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DEL REFERENDO REELECCIONISTA A LA MANIPULACIÓN



Foto: Efe

En solo cuatro meses, mucho ha cambiado en la política colombiana. El 17 de diciembre de 2008, a las 3:00 a.m., la plenaria de la Cámara había aprobado en segundo debate el proyecto del referendo para reformar la Constitución y permitir al presidente Álvaro Uribe aspirar a la segunda reelección.

El momento político para este cambio de las reglas del juego no podía ser peor. El derrumbe de las 'pirámides' mantenía a los habitantes de los departamentos del sur del país, y a miles en Bogotá, en conato de rebeldía y desórdenes; los coletazos de la crisis financiera mundial empezaban a sentirse en la economía; los principales medios de comunicación editorializaban en contra de un tercer mandato presidencial y sobre la parálisis de la agenda parlamentaria.

Voces del uribismo como Fabio Echeverri, líderes eclesiásticos como el cardenal Pedro Rubiano, y congresistas oficialistas como las senadoras Gina Parody y Marta Lucía Ramírez, entre otros, ya anunciaban sus críticas a la reelección.

A este estado de cosas se añadirían serios reparos a la financiación de la recolección de las firmas para sustentar la iniciativa popular y debates jurídicos sobre los efectos que tendrían los cambios en el enunciado de la pregunta que los congresistas habían aprobado.

En materia política, la ambigüedad del Presidente sobre su eventual aspiración en 2010 había generado fracturas en la coalición de gobierno entre los promotores de la nueva candidatura presidencial y quienes reclamaban espacio para los herederos como el ex senador Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical.

La confusión aumentaría con el respaldo abierto del Primer Mandatario a su ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, para lanzarse a una precandidatura en el Partido Conservador, socio principal de la coalición uribista. 

Este era el tormentoso panorama político, económico y social que CAMBIO registraba en su edición de mediados de diciembre, y el pronóstico era un 2009 turbulento y lleno de zozobra, caracterizado por el debilitamiento de la coalición gobiernista.

Sin embargo, cuatro meses después, si bien los pronósticos de incertidumbre política y empeoramiento de la situación económica se cumplieron, el referendo avanza y el Gobierno no da señales de que vaya a desistir de su intención.

Todo lo contrario. Se prevee que el martes 19 de mayo la plenaria del Senado apruebe en cuarto y último debate la iniciativa. El camino para preguntar en las urnas si los colombianos permiten que el presidente Uribe aspire por tercera vez a la primera magistratura superó así su segundo escollo después de la consecución de las firmas para radicar el proyecto en el Congreso.

Aunque aún quedan obstáculos por sortear, que no son simples formalidades y generan una buena dosis de incertidumbre, la posibilidad de que Uribe aparezca en el tarjetón de mayo de 2010 está cada vez más cerca.

Si bien el referendo debe superar la revisión de la Corte Constitucional y la prueba de fuego de los más de siete millones de votos, la pregunta que flota en el ambientes es: ¿Es imparable un tercer mandato de Álvaro Uribe? CAMBIO analiza los escenarios de una campaña presidencial 2010 con un referendo reeleccionista aún en trámite.

De escollos y apoyos

Desde el 6 de agosto de 2008, cuando el ex congresista Luis Guillermo Giraldo entregó a la Registraduría las más de cinco millones de firmas que respaldaban la iniciativa para reformar la Constitución y autorizar la segunda reelección de Uribe, el referendo capturó la agenda política.

El proyecto puso a prueba la unidad de las mayorías uribistas en la Cámara  y sirvió de test de lealtad a la segunda línea del liderazgo político del uribismo: la dirigencia conservadora, el ex senador Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, y el actual  ministro de Defensa Juan Manuel Santos.

Nueve meses después y terminado el trámite político, que el referendo siga vivo y coleando es, sin duda, un éxito de la Casa de Nariño y de los uribistas reeleccionistas.

Una mirada rápida al escenario de la coalición llevaría a pensar que el costo ha sido alto: el dilema de los conservadores y su consulta interna, la fractura de Cambio Radical y la carrera contra el tiempo para aspirantes con posibilidades como el ministro Santos.

Pero que la campaña presidencial de 2010 gire en torno a la decisión de un mandatario que entra en su séptimo año de gobierno, le quita a Uribe el fantasma de la intrascendencia política, típica del ocaso de una administración.

El intenso debate entre la Casa de Nariño y la oposición no ha generado rechazo en la opinión pública. Al contrario, según las encuestas Invamer-Gallup, el apoyo a la segunda reelección está en ascenso.

