LA OTRA CARA DEL EMPLEO EN COLOMBIA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Por: Carlos Gutiérrez

Le Monde “El dipló” Diplomatique

Edición Nro.: 79

Foto: http://leydurajusticiapura.galeon.com/amigos1554385.html

Miles de miles. Según cifras oficiales, 19 millones conforman la fuerza laboral de Colombia. El 57,7 por ciento –es decir, 10.963.000 hombres y mujeres en edad de trabajar– conforma la denominada con eufemísmo informalidad, esto es, la condición de trabajadores sin tipo alguno de seguridad social o estabilidad laboral. Seres humanos que en su afán de supervivencia, y ante la ausencia de un lugar para desarrollar sus cualidades y sus capacidades, ocupan variedad de espacios públicos, se ofrecen para desarrollar cualquier oficio e incluso se enganchan como raspachines. Sobreviven. Algunos son exitosos cuentapropistas, otros simplemente disfrazan la falta de empleo y la angustia de no saber cómo garantizar la satisfacción digna de las necesidades de su hogar. A mayo de 2009, 2.470.000 personas (el 13 por ciento de esa fuerza laboral) están arrojadas a la calle, están desempleadas.

Así, entre otros aspectos, se caracteriza el excluyente e injusto mundo del trabajo colombiano. En él, un escaso 30 por ciento de connacionales –alrededor de 5.700.000 personas– trabaja bajo alguna modalidad contractual, pero la mayoría ligada a contratos a término fijo y bajo la forma de salario integral. De ellos, alrededor de cuatro millones devengan el salario mínimo. Muchos más (5,5 millones) laboran por fuera de la legalidad, y su mensualidad ni siquiera alcanza a esa ínfima suma de dinero. Baja remuneración que se incrementa poco para otros trabajadores, toda vez que 4 de cada 5 perciben menos de dos salarios mínimos.

Ni unos ni otros tienen con qué cubrir la canasta alimentaria mensual, la que, según el Dane, y para este tipo de familia, bordea el millón de pesos. Es decir, en términos comparativos con el valor de la canasta familiar para los estratos socio-económicos bajos, la capacidad de compra del salario mínimo legal representa un 47 por ciento, lo cual es igual a decir que ni aun trabajando dos personas en el hogar pueden satisfacer los requerimientos básicos familiares.

Cifras de escándalo y dolor. Muchos de estos compatriotas, a pesar de batirse toda la vida tras unos denarios para poder garantizar su supervivencia y la de los suyos, al final de su “edad productiva” no podrán jubilarse. Muy a su pesar, y por el trabajo realizado, el salario devengado no les obliga ni les alcanza para cotizar en un fondo de pensiones. Pero además, unos y otros, todos sin excepción, desconocen hasta ahora una conquista del Estado Bienestar: la protección salarial en caso de perder el empleo.

Así, con la vida marcada por la pobreza y laborando en la informalidad, es imposible que la mayoría de los trabajadores colombianos acceda a una pensión. Lo cual explica que en la actualidad un escaso 18,6 por ciento de connacionales mayores de 65 años (6,3 por ciento de la población) cuente con una pensión, uno de los niveles más bajos en América Latina, junto con Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana. Realidad precarizada aún más en los últimos años, toda vez que la cobertura ha disminuido para los más pobres: en 1992, el porcentaje de trabajadores de estrato 1 y 2 que contaban con mesada pensional alcanzaba al 11,2 por ciento, y ocho años después (2000) la cifra cayó al 4,9 por ciento.

Colombia insólita. La pobreza y la exclusión de los derechos humanos van de la mano de la concentración de la riqueza, hecho que no se puede explicar sin considerar la persecución y la criminalización sufridas por el movimiento sindical en las tres últimas décadas, así como las reformas laborales aprobadas desde los 90 hasta hoy. Por ejemplo, en los comienzos de la década de 1980, el porcentaje del valor agregado en el PIB que les llegó a los trabajadores era del 44 por ciento, y en la actualidad cae de manera acelerada. Para el año 2000, esta participación fue del 36,5 por ciento, y un poco después (año 2008) se redujo a su nivel más bajo hasta ahora conocido: el 32 por ciento. Es decir, ¡en las tres últimas décadas los asalariados perdieron 12 puntos en la apropiación de la riqueza producida anualmente en el país! (1).

