Producción de alimentos, en la mira de Hugo Chávez
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La imposición de cuotas, la expropiación de Cargill y la intervención de Polar hacen pensar que el Gobierno quiere un mayor control sobre la producción.
Se cree que las medidas recientes serían el primer paso para la nacionalización del sector. El Gobierno ya ha estatizado áreas estratégicas como las del petróleo, la electricidad y la telefonía.
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La producción de alimentos se está convirtiendo en un problema crítico para el proyecto revolucionario del presidente de Venezuela, hasta el punto de que las señales que ha enviado su Gobierno en los últimos días llevan a algunos analistas a pensar que se viene una nacionalización del sector.
Mucho más si se piensa que ya han sido estatizados sectores clave como petróleo, electricidad y telefonía, entre otros.
El argumento de Chávez, esgrimido en varios escenarios, y particularmente en un reciente consejo de ministros, es que la producción de alimentos es un asunto de soberanía, razón por la cual hoy toda empresa podría estar en la mira del Estado venezolano, pues estas son de "interés social".
Eso explica sus decisiones de la última semana de decretar a los fabricantes cuotas obligatorias de producción para 12 alimentos de la canasta básica, ordenar la intervención de las plantas arroceras (algunas de aceites y harina), y la expropiación de la unidad de procesamiento de arroz de Cargill de Venezuela (de capital estadounidense), empresa que además de producir varios tipos de arroz, también se encarga de la elaboración de diversas marcas de harinas, pastas y salsas.
"El gobierno revolucionario no se detendrá en materia de seguridad alimentaria. No vamos a detenernos. Pudiéramos expropiar todas las plantas de la (empresa productora) Polar de ser necesario y les pagaremos con bonos", amenazó Chávez en la misma reunión, transmitida por el canal de televisión del Estado.
El Gobierno asegura que decenas de empresas se han evadido de producir alimentos regulados para obtener más ganancias, poniendo así en riesgo la seguridad alimentaria de los venezolanos.
'No hay materia prima'
Sistemáticamente, el Gobierno rechaza los argumentos de los empresarios, que aseguran que en el país no hay suficiente disponibilidad de materia prima para la producción de alimentos regulados, y que los precios controlados generan altos niveles de pérdida que desincentivan la producción.
Es por ello que junto con estas medidas y la reciente rotación de algunos de sus ministros, analistas como la periodista y columnista Argelia Ríos, prevén una radicalización del Gobierno en su intento de establecer el socialismo, promoviendo la estatización y un mayor intervencionismo económico.
Pero además del componente socioeconómico, el politólogo Herbert Koeneke comentó a EL TIEMPO que estas decisiones, además de avanzar hacia ese camino socialista, buscan desde ya minimizar el costo político que tendrá en el futuro la crisis económica para Venezuela:
"Esta arremetida es un afán para aleccionar a la oposición sobre lo que puede ocurrir si se le desafía y, por supuesto, tratar de garantizar cierto abastecimiento de alimentos, a precios controlados, en un ambiente económico que está a punto de tener repercusiones fuertes en el país (...) Chávez sabe que viene un gran descontento y desde temprano quiere neutralizar las reacciones, erigiéndose como el único y más importante defensor de los derechos de los pobres".
Es quizá en esta búsqueda de abastecimiento a precios regulados que algunos empresarios ven el lado bueno de las medidas oficiales. Ciertos gremios simpatizantes del Gobierno comentan que las intervenciones y el establecimiento de cuotas de producción pueden ayudar a Venezuela a conseguir "independencia" en materia de producción alimentaria, aun cuando el año pasado las importaciones de bienes -en su mayoría alimentos- fue de más de 50.000 millones de dólares.
Por eso, algunos ministros, como el de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, hacen un llamado a los empresarios para que "respeten las leyes y entiendan que están hablando con un Gobierno serio".
Otros, como el superintendente de Silos y Depósitos, Carlos Osorio, advierten que el Gobierno no tiene intención de arrebatarles las empresas a los empresarios, pero que en la misión de proteger a la población van a "seguir pasando la lista a todas las plantas procesadoras de alimentos básicos".
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS
