de bienes primarios, modelo que tiende a polarizar la sociedad porque fortalece un sector muy rico que, como el minero, no transfiere tecnología, no distribuye riquezas ni genera empleo.
El complemento de la Confianza Inversionista es la creencia de que el solo comercio exterior es factor de desarrollo, y olvida que la demanda agregada es muy importante. La ve como una competencia del comercio, y resulta que es complementaria. Todos los países que desarrollan un sector exportador grande empiezan por surtir el mercado interno, porque si la camisa queda mal hecha la gente se la aguanta, hasta que la mejora y la puede exportar. Este gobierno se comprometió a firmar más de 50 acuerdo comerciales con otros países y no se ha dado cuenta de que el 80% de la economía del país es demanda interna, depende de lo que compren los colombianos. Pero si no se genera un empleo decente con ingresos altos, y además abruma la informalidad, pues la demanda interna no mueve.
Por otro lado, para que los acuerdos comerciales funcionen el país deber tener una buena oferta exportable. Hoy tenemos la misma oferta que hace 30 años, no hay innovación. Seguimos exportando café, petróleo, banano, oro y una cantidad de cosas chiquitas. Pero los 11 productos importantes son los mismos, y los llevamos a los mismos países. Y adicionalmente, el país no ha podido consolidar una infraestructura competitiva, y eso eleva los costos de operación; ni sabe negociar los TLC. Su idea es negociarlos rápido y aprobarlos cuanto antes. Pero así no se negocia.
Cuando se elige competir en el comercio exterior la mano de obra tiende a verse no como un motor sino como un impedimento del crecimiento. Entonces hay que bajarle el precio, al estilo China. Y eso estrangula un país como éste, porque al menos China tiene una política social que Colombia no tiene. De eso se dio cuenta el presidente Uribe, sabía que ese modelo iba a alborotar el tema social, entonces apeló a una política social asistencialista. A los pobres les dijo: yo no les doy empleo, pero les doy subsidios, como Familias en Acción y los otros programas que aglutinan unas 12 millones de personas. Es el llamado Estado Comunitario, que termina en populismo por la manera como el presidente lo aplica, además con unos fines políticos claros.
Otra debilidad de Uribe es que no tuvo equipo. En un país tan complejo como éste, el presidente no puede pretender resolver todos los problemas él solo. Colombia siempre ha tenido equipos económicos muy fuertes. El peor en muchos años lo tuvo Uribe. Ha sido un gobierno de la microgerencia mezclada con populismo. Lo otro fue que irrespetó algo que era sagrado: las cifras. Este gobierno se especializó en manipular las estadísticas, cambió las metodologías. Por ejemplo, para que el gasto en la guerra no fuera el 6% del PIB, cambió la base de medición y eso lo rebajó casi a la mitad.
Al presidente Uribe hay que reconocerle cosas positivas. Primero: le devolvió el valor a la presidencia, que venía muy desprestigiada. Segundo: su gran capacidad de trabajo, porque veníamos de un gobierno como el de Pastrana que tenía la fama de ser muy Light. Aunque creo que Uribe es como el ratón: que entre más trabaja más daño hace. No tiene el tiempo ni la rigurosidad para sentarse a reflexionar, no oye.
- Tarcisio Mora G. (Presidente CUT)
El modelo que aplicó el presidente Uribe estuvo dirigido a privatizar empresas públicas, a fortalecer a los ricos y las multinacionales mediante subsidios, y abandonó las políticas sociales.
El resultado: más de 20 millones de pobres y una informalidad laboral altísima, porque hubo más interés en flexibilizar que en crear empleo formal, que no hace parte del actual modelo económico. Es un modelo al que le estorban el contrato laboral a término indefinido y las garantías sindicales, por lo que acentuó la política de exterminio sindical: levantamiento de fueros, persecución y el fomento de la tercerización laboral. Cada vez los trabajadores con contrato indefinido son más pocos, y una gran masa está sometida a contratos basura y sin posibilidades de organizarse sindicalmente.
En este gobierno las cooperativas de trabajo asociado fueron un instrumento eficaz para abaratar mano de obra, evitar la organización sindical y explotar inhumanamente a los trabajadores. Las CTA se encuentran en crisis y la gente no quiere saber nada de ellas, son un fracaso, una ilusión que los empresarios y el gobierno nos vendieron como una solución a los problemas de empleo. El caso del paro de los corteros de caña es emblemático. Mostraron que lo suyo era una situación de explotación en grado inhumano y lograron recibir de la sociedad y del mundo un gran respaldo.
La salud y la seguridad social:
Una década sumida en crisis, emergencias y movilización
—Opinión de líderes sindicales y expertos en el tema—
En Colombia, sólo el 44% de los ocupados está afiliado al régimen contributivo de salud, el 35% lo está a un fondo de pensiones y el 37% a una aseguradora de riesgos profesionales, datos que hablan por sí solos del sombrío panorama de la seguridad social en nuestro país.