Todo tiene su explicación. En conjunto, esta situación es producto de los cambios en el mercado laboral y los introducidos en las reformas laborales (Leyes 50/1990 y 789/2002) que ‘flexibilizaron’ (otro eufemismo) la contratación laboral y eliminaron derechos históricos de los trabajadores. La precarización del empleo ha destrozado la capacidad organizativa y su fuerza social: en 1990, la proporción de trabajadores sindicalizados era del 12,8 por ciento, en 1997 había caído al 6,5 y para el 2009 apenas supera el 3, con la característica, además, de una alta fragmentación en sus organizaciones (2).

Las luchas de los trabajadores también se han visto debilitadas por la violencia y los cambios en la cada vez más regresiva legislación. En 1975, las huelgas alcanzaron su punto más alto: el número de cesaciones laborales fue de 215; en el lapso 1978-1980 (en plena aplicación del Estatuto de Seguridad turbayista), el descenso huelguístico fue considerable: 55 acciones al año. Esta tendencia se ha profundizado durante los mandatos de Álvaro Uribe, quien ha propiciado la judicialización sistemática de la protesta social, militarizando además las cesaciones laborales, en línea de continuidad con lo ocurrido desde principios del Frente Nacional. En el último período uribista, las luchas laborales han caído a menos de 25 al año

Trabajo, miseria y violencia para el obrero de base. Sobre esta realidad, urgido por un mercado interno que se comprime y el externo que decae, opinaron el presidente Uribe y el Ministro de la Protección Social. Precisó el primero que “el país [debe] contar con un seguro de desempleo que no represente cargas fiscales para los empleadores”. Y agregó: “En una población trabajadora de 19 millones de colombianos, la gran mayoría sigue hoy sin expectativas de pensiones” (3).

Realidad, cruda realidad, característica del mundo del trabajo nacional. La posibilidad de jubilarse es cada vez más esquiva para los trabajadores. De ahí que la mayoría de los que hoy venden día a día su fuerza de trabajo no podrá descansar nunca; los asalariados estarán obligados, ante la falta de pensión, a proseguir en el rebusque, en el cuentapropismo o asimismo a vivir bajo la ayuda de alguna mano amiga.

Compleja contradicción social que acumula y carga la sociedad colombiana, por lo menos desde los años 30-40 del siglo XX, cuando, en procura de más capitalismo, se intentó una tímida reforma social por parte del establecimiento. Desde entonces, a pesar de la necesidad de profundizar los cambios, los trabajadores –o por lo menos la dirección de sus organizaciones gremiales y políticas– se han comportado, como mínimo, de manera tímida, cuando no con claro desinterés por el conjunto de los suyos, aquellos no incorporados al mundo del trabajo formal ni al goce de los beneficios sociales alcanzados por las luchas encabezadas por lo obreros en otros países, e incorporados en los derechos, en sus diversas generaciones, reconocidos por los Estados modernos.

Desinterés y conformismo que ayudaron a la división de los trabajadores entre los contratados de manera formal y la inmensa masa que labora por cuenta propia o que simplemente sobrevive a pesar del desempleo. No es casual, por tanto, que variedad de temas de la agenda obrera haya sido esquiva para la mayoría de los sindicatos, hoy obligados –retomándolos– a insertarse cada vez más en temáticas abiertamente políticas y en núcleos cada vez más amplios de la población, so pena de quedar reducidos a una estricta resistencia simbólica. Pero a la vez, urgidos de relacionarse con el conjunto social, dejando de ser asunto ajeno para la mayoría, cuya superación dejaría a un lado, de igual manera, el control ideológico que extendieron a su interior los “partidos tradicionales”, la Iglesia y los partidos de izquierda de estirpe reformista, el conjunto de los cuales fraguó la profunda división que persiste en amplios sectores de nuestra sociedad.

