Corte Constitucional tumbó la Emergencia Social
Definitivamente, la Corte Constitucional tumbó la Emergencia Social, al declarar inexequible el decreto mediante el cual el presidente Alvaro Uribe adoptó la medida para superar la grave crisis financiera del sector salud.
Tal como se había anticipado, 7 magistrados del alto tribunal votaron a favor del hundimiento del llamado decreto madre de la emergencia, el 4975 de diciembre de 2009, mientras 2 lo hicieron en contra.
Fueron ellos, Jorge Pretelt y Mauricio González Cuervo, este ultimo presidente de la corporación.
La decisión de la Corte Constitucional provoca un efecto dominó en los 24 decretos dictados al amparo de la emergencia, incluidos los que incrementaron los impuestos a los licores, cigarrillos y juegos de azar.
Todos quedan sin efecto, es decir, pierden vigencia.
El gobierno nacional, entre tanto, anunció un plan B, para superar el revés, que incluye la presentación al congreso de la república los proyectos de ley que le den vida legal a esas mismas medidas de la emergencia social.
Con la emergencia y los decretos reglamentarios se busco en primera instancia generar nuevos recursos por un billón de pesos, a través de impuestos a cerveza, licores, cigarrillos y juegos, para pagar servicios de salud que están por encima del Plan Obligatorio de Salud (POS).
Igualmente dar nuevas facultades a los departamentos para que aumentaran los ingresos para la salud, como, por ejemplo, la facultad de operar juegos novedosos.
Evitar la quiebra de los departamentos con la creación de un Fondo para pagar servicios que estén por encima del POS.
Elevar el plan de beneficios del Régimen Subsidiado para ponerlo al mismo nivel del Régimen Contributivo.
Establecer que los colombianos afiliados al Régimen Subsidiado fueran atendidos no solo en el municipio de origen sino en todo el territorio nacional.
Otras de las medidas tenían los siguientes objetivos:
Adoptar el mecanismo de Giro Directo de los recursos desde la Tesorería de la Nación y el Fosyga, sin trámites y sin intermediarios, al último beneficiario del sistema.
Disminuir los costos financieros y aumentará el ahorro, evitando las fugas de recursos ocasionada por la demora en los pagos.
Establecer nuevos estándares y guías para los médicos y odontólogos, que ya no provendrían de las EPS, sino de las sociedades científicas de los mismos médicos y odontólogos.
Las EPS eran sometidas a una reglamentación rigurosa, que incluye cárcel para el funcionario de una EPS que, dolosamente, ponga en riesgo la vida de un ciudadano.
Permitir que el Gobierno pudiera intervenir cuando se presentaran abusos en los precios de los medicamentos.
Darle la facultad a la Superintendencia Nacional de Salud de intervenir EPS que violaran normas o incumplieran sus obligaciones.
Adoptar nuevas medidas para combatir la evasión de impuestos de la salud a través, por ejemplo, de la operación de juegos ilegales.
Evitar trámites innecesarios en el cobro del seguro de accidentes de tránsito autorizando, por ejemplo, que los hospitales cobren recursos directamente a las aseguradoras.
Generar nuevos recursos para la prevención del consumo de drogas y la rehabilitación de drogadictos.
Establecer el anticipo de recursos para darle liquidez al sistema de salud.
Autorizar un proceso ágil y transparente de conciliación para resolver pleitos entre actores del sistema.
Exigir que el POS fuera actualizado permanentemente al reconocer que las enfermedades evolucionan y también la ciencia médica.
Dar mayores posibilidades a médicos y odontólogos de mejorar su remuneración
