Suena fuera de lugar que un Presidente se pronuncie públicamente en defensa de personas procesadas penalmente por la justicia. Su investidura lo obliga a respetar celosamente la separación del poder público en ramas, principio que desconoce al disertar sobre posibles causales de justificación de la conducta criminal. Sus declaraciones no son meras opiniones amparadas por la libertad de expresión. Son verdaderas interferencias, por fortuna descabelladas, sin eco en la Corte Suprema de Justicia.

La tesis de la coacción insuperable no sólo disuena de la institucionalidad democrática. Su fundamento, la teoría del Estado de naturaleza, significa la claudicación del Estado de derecho. De aceptarse, cualquier delito cometido en regiones sin presencia del Estado tendría que ser analizado a la luz de una posible coacción insuperable para el actor. Hasta el robo de electricidad sería permisible ante la necesidad y la ausencia del servicio público en zonas alejadas. El ejercicio colectivo y preventivo de la autodefensa estaría exento de sanción frente al vacío oficial. Como un cáncer, la tesis de la coacción insuperable amenaza devorar la escasa bicentenaria vida republicana del país.

La coacción insuperable, más que una tesis respetable, parece una coartada injustificable. El candidato o congresista que persiste en su actividad política, pese a la presencia de grupos irregulares en su región, opta libremente por convivir con ellos. Encarado al hostigamiento y a la amenaza podría buscar el apoyo de las autoridades y, en caso de omisión, abandonarlo todo para salvar su vida y su dignidad, como lo han hecho tantos desplazados en lugar de colaborar con los depredadores. Pactar con los grupos ilegales a sabiendas de sus hechos criminales significa hacerse cómplice de los mismos, como lo expresó con acierto la Corte Suprema de Justicia en providencia de febrero 15 de 2007, cuando afirmó que “quien accede a la función pública merced al poder corrupto o intimidante de la organización paramilitar —o quien lo intenta—, se convierte en miembro de ella y participa desde su particular posición en el desarrollo del proyecto delincuencial, asumiendo el rol que le corresponde dentro de la división de trabajo diseñada por la empresa criminal”. Resulta risible que el Presidente pose de estadista, mientras funge de abogado de parapolíticos, extradita sin fundamentos a los cabecillas e intenta desacreditar a magistrados mediante denuncias, todo esto mientras se revelan las interceptaciones ilegales del DAS.