Sobre lo que estos últimos 8 años significaron para los colombianos en materia de derecho a la salud, seguridad social y educación para el trabajo, opinan en este segundo informe de la serie sobre el balance del gobierno de Álvaro Uribe, Orlando Restrepo Pulgarín, presidente de la Confederación Pensionados de Colombia (CPC), los presidentes de las tres centrales sindicales: Tarcisio Mora G, de la CUT; Julio Roberto Gómez E., de la CGT; y Miguel Morantes A., de la CTC.
Asimismo intervienen la senadora Cecilia López Montaño, y los economistas Hugo López C., director del Banco de la República Seccional Antioquia, y Ricardo Bonilla, profesor de la Universidad Nacional.
Tema: salud y seguridad social
Orando Restrepo P. (Presidente de CPC)
Lo primero que hay que decir es que Álvaro Uribe Vélez, cuando fue senador de la República, fue ponente de la ley 100 de 1993, que se robó la salud y las pensiones del pueblo colombiano, e intervino en la Ley 50 de 1990, que se robó la estabilidad laboral. Durante su primer mandato como presidente impulsó la Ley 797 de 2003 y el acto legislativo 01 de 2005, que han representado un duro golpe para los pensionados presentes y futuros.
La Confederación Pensionados de Colombia, a la que están afiliados 500 mil pensionados, pero representa al millón y medio de pensionados del país, queremos buscar medios para la derogación de esas normas legislativas, porque nos afectan la pensión y la prima media; suprime la mesada 14 para las futuras generaciones; saca el tema pensional de las convenciones colectivas desde el 31 de julio de 2010; y suprime los regímenes especiales. Los de las fuerzas militares y del Presidente fueron los únicos que se conservaron.
Agencia de Información Laboral
En este gobierno se liquidó a Cajanal y a Caprecom; se liquido el ISS, cuando el propio Uribe en los 100 puntos democráticos que fijó en su programa dijo que nunca iba a privatizar el ISS. Fue lo primero que hizo, y creó la nueva EPS, cuyo servicio es de lo más malo que hay.
Por todo eso las pensiones se han convertido en una incertidumbre para los colombianos, se ha creado la sensación que es un derecho incierto. Las futuras generaciones no se van a poder pensionar. Y muy seguramente también nos va a afectar en el aspecto de la salud, porque cuando uno habla de pensiones también tiene que hablar de salud. Ambos derechos van concatenados.
Sobre los decretos de emergencia social en salud que el gobierno sacó a principios de este año, debo decir que son decretos de la muerte. Lesionan la autonomía médica y el derecho de la atención, pues si yo no tengo plata me dejan morir, como se lo dijimos al propio presidente Uribe en un almuerzo que tuvimos en la Casa de Nariño.
A nosotros como organización sindical de los pensionados se nos está excluyendo de todas partes. Hace dos años nos excluyeron del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, como también sacaron a la CUT. Nos dejaron como simples asesores. Y desde el año pasado le presentamos al gobierno un pliego petitorio de 24 puntos, que no tiene nada del otro mundo.
En ese pliego pedimos que se nos respeten los derechos adquiridos, e incluye temas que tienen que ver con la salud, las pensiones, el estatuto del pensionado y las garantías y restablecimiento de los derechos. Todo eso fundamentado en la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios de la OIT, la Organización Mundial de la salud. Pero no hemos obtenido respuesta alguna. Estamos con un comité jurídico como hacer para un referendo, con firmas recogidas entre la gente, o por la vía legislativa, para tumbar las actos legislativos que se aprobaron durante este gobierno, que son nefastos para los pensionados.
Tarcisio Mora G. (Presidente CUT)
Al gobierno como que le fastidia que los trabajadores lleguen a tener una pensión. Todas las normas que se promovieron para reformar el sistema pensional, fueron para fortalecer el sistema financiero.
Primero se eliminó el sistema solidario pensional y se incentivaron los fondos privados de cesantías y pensiones. Se aplicó el principio de que las pérdidas se socialicen y las ganancias se privaticen. Segundo: se aumentó la edad de jubilación. Comenzó en 55 años, ya estamos en 62 años y vamos para 65. Es decir, la gente en la práctica no tendrá derecho a la pensión, o la disfruta un tiempo corto antes de morir. Además eliminaron la sustitución pensional, o sea que el derecho que tiene la compañera del pensionado. Pero además de eso, se puso una fecha límite: el 31 de julio de 2010, para que los sindicatos en sus convenciones no puedan pedir ninguna otra contraprestación. El que no se pensionó a esta fecha entra en otras condiciones.