Si en diciembre de 2008 el 55 por ciento de los colombianos estaba de acuerdo, en mayo de 2009 el respaldo subió a 61 por ciento. El rechazo disminuyó de 41 a 37 por ciento en los últimos cuatro meses. Los guarismos confirman el argumento básico de los reeleccionistas: las mayorías quieren un tercer mandato de Uribe.

Pero mientras el referendo llega en las urnas, hay que superar una serie de escollos -formales e informales- que controvierten la idea de que el camino del referendo está despejado.

Entre los primeros están la conciliación de las diferentes versiones del proyecto aprobadas en Cámara y Senado, la revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, la aplicación de la Ley de garantías, el certificado de la Registraduría y el umbral de participación en las urnas.

En cada uno de estos puntos el referendo corre algún grado de peligro de hundirse o de que el tiempo de las decisiones se extienda de tal forma que no sirva a las intenciones de la Casa de Nariño.

Los dos obstáculos más fuertes están en la Corte Constitucional y en la Registraduría: la primera puede declarar inexequible el referendo, el Registrador puede negarse a certificar que la financiación cumplió los requisitos de ley.

Pero, además, la Registraduría debe organizar el proceso electoral que, usualmente toma cuatro meses, y que sumados a los meses de estudio en el máximo tribunal pondrían al Gobierno en una carrera contra el tiempo para que, efectivamente, Uribe pueda inscribir su aspiración presidencial.

Hay quienes sostienen que el referendo es un tema consumado después del trámite legislativo y que la revisión de la Corte es apenas una formalidad. No en vano, uno de los efectos de la primera reelección fue la designación por parte de la Casa de Nariño de altos funcionarios y magistrados que desequilibrarían el sistema de pesos y contrapesos.

No cabe duda, el presidente Uribe en sus dos mandatos ha podido escoger jueces del alto tribunal constitucional afines a sus ideas. 

Sin embargo, no es posible asumir de antemano que el resultado de la deliberación de la Corte es a favor del referendo. Hay complejidades jurídicas que los magistrados deben definir y que tomarán tiempo, como las recusaciones de algunos de ellos -requiere mayoría absoluta- y la decisión sobre a qué etapas del proceso del referendo hacerle control de constitucionalidad.  

Pero aun si el referendo pasa la prueba constitucional, debe someterse al último fogueo de las urnas y conseguir los 7,2 millones de votos necesarios para que supere el umbral de participación, que es casi equivalente al apoyo que obtuvo Uribe en las elecciones presidenciales de 2006.

Aunque dura, la tarea no es imposible para un presidente con 68 puntos de favorabilidad y 71 de apoyo a su gestión. "Los colombianos reconocen que Uribe tiene un compromiso con el país -afirma Carlos Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría-. Es una razón de peso para seguir respaldándolo".

A esto se suman los datos de la encuesta Invamer-Gallup de mayo: 59 por ciento de los encuestados "definitivamente votaría ese referendo". Si hay en el país un político capaz de movilizar esa cantidad de respaldo en un día cualquiera y como plebiscito a su labor, ese es Uribe.

Si el referendo supera los escollos formales, otras situaciones podrían echar al traste con la segunda reelección. Las primeras son de índole político.

Mientras el escenario de la reelección siga abierto, continuará la incertidumbre y la zozobra irá in crescendo. "La reforma afectaría la estabilidad de las reglas del juego y, por lo tanto, la confianza que sobre tales reglas debe existir entre contendores políticos -asegura el historiador Eduardo Posada Carbó- La repetida candidatura del Presidente afectaría la rotación del liderazgo en el poder, necesaria para oxigenar la democracia".

El bloqueo que están experimentado tanto líderes uribistas con aceptación en las encuestas -el ministro Santos-, como independientes al estilo del ex alcalde Sergio Fajardo, confirma estas apreciaciones.

Por otra parte, si el referendo sigue avanzando le daría a Uribe un aura de invencibilidad que aumentaría el estado de polarización y confrontación, y afectaría la institucionalidad política.

"Los efectos políticos de la reelección serían más que los jurídicos: el debilitamiento de los partidos y el fortalecimiento de las figuras personales (presidente) frente a las figuras institucionales (movimientos y partidos)", afirma el constitucionalista Juan Manuel Charry.

Pero no sólo se vería afectada la institucionalidad política, también la jurídica. Si la Corte Constitucional avala el referendo, el fallo tendría que estar blindado, ser inmaculado, para evitar golpes a su credibilidad y autonomía.

De todas maneras, el eventual empujón del alto tribunal redundaría en un peligroso aislamiento de la Corte Suprema que lleva años de duros enfrentamientos con el Presidente y siente amenazada su independencia.

