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En medio de la frustración por la actitud del Gobierno al hundir en la etapa de conciliación la ley de reparación de las víctimas, quedan muchas lecciones sobre el largo y profundo debate de los últimos dos años. Es sano para la democracia colombiana que en las distintas instancias del Estado y la sociedad se abra un espacio de discusión sobre la necesidad de adoptar una política de reparación de las víctimas integral, eficaz y oportuna, como condición indispensable para alcanzar la reconciliación en el país.
Si no somos capaces de incorporar nuevamente a la sociedad a millones de compatriotas excluidos por los violentos, jamás nuestra nación logrará la paz.
El debate debe continuar y mantenerse en un lugar privilegiado en la agenda pública. Más allá de las cifras y las disputas fiscales, hay una diferencia de fondo con el Gobierno: para nosotros la reparación de las víctimas es un derecho, mientras que para el Gobierno es una limosna. Los ministros han intentado politizar el asunto presentándolo como un pulso de Gobierno y oposición. Falso. Las diferencias del primero no eran con los autores del proyecto; fueron con la Organización de Naciones Unidas, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con muy serias organizaciones internacionales, con los recientes fallos de la Corte Constitucional, con todas las víctimas de Colombia.
Nunca, durante estos dos años, el Ministerio de Hacienda cuantificó ningún articulado. En el debate en la plenaria del Senado se adoptaron todas las recomendaciones de la Viceministra de Hacienda. Entonces, sacaron del cubilete esas absurdas cifras para esconder las verdaderas razones que tuvo el Gobierno para enterrar este proyecto, que tuvo una participación ciudadana sin antecedentes.
Nunca aceptó el Gobierno las recomendaciones internacionales y las exigencias nacionales de una ley que no discriminara a las víctimas en razón de quién era su victimario. No hay ley en el mundo que lo haga. Los mismos derechos debe tener la víctima de un frente guerrillero o paramilitar que la víctima de una agresión de un agente del Estado o de ejecuciones extrajudiciales como las de Soacha. Y eso no significa, como equivocadamente afirman, debilitar la seguridad democrática. Una cosa es la reparación administrativa de la víctima por el simple hecho de demostrar su condición, y otra la individualización de la responsabilidad penal en el victimario.
Es lamentable, entonces, que la actitud terca del Gobierno haya conducido a este resultado. Y, peor aún, que se haya acudido al terrorismo fiscal para disfrazar esta decisión. Si eran solo cuatro artículos los que generaban el hueco fiscal y si el Gobierno tuviera voluntad política para sacar la ley, no se entiende por qué, en lugar de permitir su aprobación y posteriormente objetarla parcialmente por inconveniente y hacer valer sus mayorías en el Congreso para que fueran aceptadas, decidió salvajemente hundirla cuando ya prácticamente estaba en la puerta del horno.
*Senador de la República
