Por Antonio Caballero
Si el Estado norteamericano es incapaz de hacer cumplir sus leyes allá, no es claro por qué se arroga el derecho de vigilar el cumplimiento de las leyes de aquí.
Sábado 7 Noviembre 2009
¿Qué demonios hacía ahí el embajador de los Estados Unidos? Se trataba de una reunión de las más altas instancias del poder judicial colombiano, en Paipa. Y ahí estaba, de colado pero como si la estuviera presidiendo, flanqueado por el presidente de la Corte Constitucional a su diestra y el de la Corte Suprema a su siniestra,? el embajador William Brownfield. Por una vez no estaba echando chistes, como acostumbra. Ni su asistencia era meramente protocolaria. No: el embajador, representante de una potencia extranjera, estaba interviniendo en el funcionamiento de la justicia colombiana. No contento con las siete bases militares, más el uso libre de las pistas de todos los aeropuertos civiles internacionales colombianos, que nuestro arrodillado gobierno les acaba de ceder graciosamente a los soldados y a los "contratistas" (mercenarios) de los Estados Unidos, Brownfield se considera además capacitado para dictar justicia en Colombia.
("La soberanía ya no es lo que era", como dijo sardónicamente aquel otro embajador gringo que se metía aquí en todo y a quien el entonces presidente Ernesto Samper no se atrevió a declarar "persona no grata" por el culillo de que le fueran a quitar la visa).
Lo que esta vez movió a Brownfield a su intrusión abusiva fue el hecho de que la justicia parece estar a punto de absolver al almirante retirado Gabriel Arango Bacci en un juicio por complicidad con el narcotráfico. En efecto, tanto la Procuraduría como el fiscal encargado del caso que hace dos años se adelanta contra el marino le han pedido su absolución a sus jueces de la Corte Suprema. Y por añadidura solicitan que en su lugar sean investigados el comandante de la Armada y su cúpula por haber organizado "un complot" contra un hombre inocente. Ya saltó el ministro de Defensa a defender la actuación de la cúpula de la Armada. Y ahora viene a respaldarlo el embajador, quien por lo visto actúa como su superior jerárquico, advirtiendo que su gobierno va a "observar cuidadosamente" la conclusión del juicio a Arango Bacci porque, según asegura, en ese proceso hay "elementos, evidencias y vínculos con el tráfico de drogas a los Estados Unidos".
No sé bien cómo funcionan estas cosas en derecho. Pero si el embajador Brownfield tiene "evidencias", como dice, me parece de sentido común que deba entregárselas a la justicia colombiana. En eso consiste la "colaboración" de que tanto hablan: esa "colaboración en la guerra contra las drogas" que sirve de pretexto para la entrega de las siete bases militares, tanto aéreas como navales, y del derecho de aterrizaje en los aeropuertos civiles; que sirve de pretexto para las extradiciones de paramilitares acusados y confesos de crímenes atroces contra la humanidad pero que los tribunales norteamericanos juzgarán solamente por el delito de contrabando de estupefacientes; que sirve de pretexto para la cesión del control del espacio aéreo y las aguas territoriales de Colombia.
Como lo prueba el hecho de que el embajador no entregue las pruebas que dice tener, esa "colaboración" en realidad no existe. Es una mera excusa para justificar toda suerte de intrusiones abusivas en los asuntos internos de Colombia (y a través de ella, de sus vecinos). Una "colaboración" que es unilateral. No sólo no se ha dado nunca el caso de que un narcotraficante norteamericano (o cualquier otro delincuente: un militar culpable de violación, por ejemplo) haya sido extraditado a Colombia para ser juzgado aquí, sino que, curiosísimamente, tampoco nunca se han encontrado en los Estados Unidos "elementos, evidencias y vínculos con el narcotráfico" de ningún funcionario norteamericano. No digamos ya un embajador, ni un almirante o dos, que sin duda debe haberlos: porque la droga sale de aquí, es cierto, pero entra allá. ¿Y cómo entra? ¿Sin complicidades? ¿Ni un policía corrupto, ni un aduanero, para no hablar, ya digo, de un par de almirantes o de algún embajador? Pues las fronteras de los Estados Unidos no las vigilan los aduaneros de aquí, sino los de allá, y las aguas territoriales norteamericanas, y sus espacios aéreos, no los cuidan la Armada y la Fuerza Aérea colombianas, sino las norteamericanas. Y la droga pasa. La DEA no trabaja sólo aquí: también allá. Tribunales de justicia no hay solamente aquí: también allá. Aun suponiendo que el ingente negocio del narcotráfico, cuyas ganancias se quedan en más de un 90 por ciento en el circuito financiero de los Estados Unidos, no hubiera complicidad ninguna por parte de ningún policía, de ningún banquero, de ningún juez, de ningún funcionario diplomático de los Estados Unidos; aun suponiendo tal extremo, que no es fácil de suponer; tiene que haber, al menos, alguna ineptitud o incompetencia. Si el Estado norteamericano es incapaz de hacer cumplir sus propias leyes allá, como lo muestra el hecho de que sus ciudadanos son lo más ávidos consumidores de drogas prohibidas del mundo (y productores también: son, por ejemplo, los primeros exportadores de marihuana del mundo. ¿Y cómo la producen, y cómo la exportan) no está muy claro por qué se arroga arbitrariamente el derecho de vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes de aquí. Si no por cómplice, al menos por incapaz, el embajador Brownfield debería tener la discreción de no dar consejos.
En reciprocidad, y aunque no solicitado, desde aquí le doy yo uno a él: No sea payaso, señor embajador.