Julio Roberto Gómez E. (Secretario General CGT)
Los pensionados siguen siendo las cenicientas en Colombia. La tendencia desde 1990 ha sido la disminución de cobertura del sistema pensional y el aumento de requisitos para acceder a una pensión de jubilación: más edad y más horas cotizadas, en medio de un fenómeno de precariedad laboral sin precedentes. Definitivamente las leyes se han
venido haciendo para desmontar los derechos de los trabajadores, antes que para favorecerlos, en este caso de los pensionados. Las normas que en esta materia se aprobaron durante el Gobierno Uribe: la Ley 797 de 2003 y el acto legislativo 01 de 2005, continuaron y ahondaron esa tendencia.
Miguel Morantes (Presidente CTC)
Durante este Gobierno, con la Ley 797 le metieron el primer mordisco al sistema pensional; y con el acto legislativo 01 de 2005 le pegaron otro mordisco: eliminó la mesada 14, y además determinó que las pensiones que estaban pactadas en convenciones colectivas desaparecieran el 31 de julio de este año. Empezaron a hablar de una bomba pensional y se vinieron con ese acto legislativo que damnificó a mucha gente.
Cecilia López M. (Ex senadora)
Hoy tenemos 28 millones de personas en Sisbén 1 y 2, y entre ellos unos 10 millones de infiltrados, que no están en la línea de pobreza. Pero eso el gobierno no ha querido reconocerlo. Es más, lo presenta como un gran logro, cuando es precisamente la causa de la crisis del sistema de salud.
Es loable que se haya querido universalizar la salud, pero se debió sumar y restar y darse cuenta de que el modelo de financiación del sistema, así como está, no funciona. Aquí hay que poner a todo el mundo a pagar la salud, a los ricos subirles impuestos de por lo menos 5 puntos del PIB y que los 28 millones de pobres también aporten algo, así sea un peso. Los pobres se nos volvieron mendigos, no hay sentido de previsión en ellos, viven en el día a día.
Ricardo Bonilla G. (Académico)
Las cifras que hoy presenta el Gobierno nos indican que hay 7 millones de trabajadoras y trabajadores afiliados al régimen de salud, y más de 10 millones afilados al régimen de pensiones. Pero poco más de la mitad es afiliado activo, es decir, que ha cotizado en los últimos 6 meses. El resto son personas que están afiliadas y de vez en cuando cotizan, y por eso nadie les asegura que van a cumplir el tiempo y el ahorro programado para poderse pensionar. Por eso apenas el 20% de los colombianos se va a pensionar. Al resto hay que buscarle otra alternativa.
En el sistema de cesantías sólo hay 4.5 millones de colombianos. Los demás carecen de cesantías porque el tipo de contrato de trabajo que tienen no les alcanza para gozar de ellas.
Tema: Educación para el trabajo
Ricardo Bonilla G. (Académico)
Es claro que hay que fortalecer la educación media, técnica, tecnológica y superior. El Sena es uno de esos pilares, lo otro es la educación superior. El país está ampliando la cobertura en educación básica media, y eso ha hecho que cada vez haya más bachilleres, que no tienen destrezas ni
habilidades y tienen que formarse y especializarse en alguna parte. Como la educación superior no tiene suficiente cobertura, el mecanismo intermedio ha sido el Sena.
Pero el Sena de hoy es distinto al de hace 10 años. Antes los cursos eran largos, realmente carreras técnicas, en donde había una relación directa entre el Sena, las empresas y los estudiantes, y había un proceso de prácticas. Si bien se han mantenido algunos cursos largos, hoy lo que allí se ha impuesto son cursos cortos, y eso no construye la formación de una persona. En ese contexto se habla de 4 millones de personas capacitadas, pero cada una de ellas pudo haber tomado más de un curso porque son de dos o tres mes.
Cecilia López M. (Ex senadora)
Estoy muy preocupada con el SENA. Es una institución valiosa pero hay que hacerle una revisión. Como ha sido una institución relativamente eficiente, los gobiernos se han encargado de tirársela, colgándole toda clase de arandelas. Es imposible que en un gobierno tan populista como el de Uribe no haya resultado contaminada de ese populismo. Me preocupa eso de acortar los cursos para tener un mayor número de beneficiarios. Además gente que ha estado dentro del Sena me dice que los cursos no dependen de la demanda sino de la cantidad de profesores que haya. Yo me pregunto: ¿será que están capacitando gente para la informalidad?, para sacar egresados solo por sacarlos.
Por otra parte, me parece inconveniente un sistema de capacitación para el trabajo aislado de la industria, ni que esté únicamente a cargo de una institución pública. Yo creo que el empresariado tendría que estar metido en la capacitación, inclusive con instituciones privadas. Parte de esa plata que se le da al SENA se pudiera repartir a instituciones educativas que compitan según la demanda. Yo creo que hay que ponerle a la industria la obligación de formar y reciclar su gente. Yo lo vi cuando era embajadora en Holanda: una empresa cambia su tecnología, pero en vez de botar los trabajadores la empresa invierte y, con apoyo del Estado, los capacita. Aquí no ha habido ese gran pacto entre empresarios y trabajadores.
