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PERIÓDICO DE BOGOTÁ, COLOMBIA
22-04-09
HAY gentes de una madera y otras de otra. Algunos ven actitudes anómalas donde a los otros les parece vivacidad, malicia e inteligencia. Unos creen que la ética resulta fundamental en el servicio público y otros consideran que los límites son simplemente los señalados en los incisos, casi siempre imperceptibles. Para unos la corrupción es el máximo mal que aqueja a la Nación, mientras otros pasan de soslayo frente a temas que consideran inanes y simples escandolas. Para los de más allá, las coimas, las prebendas, los privilegios y las influencias han fraguado una casta que pretende enquistarse sin controles y para otros no es más que el desarrollo de las habilidades del negociante.
Colombia, como fue conocida hasta hace un tiempo, pertenecía en su esencia al grupo de los primeros, y se soportaba en un maderamen según el cual no existía posibilidad alguna de gestión pública plausible si previamente, como un axioma, no se entendía que el servicio a la comunidad debía escindirse por completo de los negocios privados. Esa es la Colombia que muchos anhelan y que cada vez pierde más sus vínculos con el pasado ejemplar de personajes como Laureano Gómez o Alberto Lleras, sólo para citar a dos en medio de una plétora de figuras que hicieron tanto de su ámbito, como del de sus familias, un ejemplo en materia de la concepción del Estado y la marcha del buen gobierno. En efecto, ser dirigente era un honor que costaba.
Los múltiples debates de Laureano Gómez, que lo llevaron a cumbres insospechadas para un político latinoamericano, se debieron en buena proporción a ese concepto que perfiló una etapa en que Colombia fue pulquérrima y las máculas tenían consecuencias. No sólo en el plano penal o jurídico, sino especialmente en el social, de donde evidentemente se derivó una manera cristalina de ver las cosas, que se contagió a toda la sociedad.
El relativismo moral, que fue la principal herencia de finales del siglo XX, es decir, aquel teatro donde nada es bueno o malo sino que se confunde en un tono grisáceo, llevó a producir la eclosión del capitalismo de estos días. En efecto, quienes vieron oportunidades de oro para esquilmar las mentes de los incautos y produjeron la burbuja económica mundial de los últimos años, son los responsables de la hecatombe. Seguramente no transgredieron leyes explícitas, pero con su conducta personal generaron la peor coyuntura económica de muchos años, precisamente por desestimar cualquier paradigma ético y aprovecharse de que no todo en la vida puede ser codificado, sino que responde a valores y principios de más altura. Toda esa generación de los llamados “yuppies”, que no se decían desde luego empresarios, lo que supone un esfuerzo de larga y laudable trayectoria, optó por el dinero inmediato y enriquecieron sus patrimonios de modo abrupto y arrasador.
Mucho peor, desde luego, cuando esas circunstancias se mezclan con actividades estatales. Podrá, ciertamente, no ostentarse ningún cargo, pero la sola condición de ser hijo o familiar de quien ocupa la más elevada magistratura, obviamente genera un ascendiente de mayor calado.
Cuando Laureano Gómez, a sus 32 años, “tumbó” a Marco Fidel Suárez, no tenía la intención primaria de hacerlo, sino presentar al dominio público la información que tenía a la mano. Se trataba de que el Presidente de la República hubiera respaldado algunos créditos personales con sus sueldos, incluidos los gastos de representación, que entonces no se contabilizaban como parte de los emolumentos, y que quien iba a otorgarle el crédito era un banco también dueño de una firma a la que el mismo Presidente le había asignado un contrato de concesión. Suárez, que no estaba en el recinto parlamentario, fue al otro día y presentó la renuncia. Todo ello, desde luego, sonaría hoy a fantasía, implantado en el país un rasero ético totalmente desconocido por quienes así actuaban.
Posteriormente, Alberto Lleras, inmediato a su posesión, produjo una declaración pública y perentoria, según la cual ningún funcionario del Estado podía hacer negocio alguno con miembros de su familia y que tal circunstancia sería motivo de destitución inmediata. No fue, por supuesto, una decisión jurídica. Se trató de una determinación netamente política.
Pocos conocen, igualmente, que una de las fricciones del Libertador con el prócer Antonio Nariño, consistió en que éste, ejerciendo la presidencia del Congreso de Cúcuta, otorgó un ascenso póstumo al esposo de Juanica, la hermana de Bolívar, quien, como oficial de grado, había muerto heroicamente en la batalla de La Hogaza, todo para mejorarle los ingresos pensionales a ella. Bolívar, que quería a Nariño, congeló su amistad desde entonces y le sugirió no entremeterse en su familia, oponiéndose a la maniobra por considerarla un raponazo al tesoro público.
Ahora todo eso son pamplinas. Se vive del costo de oportunidad… mucho más del costo de oportunidad de ser hijos del Ejecutivo.
