No hace mal un poco de historia. Por mucho tiempo estuvimos por debajo de los niveles de cobertura de otros países latinoamericanos. Hacia 1985 solo tres de cada 10 niños que iniciaban la primaria concluían el quinto grado, y la cobertura de secundaria no alcanzaba el 40 por ciento. Muchos de los estudiantes que perdían primero o segundo grado abandonaban la escuela definitivamente y pasaban a engrosar las filas del analfabetismo. Esto condujo a establecer la promoción automática hasta quinto de primaria, con el fin de garantizar el derecho a la educación y a destacar la labor de la escuela como garante de ese derecho. En ese momento, la principal objeción provino del propio Gobierno, que veía en la medida un riesgo fiscal, pues si todos los que ingresaban a primero llegaban a quinto, habría que expandir de manera muy rápida la infraestructura y la nómina de maestros para continuar con las cohortes en secundaria.
El segundo capítulo de la historia es la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994. Allí quedó explícito el principio de la autonomía institucional, que durante muchos años había sido defendido por los maestros y sus organizaciones, pues la autonomía no es otra cosa que el reconocimiento de la profesionalidad. Mal haría, por ejemplo, el Ministerio de la Protección Social en establecer por decreto cada uno de los procedimientos quirúrgicos que deben practicar los cirujanos: esas son decisiones profesionales que se toman autónomamente en los hospitales. Lo estipulado en la Ley 115 fue un inicio de autonomía, pues muchas decisiones relacionadas con plan de estudios y sistema de evaluación quedaron reglamentadas en detalle y se dejó un margen muy estrecho a los colegios para explorar estrategias pedagógicas novedosas y pertinentes a diversos entornos.
La aplicación de estas normas condujo de nuevo a altos niveles de repetición escolar, especialmente en los primeros grados de primaria y de secundaria, lo que volvió a generar altos índices de abandono. El Decreto 230 del 2002 limitó la posibilidad de reprobación al 5 por ciento de los estudiantes de cada grado. Esto generó malestar entre algunos, ya que se decía que era una promoción automática que desanimaba tanto a los maestros como a los estudiantes en su proceso educativo, lo que afectaba la calidad general del sistema.
Durante el 2008 se hizo una consulta nacional, en la cual participé como consultor del Ministerio. Fue claro el reclamo de mayor autonomía por parte de los maestros, para poder ajustar sus decisiones a contextos económicos, sociales y locales muy diferentes. Expresaban que las responsabilidades debían ir de la mano con la capacidad de tomar decisiones. Durante más de un año se hicieron foros y talleres con maestros, estudiantes y padres de familia y se recibieron sugerencias escritas. El actual decreto responde a esa necesidad expresada por los maestros de hacerse responsables de aquello que es específico de su profesión, de su saber y de su compromiso personal con la educación.
Es un desafío importante, que toma en serio la capacidad de los equipos académicos de los colegios, así como refuerza la confianza en los mecanismos de participación de padres y alumnos para avanzar en nuevas propuestas. Esta vez, el ministerio no ha expedido un manual de fórmulas mágicas de validez universal, como solía hacer en el pasado, pretendiendo legislar sobre el día a día de una realidad tan diversa como la educación del país. Curiosamente, algunos directivos de Fecode califican de anarquista una propuesta que reconoce la profesionalidad de los maestros. Tal vez harían una mejor labor si propusieran buenos modelos pedagógicos de su propia iniciativa, que en este marco legal de autonomía serían muy bienvenidos.
Francisco Cajiao