Tarcisio Mora G. (Presidente CUT)
El Sena es una buena institución educativa que de una u otra manera sirve a los más pobres. Tiene muy buenos recursos. El problema es la calidad de educación que imparte: mucha masa pero poca calidad. Este gobierno masificó el Sena para mostrar cantidad de estudiantes, pero no conservó la calidad. Eso ha generado un grave problema y ha convertido al Sena en un frente politiquero.
Por otra parte los trabajadores del Sena tienen mucho problema, no son escuchados, no se les respeta el derecho de asociación, se aplica la tercerización con contratos de servicios. Los trabajadores han peleado porque los cursos que la institución dicta sean realmente de calidad y exista una vinculación con el sector productivo.
Miguel Morantes A. (Presidente CTC)
El Sena se jacta de tener millones de graduados, pero cuando uno va a ver la calidad es ninguna, son personas que pasaron por cursos de horas. Eso no ayuda. Yo soy exalumno del Sena, y puedo decir que antes un mecánico que se formaba allí sabía de mecánica, resolvía problemas de cualquier vehículo porque tenía los fundamentos. En cambio en los cursos que dicta hoy el Sena no hay formación, lo que hay es información acerca de cómo manejar determinado aparato. Y eso pasa con la electrónica y otras disciplinas.
Y en materia de educación superior la situación es más complicada, es para la élite. Ya cualquiera no puede pensar en llegar a la universidad, está muy limitado, en eso no avanzó este Gobierno.
Julio Roberto Gómez E. (Secretario General CGT)
El Sena se ha masificado, no hay la menor duda. Pero yo ni satanizo la posición del doctor Montoya, su director, en torno a lo que él defiende como su obra; ni satanizo lo que dice el sindicato del Sena: que esa masificación ha ido en detrimento de la
calidad. Valdría la pena hacer una evaluación, que no se ha hecho.
En educación superior seguimos mal. No hay dinero para la investigación y la planificación. Los esfuerzos son marginales. No ha habido un plan estratégico en educación y modelo de desarrollo por parte de ningún gobierno. El próximo gobierno debería de convocar una cumbre extraordinaria de concertación: centrales obreras, medios de comunicación, universidades, a ver si entre todos somos capaces de construir un país distinto en materia educativa, un verdadero pacto social.
Hugo López C. (Analista)
Yo creo que en este periodo el Sena ha hecho una labor buena. El año pasado se lanzó con ese plan anticíclico de 250 mil cupos que no lo ha cumplido del todo. Le está llegando mucha plata, más de 2 billones, entonces pudo aumentar los programas técnicos y tecnológicos.
Le recomendamos al gobierno que adscribiera el Sena al Ministerio de Educación para que vayan en línea, y que el Sena se meta al bachillerato con ciclos propedéuticos que le den salida a los bachilleres con una formación inicial, para luego en un año más de estudio terminan una carrera técnica. Lo de los parafiscales es otra discusión.
8 años de estigmatización y exclusión política del sindicalismo en la democracia colombiana
—Opinión de líderes sindicales y expertos en el tema—
¿Qué pasó con el diálogo social y las libertas sindicales en estos últimos 8 años? Es la pregunta que en este tercer informe de la serie periodística sobre el balance del Gobierno Uribe responden algunos expertos académicos y la dirigencia del sindicalismo colombiano.
Responden Carlos Santana Rodríguez, director de la ONG Viva la Ciudadanía; Claudia López, columnista y analista política; la ex senadora Cecilia López Montaño, y los presidentes de las tres centrales sindicales: Tarcisio Mora Godoy de la CUT; Migul Morantes Alfonso, presidente de la CTC; y Julio Roberto Gómez Esguerra, Director Ejecutivo de la CGT.
Pedro Santana R. (Director ONG Viva la Ciudadanía)
Durante el gobierno Uribe se perdieron los avances que el país había logrado en materia de reconocimiento a la diversidad, espacios de concertación, diálogo y política pública social. Fue muy baja su capacidad para adaptarse a un sistema democrático en el cual el asociacionismo sindical, campesino e indígena sea visto como algo positivo para la democracia. Por el contrario, en estos 8 años el discurso dominante frente a los movimientos sociales fue el de deslegitimarlos, estigmatizarlos, reprimirlos, criminalizarlos y tratar de minimizarlos. En este sentido el Gobierno utilizó tres estrategias.
