Su denuncia simula severidad para la exportación, pero intenta embolatar el prontuario criminal del DAS en un revoltillo falaz: allí donde todos pecan, nadie se condena. Mas no se mordió el anzuelo. Antes bien, quedó expósita la incuria del Gobierno que ha cohonestado tal descomposición; y la impresión de que la privatización de la seguridad —servicio público indelegable— alcanza proporciones insospechadas. Pescando en el mercado libre de un Estado que cede el monopolio de la fuerza, decenas (¿centenares?) de “Compañías Militares de Seguridad Privada”, extranjeras y nativas, suplantan a la Policía en la protección de una ciudadanía avasallada por el robo, el atraco, el asesinato, el secuestro, el atentado terrorista.

Si foráneas, estas compañías obran a sus anchas, pues el brazo de la ley propia no las alcanza. Si locales, la norma es blanda. Muchas de ellas, con equipos de espionaje y armamento sofisticadísimos; integradas por personal de pasado tan enigmático como sus propósitos, terminan tributando a la dinámica de hacer justicia por mano propia. Incurren en asesinatos, desapariciones y amedrentamientos sobre los cuales la prensa abunda. Más aún cuando operan en la clandestinidad. Otra suerte de delitos cometen sus miembros cuando el Gobierno les reconoce inmunidad diplomática, como a los contratistas del Plan Colombia.

Amplia es la gama de servicios que estas empresas prestan. Ofrecen desde cuerpos de mercenarios para librar guerras ajenas, hasta entrenamiento militar y asesoría en seguridad a cualquier ejército del mundo. En Colombia, la Dyncorp, verbigracia, apoya operaciones de seguridad de las Fuerzas Militares. Pero también prestan servicios de seguridad y vigilancia a empresas, edificios residenciales, bancos, cárceles y particulares.

Visto el desbordamiento de estas compañías, las Naciones Unidas estudian una legislación global que las ponga en cintura y les devuelva a los Estados el monopolio de la fuerza. Entre sus documentos de soporte, adoptaron un dossier que sobre la materia publicó la Revista Zero del Externado. Las profesoras Margarita Marín e Irene Cabrera de esa Universidad rastrean el origen de ésta que la Rand Corporation ofreció como alternativa privada a la función protectora del Estado, en 1972, cuando se elevaba la fiebre neoliberal. La propuesta resultó providencial para enganchar a miles de expertos en lides militares que, terminadas la Guerra Fría y las dictaduras del Cono Sur, habían quedado cesantes. Valioso activo para el mercado que descubría en la inseguridad un negocio.

A los efectivos del Plan Colombia se sumaron aquí miles de desmovilizados de las Auc que terminaron como vigilantes y con carta blanca para labores de inteligencia. El decreto 3222 de 2002 creó las “Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana”, que habían de articularse con la vigilancia y seguridad privada y con la política de seguridad democrática. Asombra su parecido con los comandos de defensa de la revolución en Cuba y en Venezuela: redes de soplones del vecindario, son trasplante del Estado policivo a la sociedad. Al parecer, hacía allá va el nuestro, que privatiza la seguridad por dos caminos: va entregando su función de seguridad a agentes privados de dudosa ortografía; y, cuando la asume, la comparte a veces con particulares de origen ilegal o criminal. Como en el DAS. Estado militarista, pues, que quiere afirmarse sobre una sociedad paramilitarizada.