«Ni el Estado ni los politiqueros, ¡solo el pueblo salva al pueblo!»
Revolución Obrera
agosto 17, 2026
Hay momentos en los que un gobierno tiene que demostrar que entiende la gravedad de lo que está ocurriendo. Una tragedia no se enfrenta con propaganda, fotografías ni símbolos de campaña, se enfrenta con capacidad institucional, recursos, logística y, sobre todo, con respuestas concretas para quienes lo han perdido todo.
Buenaventura, igual que muchas zonas del país conoce demasiado bien el abandono. Mucho antes de la emergencia actual, ya conocía una pobreza que no puede explicarse únicamente por un desastre natural. En 2024 la pobreza multidimensional (la pobreza multidimensional es la falta de varios recursos y oportunidades que afectan a las personas) fue del 42 %, según el análisis del Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca con información del Sisbén IV. Esto significa que aproximadamente 4 de cada 10 personas registradas en la medición enfrentaban privaciones simultáneas en dimensiones como educación, salud, trabajo, vivienda y servicios públicos.
Ese 42 % fue el porcentaje más alto del Valle del Cauca entre los municipios analizados. El promedio departamental fue de 19,55 %, por lo que Buenaventura tenía una incidencia de pobreza multidimensional más del doble del promedio del departamento. Para ponerlo en perspectiva, Cali registraba alrededor del 13 % en esa misma medición del Sisbén IV, mientras Buenaventura alcanzaba el 42 %.
En medio de todos estos números que reflejan una realidad trágica para la población bonaverense, empeoró con el desastre natural del 10 de agosto, pues en estas regiones no se está atendiendo una emergencia desde condiciones de normalidad, sino desde una situación histórica de precariedad.
Por eso, ante esta realidad resulta difícil no preguntarse qué prioridades tiene un gobierno cuando, en medio de esta emergencia, aparecen balones marcados con el logo de su partido y ojo, el problema no es el deporte, ni los niños que juegan fútbol, el problema es que es humillante una respuesta tan fantoche y fuera de contexto, cuando hay familias que necesitan agua potable, alimentos, medicamentos, cobijas, colchonetas, ropa, herramientas para remover escombros y lugares seguros donde dormir, mientras que De La Espriella destina recursos públicos a objetos promocionales de su gobierno algo que sin duda alguna, desata la ira del pueblo colombiano, porque un balón no alimenta a una familia damnificada, ni reemplaza una botella de agua, ni sirve como techo, ni retira una tonelada de escombros y mucho menos reconstruye una vivienda.
Y si esos balones fueron adquiridos con recursos públicos o con donaciones específicas para atender la emergencia, ¿cuánto costaron y cuánto habría podido hacerse con ese dinero si se hubiera destinado directamente a la atención humanitaria? No se trata de especular sobre cifras, pero sí de exigir transparencia sobre cada peso gastado durante una emergencia, porque la propaganda -y sobre todo la politiquera- puede esperar, pero el hambre no.
Además, una emergencia exige remover escombros, encontrar desaparecidos, garantizar agua y alimentos, habilitar refugios, restablecer vías y comunicaciones, atender heridos, proteger a niños, personas mayores y comunidades vulnerables y comenzar cuanto antes la recuperación de las viviendas destruidas. Sobre todo en los casos de las regiones más olvidadas del país, donde además, existen dificultades históricas de conectividad e infraestructura que hacen todavía más compleja cualquier operación de rescate y asistencia. Durante la actual emergencia se ha reportado que municipios afectados enfrentan problemas de acceso y limitaciones de recursos para responder a la calamidad.
Por eso es legítimo cuestionar y denunciar este tipo de acciones que privilegia, sobre las necesidades de nuestros hermanos, la imagen de un fantoche que en lugar de atender la emergencia, se aprovecha de ella; un funcionario puede fotografiarse entre los escombros, pero la fotografía no equivale a una política pública; el presidente puede visitar una comunidad damnificada, pero la visita no sustituye un plan de emergencia; el gobierno puede llevar sus símbolos, pero eso no sustituye la necesidad de los alimentos, el agua, las medicinas y los elementos de protección -que de hecho no ha garantizado-.
Frente a las fantochadas del poder, el pueblo colombiano aparece una y otra vez en las tragedias con su solidaridad que sí salva vidas. Solidaridad que se concreta en quienes recogen alimentos, preparan una olla comunitaria, prestan una camioneta para transportar donaciones, remueven escombros, organizan centros de acopio, clasifican medicamentos, agua, alimentos y ropa. Solidaridad de quienes cocinan para desconocidos, de quienes se meten al barro para ayudar a sacar a otra persona… Esa solidaridad no necesita un logo, necesita coordinación, honestidad y canales efectivos para que las ayudas lleguen realmente a quienes las necesitan.
De hecho, ante el terremoto y las afectaciones en diferentes regiones del país, se han activado campañas de donación de alimentos, elementos de higiene, primeros auxilios, cobijas y colchonetas, con resultados que de verdad nos conmueven, porque dejan ver en concreto como es que el pueblo salva al pueblo. Y de hecho, en el exterior también se organizaron para recolectar alimentos, ropa, medicamentos y artículos de higiene. Sin embargo, existen denuncias de personas que intentan enviar ayudas desde los consulados y encuentran obstáculos, un asunto que debe denunciarse por parte de quienes encuentran bloqueo en sus donaciones, porque desde ningún punto de vista sería aceptable que la burocracia impidiera que una ayuda legítima llegue a una población que la necesita, en una emergencia, facilitar la solidaridad debería ser una obligación del Estado, no un obstáculo más.
La respuesta frente a una catástrofe no debería medirse por la cantidad de fotografías que producen los funcionarios, sino por la cantidad de vidas protegidas, familias atendidas, personas rescatadas, viviendas recuperadas y recursos administrados con transparencia.
Mientras el gobierno llega con balones estampados con el nombre de partido político, la gente común vuelve a demostrar que sabe qué significa la palabra solidaridad.
Por ello, en medio de esta tragedia, exijamos infraestructuras seguras, hospitales dignos, escuelas adecuadas, vías, sistemas de agua potable, vivienda resistente, empleo, alimentación y protección real del medio ambiente, y, sobre todo, garantizar que los recursos destinados a ello lleguen realmente a las comunidades.
El llamado sigue siendo a la solidaridad independiente de las puestas en escena del gobierno y alcaldías que no empatizan con el pueblo y su tragedia, sigue siendo allegar las donaciones garantizando que se entreguen a quienes las necesiten, sigue siendo establecer los lugares de refugio, las ollas comunitarias, la atención médica y psicológica de quienes fueron afectados.
Y paralelo a las acciones de solidaridad, están las acciones políticas, no podemos dejar de exigirle al Estado la atención a esta emergencia, pues al fin de cuentas son recursos públicos los que están usando. Tampoco podemos dejar de denunciar las acciones que emprende De la Espriella, donde se aprovecha de la tragedia para permitir la incursión del sionismo, recibir millones de dólares, e invisibilizar los bombardeos en otras zonas del país que ya deja saldos de campesinos muertos y desaparecidos.
Esta es la manera de concretar la consigna «Ni el Estado ni los politiqueros, ¡solo el pueblo salva al pueblo!» organizando toda esta labor con las Asambleas Populares, que dirijan toda la acción de solidaridad, exigencias y denuncias, de manera organizada, directa e independiente.
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