La primera fue la desinstitucionalización y deslegitimación de los espacios de concertación de políticas públicas y diálogo social que la Constitución del 91 había abierto, que son muy importantes para una democracia pero que este gobierno desvertebró completamente. El hecho de que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales haya tenido más reuniones, no quiere decir que se haya legitimado más ese espacio. Por el contrario, se desvalorizó, se minimizó y no se utilizó; terminó convertido en un ritual. Lo mismo ocurrió con el Consejo Nacional de Planeación, otro espacio constitucional relacionado con las políticas públicas del Plan de Desarrollo, que sufrió
muchas trabas. Desde el punto de vista de la planeación el gobierno Uribe representa un retroceso grandísimo. Y ocurrió también con la Federación Colombiana de Municipios, con la Mesa Nacional de Población Desplazada, y con el Consejo Nacional de Comunidades Negras. En todos estos espacios ocurrió lo mismo: cooptación por parte del Gobierno y presencia de éste en la elección de sus integrantes.
La segunda estrategia fue la de dividir para reinar. Todos los anteriores gobiernos, desde Belisario Betancur, mantuvieron como línea de comportamiento no inmiscuirse en los asuntos internos de las organizaciones sociales, ni propiciar su división, que antaño fue una práctica usual. Recuérdese que en 1946 la central sindical UTC fue impulsada por Ospina Pérez como un apéndice del gobierno y de la iglesia, y eso dividió al sindicalismo.
El Gobierno Uribe en cambio sí se inmiscuyó en las organizaciones sociales. En el caso de las comunidades indígenas impulsó la creación de la Opic, que es una organización paralela a la Consejo Regional Indígena del Cauca. Afortunadamente el daño allí no ha sido fuerte debido a la resistencia de las comunidades indígenas a dejarse dividir. Y en el caso de las organizaciones sindicales Uribe volvió a las viejas prácticas del Frente Nacional y de la oligarquía, que desde el gobierno siempre propugnaron por la división de los trabajadores. La metió todo tratando de crear una central sindical uribista, algo que no habían hecho los gobiernos anteriores, que tuvieron consideración con los sindicatos, e incluso tuvieron ministros de origen sindical: Carrillo, Obregón, Angelino Garzón.
Y la tercera estrategia contra los movimientos y organizaciones sociales fue la estigmatización, el amedrentamiento y la criminalización de la protesta, algo que se puede englobar en el concepto de guerra sucia. Pero eso finalmente le acarreó costos políticos muy grandes al Gobierno. El primero es la no aprobación del TLC por el Congreso de E.U. En eso fue importante el papel de los organismos de derechos humanos y de la Escuela Nacional Sindical, que pasaron de la denuncia genérica de la violencia antisindical a la sistematización de la misma, con casos concretos, víctimas concretas. La ENS armó la base estadística y demostró que el 95% de los asesinatos de sindicalistas permanecían en la impunidad. En décadas anteriores hubo más asesinatos de sindicalistas, y siempre se denunciaban los hechos, pero no se tenían números exactos, ni las identidades de los asesinados, ni datos sobre los niveles de impunidad. Esas revelaciones modificaron de manera sustancial el debate político y la presión de la comunidad internacional. Con esos datos los congresistas norteamericanos tomaron la causa de los derechos humanos como muy importante, y eso tiene el TLC estancado. También la presión internacional llevó a la creación de un grupo especial dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, y a que se haya avanzado en la solución de 132 casos emblemáticos de sindicalistas asesinados.
Y al mismo tiempo ascendió el debate público sobre la el papel de las organizaciones sociales en la democracia, sobre las posibilidades reales del ejercicio del sindicalismo en el país, y la inexistencia de justicia en el caso de los asesinatos de sindicalista y líderes indígenas y sociales. Porque los indígenas también tomaron la decisión de contabilizar y documentar sus muertos, son un poco más de 1.300. Eso a mi juicio es una ganancia en medio de sea tragedia.
Finalmente, hay un elemento positivo digno de resaltar, y fue que el sindicalismo se asomó al ejercicio de la política, una puerta que abrió la Constitución de 1991. En estos últimos años aumentó la tendencia de participación de líderes sindicales en las campañas electorales, sobre todo del Polo Democrático, que logró catapultar a un conjunto de dirigentes en los concejos municipales, las asambleas departamentales, el Congreso de la República, lo cual es positivo
porque permite que algunos temas de los trabajadores entren en las agendas de los partidos políticos y del Congreso. Es un fenómeno interesante.
Julio Roberto Gómez E. (Secretario General CGT)
Desde el paro cívico nacional de 1977 el sindicalismo colombiano viene siendo objeto de una brutal persecución. En esa época teníamos tasas de sindicalización por encima del 20%, y a partir de allí los distintos gobiernos se caracterizaron por cometer toda clase de tropelías en contra de los trabajadores. Es una de las causas de la caída vertiginosa de las tasas de sindicalización en el país.
Álvaro Uribe le dio continuidad a esa política, con la liquidación de sindicatos enteros como Telecom, Adpostal, Caja Nacional de Previsión, Inravisión. Y tampoco ofreció garantías para el desarrollo del sindicalismo. Primero recordemos que, junto con el presidente César Gaviria, Uribe Vélez propició el montaje legislativo de la Ley 50 de 1990 y la Ley 100 de 1993, que fue toda una política orquestada y dirigida a reducir a su mínima expresión al movimiento sindical; leyes que recogieron la agenda del Consenso de Washington, que pregona la flexibilización laboral, las privatizaciones de las empresas de servicios públicos y los programas de ajuste estructural, lo que trajo consigo el desmonte de los derechos laborales y la disminución de la inversión social.
