11 Mayo 2009 - 9:24 pm
EL ARGUMENTO ESENCIAL DE LOS DEfensores del referendo reeleccionista es que éste es legítimo y democrático porque responde a la voluntad popular.
Que fue convocado por el pueblo, pues es un referendo de iniciativa popular, y que será decidido también por el pueblo, pues serán los propios ciudadanos quienes votarán la propuesta. Pero la cosa no es tan sencilla.
Para comenzar, no es obvio que se trate de una iniciativa popular, pues el lío, aún no aclarado, de la financiación de las firmas, muestra que posiblemente hubo intereses turbios en la promoción del referendo. No estamos frente al pueblo colombiano autoconvocándose para cambiar la Constitución sino frente a una iniciativa de orígenes poco transparentes.
Pero más importante aún es que la democracia no se debe confundir con la aceptación de la voluntad desbordada de las mayorías. Por ejemplo, es evidente que sería antidemocrático que unas mayorías decretaran que de ahora en adelante el Gobierno será ejercido por un monarca, asesorado por sus amigos. Esa decisión, aunque fuera mayoritaria, sería inaceptable desde el punto de vista democrático, pues habría aniquilado el propio principio de mayoría y las bases del régimen democrático.
La continuidad y legitimidad de la democracia depende entonces del respeto de los presupuestos del proceso democrático. Una democracia genuina fortalece la participación y deliberación ciudadanas pero dentro de la garantía de los derechos humanos de todos, y en especial de las minorías. El principio de mayoría, para ser verdaderamente democrático, debe entonces ser limitado y acompañarse del respeto del Estado de derecho, que implica la separación de poderes y la sumisión de todos, y en especial del gobernante, a las leyes.
Este vínculo estrecho entre Estado de derecho y continuidad democrática no es una pura disquisición teórica; ha sido probado empíricamente. Sin Estado de derecho, ningún régimen democrático genuino ha persistido, como lo ha mostrado el gran filósofo italiano Norberto Bobbio.
Ahora bien, una nueva reelección en Colombia erosionaría gravemente el Estado de derecho, al menos por tres razones: de un lado, agravaría aún más el desequilibrio de poderes, pues el presidente Uribe terminaría por tener una influencia decisiva en casi todos los demás órganos de Estado; la separación de poderes quedaría herida de muerte.
De otro lado, rompería la idea de que la Constitución es una regla de juego a la que todos nos sometemos en forma duradera, precisamente para controlar los abusos de poder y asegurar los derechos de las personas. Se impondría la práctica de que el gobernante puede cambiar las reglas constitucionales para favorecer sus intereses.
Finalmente, porque Colombia entraría en la nefasta tradición latinoamericana del caudillismo, pues esta reelección tiene un propósito específico, que es la continuidad en el poder del presidente Uribe, quien es visto, incluso por él mismo, como el líder providencial irreemplazable. La perpetuación en el poder de un caudillo, incluso por medios plebiscitarios, es incompatible con la democracia, la cual implica la alternancia entre gobiernos electos popularmente.
Es cierto que los promotores del actual referendo no han tenido la desfachatez de la Constituyente de 1905, que estableció que el período presidencial era de cuatro años, salvo el período en curso, que sería de diez años, siempre y cuando estuviera “a la cabeza del gobierno el señor general Rafael Reyes”. Pero tampoco estamos muy lejos de esa idea de adaptar la Constitución al caudillo en el poder.
Por ello, en nombre del pueblo y de la democracia, esa reforma reeleccionista corre el riesgo de anular lo poco que queda en Colombia de democracia.
* Director del centro de estudios DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la U.Nacional.
· Rodrigo Uprimny