Derroche de vida

Este cuadro de una parte de la sociedad colombiana resume algunas de las contradicciones más dramáticas que le caracterizan, en este caso las que tienen que ver con el mundo del trabajo y una parte de la seguridad social. La colombiana, sociedad joven por excelencia, derrocha sin contemplaciones la energía, los años más productivos, podrán decir algunos, de la mayoría de sus integrantes.

En calles, en parques, en buses, en el campo, se ve gente en plenitud de capacidades, en la flor de su vida, haciendo cosas que no desea realizar, o simplemente bajo la angustia de no contar con una opción laboral que retome y potencie sus cualidades, contemplando cómo transcurre el tiempo. Hombres y mujeres vendiendo dulces, comercializando insignificancias, gritando ofrecimientos de lo uno y lo otro, tal vez cargando paquetes en plazas públicas, acompañando a un conductor en su vehículo de transporte colectivo, en fin, unos y otros “engañando a la vida”.

No es de extrañar, por tanto, que una parte de esta gente termine o emigrando a otro país o sobrellevando graves enfermedades derivadas de la angustia, o bien inmiscuida en cualquier expresión delincuencial o grupo armado. Opciones todas y cada una de las cuales también extienden un alto costo para la sociedad de la cual hacen o han hecho parte.

Para todos ellos se necesita que la sociedad en que viven acepte y asuma un profundo viraje, empezando por transformar las relaciones productivas, la propiedad de los recursos y los medios de producción estratégicos, las relaciones de planeación y gestión en el interior de las empresas, y el modelo de seguridad social (en todos sus componentes).

Es un reto. El diagnóstico realizado por el presidente Álvaro Uribe, y su propuesta de seguro de desempleo condicionado y régimen pensional, dan pie para que los trabajadores rompan el silencio que les caracteriza en estos temas, tras un liderazgo social, político, ético y moral del país, que no puede erigirse apoyado simplemente en las declaraciones o en las expresiones de buena fe. Hay que ganar legitimidad.

Hace falta que le expliquen a la sociedad cómo la desean y cómo hacerla realidad. En primer plano, cómo lograr que la inmensa mayoría –si no todos los suyos– acceda a trabajo estable y bien remunerado. Pero, a renglón seguido, cómo establecer y garantizar un modelo de seguridad social que cubra, en igualdad de condiciones, a toda la sociedad, no única y necesariamente a quienes gozan de trabajo estable. Precisar sus divergencias con un modelo de seguridad social, en el caso particular del seguro al desempleo, que no esté condicionado ni reducido a quienes han estado empleados (4).

Retomar sobre este particular la propuesta que implica la Renta Básica (5) y su espíritu democrático que no condicione en forma alguna la seguridad social, apuntalándola para todos por el simple hecho de ser miembros de una sociedad. Igualmente, asumir como otro reto por afrontar y concretar –de la mano de los trabajadores y su alianza con el conjunto social– la consigna de lucha por trabajo decente propuesto por la OIT (6), el mismo que debe constituirse en la esencia de las estrategias de Colombia para alcanzar un equitativo y sostenible desarrollo económico y social.

El reto es inmenso pero oportuno. Imaginar un nuevo Estado y una nueva sociedad. Luchar por relaciones de igualdad y acceso igualitario a los bienes públicos. Los temas son muchos y de gran envergadura, y los trabajadores deben afrontarlos y liderarlos. Un método adecuado para proceder pudiera ser desplegar una amplia campaña de educación y difusión por lo menos entre y por medio de los sindicatos y sus organizaciones afines, a través de la cual se intentara recoger el imaginario político y social dominante. Consultarle a la gente sobre el trabajo, las relaciones de producción, el salario, la redistribución de lo producido en la sociedad, la jornada de trabajo, la salud, la jubilación, las relaciones con otros sectores sociales, el régimen político, y la organización sindical y su relacionamiento, en épocas de globalización, con las hermanas de todo el mundo.

Afanar y propiciar una resistencia de nuevo tipo. Propositiva. Romper dependencias y liberar la imaginación. Vivir, y hacerlo de la mejor manera, es el mayor deseo de cualquier ser humano. Y es éste el reto de toda sociedad. La función del gobernante es garantizarlo. En Colombia se requiere una nueva dirigencia y una poderosa fuerza organizativa de los trabajadores para que así sea.

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