Reversazo del Gobierno en la emergencia social
Foto: Juan Carlos SierraDiego Palacio, ministro de la Protección Social
Esta plausible decisión no elimina del todo la posibilidad de que los colombianos paguen con sus ahorros las llamadas prestaciones excepcionales en salud, y tampoco elimina un posible manejo político de los dineros de la salud.
Viernes 12 Febrero 2010
El presidente Álvaro Uribe dijo este viernes que le pedirá al congreso “bajo su responsabilidad” que derogue la parte del decreto 128 donde se habla de la posibilidad de que las personas de estratos 5 y 6 usen sus cesantías para pagar tratamientos que no están incluidos en el POS.
En ese mismo sentido, el Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, explicó que “es una decisión del Gobierno nacional en el sentido de no aplicar el artículo que habla sobre la posibilidad de que la gente utilice sus cesantías para pagar servicios y el mismo gobierno le solicitará al Congreso que haga la derogación de esta parte del artículo”.
Según estas declaraciones, el Gobierno se refiere puntualmente al artículo 16 de ese decreto, que dice, entre otras cosas, que “para cubrir las obligaciones derivadas de las prestaciones excepcionales en salud los afiliados también podrán utilizar parcial o totalmente el saldo sin comprometer, que mantengan en su cuenta individual de cesantías, ya sea de manera directa o mediante su pignoración”.
Si bien esta decisión protege el bolsillo de los colombianos, no elimina del todo la controversia sobre el uso de los ahorros para pagar tratamientos médicos por lo que hoy se llaman prestaciones excepcionales en salud, que no son más que los tratamientos no incluidos en el POS.
El artículo 15 de ese mismo decreto, que partiendo de lo dicho por Palacio no sería eliminado, dice que “la autorización de prestaciones excepcionales en salud que serán cofinanciadas por el Fonpres (Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud) procederá previa verificación de la capacidad real de pago del afiliado, a partir de la cual se determinará si el solicitante o su grupo familiar pueden costearlo en su totalidad, o la proporción en que puedan asumirlo, teniendo en cuenta su nivel de ingreso o capacidad patrimonial”.
Es decir, no está eliminada la posibilidad de usar los ahorros para pagar estos servicios de salud. Lo único que se eliminó fue la posibilidad de hacerlo con las cesantías.
Diferentes sectores interpretaron las declaraciones como la decisión de eliminar todo el decreto, pero tanto Uribe como Palacio hicieron énfasis en que se trata del tema sobre el uso de las cesantías para el pago de tratamientos no POS. Además, de eliminarse el decreto completo, se estaría eliminando también la creación del Fonpres, entre otras decisiones.
De todas maneras, se esperan nuevos pronunciamientos que aclaren el anuncio del Gobierno.
Este decreto ha sido bastante cuestionado, entre otras cosas por dejar la posibilidad de un manejo político de los dineros del Fonpres.
La razón es que este fondo estará conformado, como lo ordena ese decreto en su artículo 7, por los titulares o delegados de los ministerios de la Protección Social y Hacienda, por los directores o encargados del Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Nacional de Salud y el Invima, por el Secretario de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y por un representante del Presidente de la República. Ellos decidirán a quién se le va a cubrir el tratamiento completo y a quién no.
O sea, la decisión de los giros que hará el Fonprés la tomará el Presidente porque todos los que conforman este fondo son nombrados por él. Los académicos que participaron este jueves en el foro ‘La salud en Colombia ¿en Emergencia?’, en la Universidad Javeriana, expusieron, con razón, esta inquietud.
La solución para eliminar todas las controversias que tiene este decreto es derogarlo completamente y hacer uno nuevo en consenso con la academia, las asociaciones de usuarios y toda la sociedad, así lo están pidiendo a gritos diferentes sectores, como lo solicitaron los expertos en aquel foro.