De entrada Uribe anunció lo que iba a ser su gobierno en materia laboral y de seguridad social: fusionó los ministerios de Salud y de Trabajo. Y hoy, luego de 8 años, ni hay salud ni hay trabajo. La creación de ese ministerio fue un intento absurdo, porque es no reconocer el carácter fundamental que tienen la seguridad social y el empleo. Hubo un compromiso de que si esa fusión no funcionaba retornaría a la modalidad de los dos ministerios separados. Pero este gobierno no reconoce el fracaso, y el próximo gobierno necesariamente tendrá que entrar a corregir. Necesitamos un Ministerio del Trabajo, especializado y dedicado de manera exclusiva a todo lo que tenga que ver con inspecciones del trabajo, con el cumplimento de las recomendaciones de la OIT, con formulación de políticas de empleo y seguridad social. Y necesitamos un Ministerio de Salud, especializado en la salud de 45 millones de colombianos y colombianas. Algunos preguntarán: para qué reabrir dos ministerios que antes tampoco servían. El caso no es ese, el problema es ponerlos en los roles que tienen que cumplir. Los inspectores de trabajo deben ser funcionarios que, de oficio, vayan a visitar las fábricas, revisar las nóminas y verificar en qué situación se encuentran los trabajadores. Hoy tenemos en Colombia apenas 250 inspectores, y para que la actividad de control sea efectiva se necesitarían no menos de 2.000 inspectores, además profesionales, no tinterillos.
En el tema de la interlocución tripartita con el Estado, yo creo que se avanzó. En eso no podemos tapar el sol con las manos. Uribe es el presidente que más se ha reunido con el movimiento sindical. Con él tuvimos reuniones cada dos o tres meses, que duraban 4 o 5 horas y en las que se abordaron diversidad de temas. Porque anteriormente era sólo el ritual de diciembre para hablar del aumento del salario mínimo. En ese sentido tengo una autocrítica como sindicalista: creo que el movimiento sindical no supo aprovechar ese espacio. No es la política del avestruz lo que nos va a sacar adelante, sino la política de enfrentar las situaciones.
En la relación del sindicalismo con el Estado, un tema aparte es el funesto papel que jugó el DAS. Hoy venimos a saber que este organismo estuvo comprometido en suministrar listas de personas del movimiento sindical para que las asesinaran. Eso es demoledor, y en este tema el Gobierno tiene que darle una explicación satisfactoria a la sociedad colombiana y castigar a los responsables. No creo ni me atrevo a pensar que eso haya sido por orden del presidente Uribe, pero de todas maneras sí tiene la responsabilidad de presionar para que rápidamente se investigue el caso. Es una institución que, sea quien sea el próximo presidente, debe revaluarse a fondo, porque ha caído en un desprestigio peligroso en perspectiva de futuro. Ahora, en lo que a mí respecta, defiendo a los funcionarios del DAS que conozco y que asignaron a mi seguridad. Sé que se la jugaron conmigo y nunca filtraron información.
Sobre el caso de la CNT, la nueva central sindical que se trató de montar durante este gobierno, tengo que decir que soy respetuoso de la libertad sindical, y como miembro de la OIT debo no sólo respetar sino defender el derecho de asociación. Pero las circunstancias en que la CNT se creó, la deslegitimaron. Es una confederación fantasmagórica, no resiste un análisis jurídico. La ley establece unos parámetros que esta confederación no llenó, y por eso no le auguro larga vida.
Un logro de concertación en estos últimos años fue la Ley de Huelgas, que considero un avance importante. Desde hace 25 años veníamos luchándola en el marco de los convenios con la OIT, para que en el ejerció del derecho de huelga el gobierno no siguiera siendo juez y parte. Logramos que la salvaguardia de este derecho la asuman los jueces. El problema es que ya no hay con quién hacer huelga, este recurso se volvió algo exótico, porque los sindicalistas son minoritarios y cada vez hay menos organizaciones. Esta ley en la década de los años 70 y 80 hubiera sido una maravilla.
Como también fue un avance la inscripción automática de juntas directivas de los sindicatos. La Corte Constitucional falló a nuestro favor en ese tema. Pero eso no fue gratuito, también se debió a presiones internacionales y del movimiento sindical. Otro tema es que la facilidad para crear sindicatos está llevando al libertinaje sindical, a la “clonación” de sindicatos. En una institución donde antes prevalecía un sindicato de base y uno o dos de industria, hoy podemos encontrar más de diez. Esa clonación ha aumentado la tasa de creación de sindicatos, pero debilita al movimiento sindical, porque la cantidad no es garantía de nada. Se registró la creación de 500 nuevas organizaciones sindicales, pero de esas unas pocas son realmente nuevas, el resto son las mismas organizaciones subdivididas. Podemos aceptar que sea un recurso de los trabajadores para obtener fuero y evitar el despido, pero en qué quedemos una vez pasa el peligro: en que la clonación se convierte en una perversión que no conduce a nada bueno. Es un debate interno que el sindicalismo tiene que dar.
