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LA FRANCIA DE MACRON VUELVE A ARDER: LA CÓLERA POPULAR AMENAZA CON DESBORDAR AL PODER

Francia se levanta contra contra el "gran reajuste" que pretenden aplicar las clases hegemónicas galas: ¿hasta cuándo podrá Macron gobernar contra los asalariados?


M. MEDINA (*) 
Canarias-semanal.org/17/11/2026

Las protestas contra los bajos salarios, el deterioro de los servicios públicos y las políticas de Macron expresan un conflicto que va mucho más allá de las reivindicaciones inmediatas. ¿Está intentando el capitalismo francés recuperar su competitividad a costa de las conquistas históricas de los trabajadores?

Francia afronta una nueva oleada de conflictividad social. Las manifestaciones contra la pérdida de poder adquisitivo, la contención salarial y las restricciones presupuestarias han vuelto a enfrentar a los trabajadores con el Gobierno de Emmanuel Macron.

Mientras los sindicatos preparan nuevas movilizaciones, el conflicto revela una contradicción de fondo: las clases dominantes francesas están tratando de adaptar su economía a un escenario internacional cada vez más competitivo, trasladando buena parte de los costes de ese gran reajuste a la población asalariada.


UNA SOCIEDAD QUE VUELVE A SALIR A LA CALLE

Francia vuelve a vivir jornadas de agitación social que recuerdan algunos de los momentos más conflictivos de su historia reciente. Las calles de París, Lyon, Marsella y otras ciudades han sido escenario de manifestaciones contra el deterioro de las condiciones de vida.

Trabajadores del sector público, estudiantes, pensionistas y militantes de distintos movimientos sociales expresan un descontento que el Gobierno de Emmanuel Macron no consigue desactivar. La jornada de huelga convocada para el próximo 17 de noviembre constituye una nueva prueba para un Ejecutivo que intenta combinar concesiones muy limitadas con una política de contención del gasto público.

Las movilizaciones del 14 de noviembre confirmaron la persistencia del conflicto, aunque también evidenciaron que la participación oscila de una convocatoria a otra. La posibilidad de que las diferentes reivindicaciones terminen confluyendo en un movimiento de mayor envergadura constituye uno de los principales problemas políticos del Gobierno. Las protestas salariales, las demandas estudiantiles, las denuncias de violencia policial y el rechazo a las restricciones presupuestarias comparten un trasfondo reconocible: una parte de la sociedad considera que trabaja, paga impuestos y soporta sacrificios mientras las decisiones económicas fundamentales permanecen fuera de su alcance.

CUANDO TRABAJAR YA NO GARANTIZA LLEGAR A FIN DE MES

La cuestión salarial se ha convertido en uno de los principales detonantes de la protesta. El aumento acumulado de los precios durante los últimos años ha reducido la capacidad adquisitiva de amplios sectores de la población. Aunque los salarios nominales experimenten determinadas revisiones, lo que determina las condiciones materiales de existencia es su relación con el coste de la vivienda, la alimentación, la energía y los servicios indispensables.

El Gobierno francés ha recurrido a incrementos muy limitados del salario mínimo y a propuestas de negociación para responder al descontento. Pero las organizaciones sindicales consideran insuficientes unas medidas que, a su juicio, no compensan las pérdidas acumuladas. La discusión salarial adquiere así un significado político que supera ampliamente el porcentaje concreto de cada revisión.

Detrás de esta disputa se encuentra una cuestión de mayor alcance: cómo se distribuye la riqueza producida por el trabajo. En las relaciones capitalistas de producción, el salario representa una parte del valor generado por los trabajadores, mientras otra parte constituye la fuente de los beneficios empresariales. Cuando los precios aumentan más rápidamente que las remuneraciones, se modifica la distribución real de los ingresos, incluso aunque los salarios monetarios permanezcan formalmente estables.

Para los trabajadores, una subida insuficiente significa renunciar a consumo, ahorro o condiciones de vida. Para las empresas y las administraciones, las reivindicaciones salariales aparecen subordinadas a objetivos de rentabilidad, competitividad o disciplina presupuestaria. Son intereses materiales contrapuestos, por mucho que el lenguaje gubernamental procure presentarlos como problemas técnicos susceptibles de resolverse mediante acuerdos entre interlocutores sociales.

