Es hora de asumir responsabilidades
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16 Mayo 2009 - 10:00 pm
PUEDE SONAR REPETITIVO QUE DEdiquemos este espacio una vez más al escándalo de las interceptaciones ilegales en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ente adscrito, nunca hay que olvidarlo, a la Presidencia de la República.
Pero es que a medida que se siguen conociendo detalles del tamaño de esta operación criminal, las dimensiones legales y políticas del caso aumentan de manera inusitada.
Hemos sabido esta semana, por ejemplo, que “la campaña presidencial fue sometida a una guerra sucia”, como dijo uno de los ex investigadores del DAS que fueron entrevistados por La FM. Según los testigos entrevistados, durante la última campaña electoral entregaban a sus jefes un reporte semanal de grabaciones a los precandidatos que competirían con el entonces candidato-Presidente: Carlos Gaviria, Enrique Peñalosa, Samuel Moreno, Andrés González, Álvaro Leyva, Antonio Navarro y Rafael Pardo.
Uno de dichos jefes, el entonces jefe de contrainteligencia del DAS, capitán en retiro Jorge Alberto Lagos, según versión de RCN Televisión, ha dicho en su versión ante la Fiscalía que la información que recogían de las interceptaciones ilegales la compartían —al menos la que involucraba a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia— con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y con el entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria, y que con ellos y el director de la UIAF del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, se analizaba la información financiera de los magistrados.
La gravedad de este escándalo conforme pasan los días no hace más que incrementar la preocupación, no solamente de las altas cortes —que toda razón tienen para estar alarmadas—, sino de los ciudadanos todos. Y la respuesta de la Presidencia de la República, bajo cuyo mando opera el DAS, comienza a resultar indignante. En lugar de asumir de una vez por todas la responsabilidad y dar la cara para explicar por qué se llegó hasta donde se llegó y por qué no se hizo nada para evitarlo, responde con una oferta de hasta 200 millones de pesos para sus propios funcionarios que puedan entregar información que permita la captura de quienes participaron en las interceptaciones, a la vez que excusa cualquier asomo de responsabilidad con la cada vez más endeble teoría de que este complot se montó con el “evidente propósito (de) desacreditar al Gobierno”.
Entre tanto, algunas voces aliadas del Gobierno han salido a plantear que se estructure una reforma de fondo del DAS. Propuesta reposada y ciertamente necesaria, pero extemporánea a estas alturas del escándalo. Tanto más en cuanto dicha reforma se urgió profusamente —incluso desde estas páginas— cuando apenas asomaban las primeras revelaciones. No, lo que se requiere con urgencia es que las autoridades actúen en lo legal y que el Gobierno dé las explicaciones en lo político que se le vienen pidiendo y hasta ahora ha eludido olímpicamente. No más comunicados juguetones desde el Palacio de Nariño, ni más declaraciones de estupor sin acciones concordantes desde la Fiscalía General de la Nación. No deja de ser paradójico, en ese sentido, que mientras la Fiscalía avanza con temerosa timidez, es el Procurador quien les ha abierto investigación disciplinaria a funcionarios de Presidencia, al director de la UIAF y a antiguas cabezas del DAS. Una investigación que, con la decisiones hasta ahora tomadas por el procurador Ordóñez, no despierta mayores esperanzas de llegar hasta los responsables. Y lo único que puede solventar este escándalo sin precedentes es que allí se llegue con toda la severidad y la transparencia que el caso requiere. Lo demás es retórica para que todo siga igual.
EditorialElespectador.com
