Gobierno Uribista se rajó ante la ONU

Ante la ONU el Gobierno colombiano se rajó en los siguientes temas

En el Examen Periódico Universal sobre Colombia, se hizo un llamado al Gobierno de nuestro país para que cumpla cabalmente las recomendaciones que en materia de derechos humanos ha formulado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y para que complete el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Asimismo, instó al Gobierno a hacer una labor más eficaz en por lo menos en diez temas, en los cuales nuestro país se ha “rajado”, a saber:

1- Conflicto armado. La tesis que el gobierno colombiano ha tratado de vender internacionalmente, en el sentido de que en Colombia, con la desactivación de los grupos paramilitares, no existe ya conflicto armado sino la amenaza terrorista de las Farc, no fue compartida por la mayoría de los países, para los cuales el conflicto subsiste.

Además mostraron su preocupación por la reactivación de los grupos paramilitares, que con otros nombres están ejerciendo acciones de violencia y violando los derechos humanos en muchas regiones del país.

A este respecto las ONG colombianas en su informe señalaron que entre los años 2002 y 2007 un total de 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate y a causa de la violencia sociopolítica, el 75% de las cuales, según las ONG, son responsabilidad del Estado.

Chile, por ejemplo, pidió a Colombia que evite que los acusados de abusos y violaciones graves a los derechos humanos "sean beneficiados por leyes de amnistía". Y Suiza sostuvo que "la política de seguridad tiene que ir paralela con el respeto a los derechos humanos".

2- Ejecuciones extrajudiciales. Hubo particular énfasis en este tema. El informe de las ONG menciona 1.122 ejecuciones de esta clase en el gobierno de Uribe, más del 60% con respecto al gobierno de Pastrana.

Como también preocupa a la comunidad internacional la impunidad que rodea estos hechos, y la dificultad para avanzar en las investigaciones. Con solo pedir perdón, como lo hizo el Vicepresidente Santos, no se resuelve el asunto.

Santos reconoció la implicación de fuerzas del Estado en homicidios de civiles fuera de combate, lo que es conocido como “falsos positivos” o “ejecuciones extrajudiciales”, y pidió perdón a las víctimas con la promesa de que dichas acciones no quedarán en la impunidad.

Brasil particularmente, insistió en preguntar al gobierno de Colombia qué medidas tomará para luchar contra la impunidad en las violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado.

3- El desplazamiento forzado, tema sobre el cual todos los Estados que hicieron observaciones opinaron que es el fenómeno más grave que hay hoy en Colombia, ya que en vez de disminuir se ha incrementado, así el Gobierno no lo reconozca.

Hoy en el país hay cerca de 4 millones de personas desplazadas y con todos sus derechos conculcados. Reconocieron sí lo que ha hecho la Corte Constitucional en favor de esta población, pero instaron al Estado a hacer mucho más en este frente.

4-Los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación. Fue un tema bastante mencionado. Los países que examinaron a Colombia dejaron ver su preocupación porque las víctimas de la violencia no tienen facilidad para acceder a la justicia, y padecen múltiples problemas de seguridad.

Además consideraron deficientes las normas que se están expidiendo en esta materia, en particular el proyecto de ley que discute el Congreso, el cual discrimina las víctimas y se queda corto frente a sus legítimas aspiraciones y necesidades. España, por ejemplo, recomendó a Colombia encontrar una fórmula “que solucione los vacíos de la ley de Justicia y Paz.

5- Desprotección de los defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas. Preocupa a la comunidad internacional que en Colombia se siga amenazando, asesinando y hostigando a los representantes de las organizaciones de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, actores sociales éstos que son de vital importancia para la vida democrática de una sociedad.

Como tampoco se ve bien el discurso negativo, ya habitual en el Alto Gobierno, contra las organizaciones de derechos humanos, a las que se señala de colaboradoras de la guerrilla.

México, por ejemplo, fue más allá de su comentario y recomendó el envío a Colombia de tres relatores especiales para abordar el caso de las ejecuciones extrajudiciales, la situación de los defensores de derechos humanos y la independencia de jueces y abogados.

En el tema específico de la violencia contra sindicalistas, países como Noruega, Suecia, Francia, Dinamarca, Alemania, República Checa, Brasil, Canadá, Gran Bretaña, Bélgica, Irlanda, Australia, Rumania, Hungría, Uruguay, fueron contundentes en las observaciones, pues Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para la actividad sindical.

No sólo les preocupa la pérdida de vida de los sindicalistas (43 en lo que va de 2008, 4 casos más que en 2007) sino también el tema de la impunidad. A pesar de los esfuerzos que el Gobierno hizo con el fortalecimiento de la Fiscalía y la creación de unidades especiales de investigación, los resultados son pocos en esta materia.

8- La población negra e indígena. La comunidad internacional expresó observaciones en temas como el despojo de tierras a estas poblaciones y los ataques de la fuerza pública contra los indígenas, puesta en evidencia en la pasada “minga” en el sur del país.

9- La independencia de los jueces, tema vital para superar los altos índices de impunidad que hoy hay en el país. Muchos estados manifestaron preocupación porque los jueces en Colombia no tienen suficientes garantías para ejercer su función, y se mencionó especialmente la actitud del Gobierno contra la Corte Suprema de Justicia.

10- Niñez y mujeres. Un punto alto de preocupación en las observaciones de los países es la vinculación de los niños al conflicto armado y su desplazamiento forzoso; y la violencia sexual contra las mujeres.

11- Hubo también observaciones en temas de tipo social, como la referida al servicio militar obligatorio, ya que en Colombia no es posible la objeción de conciencia. También la falta de gratuidad en la educación básica en establecimientos públicos.

Colombia es el único país de América Latina que no contempla en la Constitución, ni en la ley, ni en la práctica, la educación gratuita. Sólo en Bogotá es gratuita la educación en los estratos 1, 2 y 3.

12-Diálogo con la sociedad. La construcción de políticas públicas promotoras de derechos humanos hay que hacerla en diálogo permanente, fructífero y sincero con la sociedad civil, fue la recomendación que varios países le hicieron a Colombia.

Con base en todas estas observaciones y recomendaciones, el lunes 15 de diciembre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entregó oficialmente su informe del Examen Periódico Universal sobre Colombia, no siendo muy favorable.