EL ESTADO EXIGE SACRIFICIOS, PERO ¿A QUIÉNES SE LOS EXIGE?

Uno de los principales escenarios de confrontación es la función pública. Los sindicatos denuncian que la contención de las remuneraciones y la insuficiencia de las revisiones salariales están erosionando el poder adquisitivo de los funcionarios. La situación afecta a trabajadores que desempeñan funciones esenciales en la administración, la enseñanza, la sanidad y otros servicios colectivos.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha intentado abrir negociaciones con las organizaciones sindicales, pero las diferencias sobre las remuneraciones y las condiciones laborales persisten. El conflicto supera ampliamente la discusión sobre las nóminas de los empleados públicos. Durante décadas, las administraciones europeas han utilizado los límites del gasto como argumento para contener los salarios, restringir las plantillas o reorganizar servicios conforme a criterios de eficiencia económica.

Los presupuestos del Estado constituyen también un terreno de confrontación entre clases sociales. Cada decisión sobre salarios públicos, fiscalidad empresarial, inversiones o subvenciones expresa determinadas prioridades políticas. Los gobiernos pueden alegar restricciones financieras reales, pero la forma de distribuir los recursos disponibles depende de qué intereses consideran preferentes.

Por eso resulta insuficiente explicar las protestas francesas como una reacción emocional ante el encarecimiento de la vida. Los manifestantes cuestionan, con diferentes grados de conciencia política, la distribución de los costes económicos y la capacidad efectiva de los ciudadanos para intervenir en las decisiones que condicionan su existencia.

EL "GRAN REAJUSTE" DEL CAPITALISMO OCCIDENTAL: POR QUÉ LAS ÉLITES SE RESISTEN A CEDER

La fuerte resistencia de las clases dominantes francesas a realizar concesiones sociales debe situarse, además, en el contexto de la profunda reestructuración que atraviesa el capitalismo occidental. El ascenso de China como gran potencia industrial, tecnológica y comercial, la competencia por los mercados internacionales y el encarecimiento de determinados recursos estratégicos están alterando las condiciones sobre las que las economías europeas construyeron su prosperidad durante las últimas décadas.

Francia, como también sucede con otras potencias occidentales, afronta crecientes dificultades para conservar sus posiciones en esa competencia. La respuesta de importantes sectores del capital consiste en intentar recuperar rentabilidad y competitividad mediante una redistribución regresiva de la riqueza:

- contención salarial,

- flexibilización laboral,

- reducción relativa del gasto social

- y transferencia de recursos públicos hacia las grandes empresas y el rearme.

Desde esta perspectiva, la inflexibilidad gubernamental adquiere una explicación que supera las necesidades presupuestarias inmediatas. Las concesiones sustanciales a los trabajadores podrían dificultar una estrategia de reajuste que pretende modificar de forma duradera las relaciones entre capital y trabajo. Ahí reside una contradicción fundamental: cuanto más presionan las clases dominantes para imponer nuevos sacrificios sociales, mayor es el riesgo de desencadenar resistencias capaces de cuestionar sus políticas y la legitimidad de las instituciones que las ejecutan.

LOS CHALECOS AMARILLOS REGRESAN A UN ESCENARIO QUE CONOCEN BIEN

La reaparición de los chalecos amarillos añade un elemento significativo. El movimiento surgido en 2018 contra el aumento de los impuestos sobre los carburantes terminó convirtiéndose en una protesta mucho más amplia contra las desigualdades sociales y la política de Emmanuel Macron. Su principal característica fue la incorporación de sectores populares que no participaban habitualmente en las estructuras sindicales tradicionales.

Ocho años después, una parte de aquellos activistas vuelve a movilizarse junto a organizaciones estudiantiles y sindicales. Las manifestaciones del 14 de noviembre reunieron reivindicaciones sobre salarios, educación, protección social y actuaciones policiales. Según el Ministerio del Interior, participaron 106.000 personas; las organizaciones estudiantiles elevaron la cifra a 200.000. Estas diferencias de estimación no alteran un hecho: el movimiento mantiene una presencia significativa, aunque todavía está lejos de consolidar una movilización generalizada y permanente.

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