En cuanto a la convención colectiva de trabajo, principal instrumento de concertación entre empresarios y trabajadores, no hubo avances. Obedeciendo a la agenda de la banca multilateral de crédito, que es la que dicta las políticas en estos países, las leyes son cada vez más restrictivas de los derechos de negociación colectiva. En este gobierno se impulsó una ley de regulación de la negociación colectiva en el sector público, que en sí misma es buena pero su reglamentación no ha sido feliz, se quedó corta. Seguimos en un limbo jurídico en el derecho de asociación para el sector público.
Tarcisio Mora G. (Presidente CUT)
En la Conferencia de la OIT en Ginebra, en 1998, las centrales sindicales logramos que Colombia fuera incluida en la lista negra por incumplimiento de los derechos de los trabajadores. Y a raíz de eso el Gobierno le entregó un dulce al movimiento sindical con el famoso Acuerdo Tripartito, que luego el Gobierno Uribe desconoció completamente, no respetó ese convenio de la OIT. Por el contrario, acentuó la estigmatización y el marginamiento del movimiento sindical, de varias formas.
La primera: no teniéndolo en cuenta como sector válido en el juego de las decisiones democráticas. Fuimos desconocidos en la mesa de concertación, donde se supone que están todos los actores de la política laboral, económica y social del país. O sea que el tripartismo no funcionó. Si bien es cierto que la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunió más veces que en otros gobiernos, los resultados fueron nulos. No sacamos nada con reunirnos mucho. Y nosotros como CUT asistimos todas las veces para que el gobierno no tuviera disculpas y nos acusara de inasistencia a un órgano al que estamos obligados porque fue aprobado por la Constitución del 91 y reglamentado por una ley. Hubo otros escenarios como los famosos almuerzos de palacio, que se hicieron tradicionales en este gobierno, donde solamente fuimos a notificarnos de la política que fue decidida sin la participación nuestra, y todo para mostrarle al mundo que son políticas consensuadas con el movimiento sindical.
Por ejemplo la Ley 790, que fusionó los ministerios de trabajo y salud, no fue consensuada con todos los trabajadores, a pesar de las repercusiones negativas que tuvo esa decisión. La no existencia del Ministerio de Trabajo
fue una clara estrategia para que el sector privado cogiera más fuerza en el manejo de las relaciones laborales.
Esa actitud del Gobierno redundó en un mayor debilitamiento del movimiento sindical. El presidente Uribe insiste en que el sindicalismo creció durante su gobierno, y que se respetan los derechos de los trabajadores, y para ello ha presentado cifras amañadas. Nosotros decimos que no, que lo que ha habido es una disminución en el número de sindicatos y de afiliados. Porque, ¿de dónde va aumentar el sindicalismo si lo que ha crecido son las cooperativas de trabajo asociado, los contratos de prestación de servicios y la informalidad, que son formas de contratación que prohíben el derecho de asociación? Además los empresarios tampoco permiten la creación de sindicatos.
Tampoco este gobierno tuvo voluntad política para avanzar en la aprobación del Estatuto del Trabajo en el Congreso de la República. Este Estatuto es un mandato de la Constitución, por lo que hace 8 años reunimos las firmas y las entregamos al Congreso, pero ahí se hundió. Y es urgente aprobarlo, porque, por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo que rige hoy las relaciones laborales en Colombia, no contempla normas sobre cooperativas de trabajo asociado, que pululan hoy en el país.
El tema del DAS es un capítulo aparte. Fue la alianza de un aparato del Estado con grupos al margen de la ley: paramilitares y el narcotráfico, a los que el DAS le pasaba listas de sindicalistas para que los asesinaran. Eso se viene a saber cuando los paramilitares lo denunciaron, pero nosotros en la CUT ya lo habíamos dicho hace como 5 años, y resultó ser cierto.
Miguel Morantes A. (Presidente CTC)
Históricamente ha habido una estigmatización histórica contra el sindicalismo, que ha causado mucho daño y que se acentuó durante el gobierno Uribe, que en ese campo actuó de manera directa, sin tapujos.
La estigmatización se da en dos vías. Una, afirmando que el sindicalismo y las guerrillas son socios, lo cual es injusto y no tiene asidero en la realidad, como lo hemos demostrado hasta la saciedad. Por el contrario, hemos sido víctimas de la guerrilla en algunos casos. Y dos, señalando que el sindicalismo acaba con las empresas, que está hecho para no permitir que las empresas prosperen. Eso genera pánico y refuerza la actitud de los empleadores, que utilizan ese argumento en sus circulares internas, y le hacen prometer al trabajador que ingresa que no se afiliará alguna organización sindical, sopena de ser despedido. Y cuando en la empresa hay sindicato, el fin es debilitarlo, mantenerlo minoritario.