Además, el aura victoriosa del Gobierno podría empujar a la oposición a intentar judicializar temas políticos internos en escenarios internacionales.

En el exterior, un tercer mandato de Uribe también tendría consecuencias. "Minaría la confianza internacional en nuestro sistema democrático, que se identificará entonces desde afuera con el caudillismo que con frecuencia ha dominado los destinos latinoamericanos", asegura Posada Carbó.

El país entraría al club de los países andinos -Venezuela, Ecuador y Bolivia-, que emplean la herramienta del referendo popular para reformar las constituciones a su gusto.

Por último, en caso de no obtener los votos necesarios en el referendo, el Gobierno se arriesga a una potencial catástrofe: un mandatario que moviliza siete millones de votos a las urnas pero que no puede inscribir su candidatura.

Esto desembocaría irremediablemente en unas lánguidas elecciones presidenciales en 2010 con un puñado de aspirantes que no alcanzarían a igualar el respaldo popular del ocupante de la Casa de  Nariño. Las consecuencias de esa voluntad popular 'traicionada' serían impredecibles.

Si no es Uribe, ¿quién?

Si en teoría al referendo le quedan algunos retos por delante, en la práctica está definiendo el tono y los protagonistas de la campaña entre sus propias tropas y en las  huestes de la oposición.

En especial en estas últimas. A pesar de los vaticinios de un difícil 2009 para el Gobierno por el desgaste político de la reelección, los graves y continuos escándalos -DAS, 'falsos positivos', negocios de los delfines... -, y la crisis económica, la mayoría de los colombianos continúa apoyando a Uribe.

Jorge Londoño, gerente de Invamer-Gallup, sostiene que "pese a sus falencias económicas, la gente no lo castiga porque ve sus resultados en el campo de la seguridad".

Por su parte, Napoleón Franco, de Pisos-Napoléon Franco, dice que "cuando Uribe fue electo el problema era la guerra terrorista, y los colombianos sienten hoy que todavía el conflicto no ha terminado y temen que con un cambio de gobierno éste resurja".

Así las cosas, no parecería tener mayores consecuencias electorales el hecho de que, según la más reciente encuesta Invamer-Gallup, el 49 por ciento de los encuestados desapruebe la gestión económica del Gobierno, el 69 por ciento la forma cómo Uribe maneja el desempleo y el 64 por ciento, el costo de vida.

Aunque a primera vista estas cifras le darían a la oposición argumentos sólidos y ganadores para contrarrestar el referendo y un eventual tercer mandato de Uribe, la realidad es otra.

El Presidente barre en todas las encuestas y, en ausencia de su nombre, los primeros puestos los ocupan aspirantes uribistas y el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo.

Los líderes opositores -desde el liberal Rafael Pardo hasta el presidente del Polo Carlos Gaviria- no marcan el contrapeso esperado dado el lugar prioritario del referendo en la agenda pública. 

"Los colombianos perciben que no hay un candidato que tenga un posicionamiento en seguridad o en materia económica que le pueda hacer contrapeso a Uribe", dice César Valderrama, gerente de Datexco-Opinómetro.

Y Londoño señala que la gente no percibe "la crisis económica como un problema mundial y no solo de Colombia, y por eso no culpa a Uribe".

En otras palabras, lo mismo que 2002 y en 2006, seguridad mata economía y eso beneficia el apoyo popular al referendo. A esto se suma que los opositores, con excepción de algunos debates parlamentarios, no han logrado encarnar una apuesta creíble en materia económica y de política social.   

No obstante, el avance del referendo podría darle sentido y propósito a la oposición para la campaña de 2010. A medida que la segunda reelección presidencial vaya sorteando los obstáculos, la idea de un frente unido será más atractiva.

No sería extraño que el jefe del Liberalismo, el ex presidente César Gaviria, o el ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, desplieguen una campaña anti-referendo que, en el caso de este último, aumentaría sus activos como eventual candidato presidencial el año entrante.

En conclusión, ni la segunda reelección del primer mandatario es un hecho cumplido, ni existe la completa seguridad de que el referendo supere los variados escollos que le quedan.

Pero lo cierto es que la creciente posibilidad de tener al presidente Álvaro Uribe en campaña presidencial en 2010 está generando serias consecuencias políticas, jurídicas, electorales y de política exterior: el bloqueo de nuevos liderazgos, el desequilibrio del sistema democrático, el ingreso al club de las democracias plebiscitarias y la subordinación de las angustias económicas a la agenda de seguridad.

http://www.cambio.com.co/portadacambio/828/5184733-pag-2_2.html

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