La Ira Indígena ante los atropellos del ESMAD. Foto Notillano.
Cumaribo en llamas: relato de un atropello bendecido
Foto Ariel Palacios
Colectivo de Trabajo Jenzera
CODHES
Los hechos
El día 25 de junio a las 7:30 AM el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) desalojó violentamente a 215 familias indígenas de un terreno denominado "Brisas", en el Municipio de Cumaribo (Vichada). Este terreno había sido ocupado pacíficamente un mes atrás por indígenas pertenecientes a varios pueblos indígenas (sikuani, piapoco, saliva...). Versiones de líderes indígenas hablan de varios heridos, entre ellos dos niños. La guardia indígena actuó con prudencia y no opuso mayor resistencia para evitar daños y perjuicios mayores.
La problemática
Cumaribo (Kumalibo en lengua jiwi) ha sido un territorio ancestral del pueblo sikuani (jiwi). Toda laproblemática de este pueblo, como la de la mayoríade los indígenas de la Orinoquia Colombiana, ha girado desde hace varias décadas alrededor de sus territorios, que vienen siendo afectados de forma creciente por un conjunto de intereses económicos de diversa índole: ganaderos, minero-energéticos, madereros y cultivos de plantación (incluida la coca). Estos intereses en nada han contribuido al ascenso de estos pueblos hacia una vida mejor, sobre todo nada aportan para superar largos períodos de violencia, explotación y exclusión, que los han colocado en vías de extinción física y cultural, pues una rápida mirada sobre la situación de estos pueblos indígenas semi-nómades que tradicionalmente han vivido de la oferta ambiental de sus territorios, nos muestra las graves condiciones de inseguridad alimentaria y las limitaciones que tienen para superar la exclusión política, económica y social que les impide ocupar un lugar propio y digno en la región.
A estos pueblos no sólo se les ha perturbado su entorno con la ocupación que han hecho de sus territorios todos los actores económicos (legales o ilegales, civiles o armados, religiosos o laicos), también han sido lastimados por las actividades proselitistas de las iglesias, de los partidos políticos y de actores armados, actividades que se realizan bajo la mirada displicente del Estado.
En síntesis, se trata de una violencia social y estructural que ha comprometido su futuro como pueblos. Una situación que la Corte Constitucional de Colombia calificó como "un estado de cosas inconstitucional."
Buscando la tierra prometida y almas para evangelizar
En 1960 se asentó en 'Cumaribo' el Batallón Colombia, en terrenos que según el líder Juan Mendoza pertenecían al pueblo sikuani (allí estarían enterrados sus abuelos). Este batallón, dirigido por el teniente coronel Álvaro Valencia Tovar, tenía la tarea de neutralizar acciones armadas en la región, entre ellas las de Flavio Barney, reservista del ejército y comerciante de chiqui-chiqui, que se había levantado en armas para imponer su ley en la región. Según el relato de Hernando Sánchez (autoridad tradicional sikuani), "este bandolero" se había asentado en 'Puerto Mosco', sobre el río Vichada y se había apoderado de grandes extensiones de territorio sikuani.
Pocos años atrás había llegado a la región de Cumaribo un ciudadano de origen turco de apellido Mattar, a quien un "comisario especial encargado" adjudicó un baldío también en tierras indígenas. Posteriormente Mattar cede por 7.000 pesos parte de estas tierras a la comunidad religiosa monfortiana que en 1957 llega a la región, buscando tierras prometidas y almas para evangelizar.
Estos "siervos de Dios" iniciaron en lo que hoy es el resguardo indígena de Santa Teresita del Tuparro su obra misionera, evangelizando a los indígenas, pero de paso llenando copiosamente sus arcas con mano de obra indígena. Con el tiempo se convirtieron en "amos de indios"
Posteriormente los monfortianos entregaron ("vendieron" según los indígenas) su legado misional a la comunidad religiosa diocesana y con él los terrenos que habían adquirido del señor Mattar.