El tripartismo en este gobierno fue apenas formal. Se dice que se expandió el tripartismo porque hubo más reuniones de las partes en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instrumento surgido de la Constitución de 1991 y reglamentado por la Ley 1268 de 1996. Pero fueron reuniones que no condujeron absolutamente a nada, porque no hubo acuerdos, la agenda no se cumple, y menos cuando el presidente Uribe participaba en la reunión.
Las leyes fundamentales que en materia laboral se aprobaron en este período, no pasaron por la comisión tripartita. Y los debates de esas leyes en el Congreso siempre los ganó la oposición, pero el gobierno impuso las mayorías y la votación siempre fue a su favor. Alguna participación tuvimos las organizaciones sindicales en algunas leyes, como la Ley 1147 de 2007, que implementó la justicia laboral oral; y la Ley 1210, de 2008, que pasó a manos de los tribunales superiores la calificación de la huelga.
Un capítulo terrible fue lo del DAS, porque ahí se pasó de la estigmatización a la vigilancia y al acoso a los dirigentes, y en algunos casos a crímenes, como el caso de Andreis en la Costa Atlántica. Un dirigente sindical hablaba con personas en algún lugar, y por eso ya pensaban que éstos eran subversivos, y sin cerciorarse le ponían eso en sus antecedentes. Hubo listas negras de sindicalistas. Recuerdo que en el 2005, cuando por publicaciones de la prensa nos enteramos de que el DAS producía estas listas, nosotros protestamos, rompimos relaciones con el gobierno, y dijimos que el director del DAS tenía que renunciar. Pero en vez de abrir una investigación del caso, lo que el Gobierno hizo fue nombrarlo de cónsul en Milán, Italia.
Cecilia López Montaño (Ex senadora)
Colombia para salir de la crisis en que se encuentra necesita un gran pacto social entre los diferentes estamentos y fuerzas sociales. El modelo hay que cambiarlo. Seamos realistas: ya pasaron 20 años de la apertura económica y qué tenemos hoy: una estructura productiva estancada, con pequeñas modernizaciones pero no muchas; el sector servicios entró a la informalidad y no a la modernidad; una clase media estrangulada, unos pobres recibiendo limosna, y unos empresarios supermillonarios. Frente a eso hay que tomar
unas decisiones que son colectivas, y eso se hace a través de pactos.
Y debemos empezar por hacer los pactos naturales, como el de los empleadores con los trabajadores y las organizaciones sindicales, que han estado totalmente marginadas del modelo político, económico y social que impera en Colombia, situación que se ha acentuado en el Gobierno Uribe.
Ese sería uno de los pactos mínimos para llegar al gran pacto social, pues los empleadores y los trabajadores son los dos actores claves de la producción. Pero ambos sentados a la mesa en igualdad de condiciones, donde el gobierno no apoye sólo a los empresarios sino que equilibre y defienda también los intereses de los trabajadores. No se puede buscarle el norte a este país si no se involucra a los trabajadores, a los campesinos, a los informales y a las organizaciones sindicales, que hoy están reducidas a su mínimo.
Aquí todos somos culpables del modelo que tenemos, y en ese sentido los trabajadores y los sindicatos también tienen su culpa. El sindicalismo tiene cambiar, modernizar su discurso, abrirse a las nuevas formas de producción y trabajo. A los sindicalistas les pasa lo que a algunas mujeres feministas: que tienen un mismo discurso siempre, y como la gente ya sabe lo que van a decir, pues no los escuchan. Por ejemplo, el tema gordo del empleo en una economía global es la flexi-seguridad, que es lo que han hecho los países nórdicos. ¿Qué es eso? Que el trabajo sea flexible y la seguridad social no vaya atada al trabajo. O sea que si usted cambia de puesto de trabajo no pierde ni su pensión, ni su casa, ni sus auxilios, ni nada. Porque si no se flexibiliza la mano de obra hay problemas. Es lo que tiene reventada hoy a Grecia y a España.
Claudia López (Analista política)
Desde el primero hasta el último día de su gobierno, el presidente Uribe va a tener ese estilo pugnaz y polarizador que lo ha caracterizado. Su estrategia con todos los sectores sociales, sin excepción: los afrodescendientes, los indígenas, los sindicalistas, los líderes sociales, va a ser la misma: divide y reinarás.
El presidente ha tratado de poner a sus fichas en la CUT y ha intentado crear organizaciones sindicales paralelas. Yo creo que ningún otro presidente se había metido tan de frente a interferir y dividir las organizaciones sociales para ganar un sector a su favor.