Hoy para los indígenas no existe ninguna duda de que esta apropiación de territorios indígenas, como la mayoría de usurpaciones de tierras indígenas en la Orinoquia ha sido ilegítima. En julio de 2005, cuando ya prosperaban en la región el llamado 'Cartel de Baldios', se realiza un acto de "protocolización de resolución de adjudicación de baldios... mediante la cual el Instituto de Desarrollo Rural, INCODER, le adjudica definitivamente a Parmenio Gómez Blanco, el terreno baldío denominado"Brisas" ubicado en el municipio de Cumaribo..." Este es el sustento legal que hoy esgrime el sacerdote diocesano Parmenio Gómez Blanco para disputarle a los indígenas este territorio de 550 hectáreas que generosamente y a manos llenas le adjudicó el INCODER.
A manera de conclusión
En estos momentos en que se realizan de forma ilegal grandes transacciones de tierra en la Altillanura orinoquence (todos municipios del Vichada), para desarrollar megaproyectos agroindustriales (palma aceitera, caña de azúcar, arroz, soja, sorgo...) y minero-energético, cobra vigencia la necesidad de prestar mayor atención a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, para evitar que las 'locomotoras' del desarrollo económico propuestas por el Estado, continuen atropellando a los pueblos indígenas.
Lo insólito de esta acción policial es que se desplieguen cuantiosos recursos para desalojar a indígenas, mientras no se le presta atención alguna a las denuncias de los indígenas sobre la invasión de los ríos de la selva Mataven (16 resguardos indígenas) por buscadores de oro colombianos, venezolanos y brasileros (garimpeiros) o que su territorio ancestral de Tojibo y Cupepe esté siendo invadido por ganaderos, o que los cultivos de coca (de nuevo en alza), vengan destruyendo los bosques de galería del territorio indígena ancestral de Aliba.
Pero lo más vergonzoso y humillante para los pueblos indígenas, es que sean los mismos indígenas, hoy empleados de la administración municipal, los que cumplen con su deber de ordenar el desalojo. El inspector de policía municipal, Javier Guillermo Espejo Mendoza, la persona que le solicita a la policía desalojar a los indígenas, es indígena, familiar del líder indígena Juán Mendoza, lo mismo que el jefe de Asuntos Indígenas del municipio de Cumaribo, Fredy Alberto Latorre Mendoza, que es su sobrino. La vergüenza es mayor habida cuenta que estos dos funcionarios tuvieron en sus manos dos días antes una circular de la dependencia de Asuntos indígenas del Ministerio del interior, que recomendaba no desalojar a los indígenas.A la exclusión política se estaría entonces añadiendo el fenómeno de subordinación de los intereses indígenas a los intereses de una emergente clase política de la Orinoquia, por medio de la cooptación de jóvenes indígenas. Para colmo de males, el Alcalde Ardulfo Romero Pardo, es del partido Alianza Social Indígena, elegido por los indígenas. Como reza el refrán popular, "pusieron a los chivos a cuidar el jardín".
De participar en esta afrenta, ni siquiera se salva el personero municipal, que en su comunicado oficial, hace esfuerzos por lavarle el rostro al alcalde, mostrando a 80 colonos como los "invasores" del predio "Brisas", lo que habría dado lugar a presentar la Querella Policiva por estos hechos. Y es que a falta de sustento legal, porque intuyen que los documentos que sustentan la propiedad del sacerdote diocesano son fágiles, se ensaya el deleznable argumento de que entre los "invasores" estarían los colonos, que habrían de "aprovecharse de la vulnerabilidad y necesidad de los pueblos indígenas", en palabras del comandante de la policía de Cumaribo: "al lado del enfermo está comiendo el alentado".
Como en 'Fuenteovejuna todos a una" toda la administración se pone de acuerdo para tapar el crimen. Contrario al lema que está plasmado en todos los comunicados oficiales del municipio: Kumalibo Yabara Dajitatsi(TODOS POR CUMARIBO), a partir del día 25 de junio podría leerse: Todos contra los indígenas.
http://www.desdeabajo.info/actualidad/colombia/item/24337-cumaribo-en-llamas-relato-de-un-atropello-bendecido.html
