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BOMBARDEO DE TERROR: LA GUERRA CONTRA LOS CIVILES

Hemos normalizado una estética de la guerra que disfraza su esencia: la violencia insensible sobre los más débiles

10 de abril de 2026, Beirut, Líbano: Se observa una imagen de ultrasonido de una mujer embarazada, posible víctima de un ataque aéreo israelí, entre los escombros de un edificio que se derrumbó en Beirut. Crédito: Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press

Clara López Obregón. Economista, abogada y política colombiana. Actualmente se desempeña como senadora de Colombia por el Pacto Histórico.
diario-red.com/21/04/2026

Hay algo profundamente inquietante en la forma en que hoy vemos la guerra: explosiones limpias en pantalla, columnas de humo a distancia, mapas tácticos, declaraciones de precisión quirúrgica. Lo que no vemos —o se nos oculta— es el cuerpo humano destrozado, la familia enterrada bajo escombros, el niño que no tenía nada que ver con ningún objetivo militar. Hemos normalizado una estética de la guerra que disfraza su esencia: la violencia insensible sobre los más débiles.

El concepto existe y no es nuevo: bombardeo de terror. Así se denominó, después de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia de atacar ciudades para quebrar la voluntad de la población civil. Dresden, Hiroshima, Nagasaki no son solo episodios históricos: son advertencias éticas que la humanidad decidió, al menos en el papel, no repetir.

El derecho internacional posterior a 1945 fue claro en su propósito: evitar que la guerra volviera a dirigirse contra los civiles. La Carta de las Naciones Unidas limitó drásticamente el uso de la fuerza. Los Convenios de Ginebra y el Protocolo I de 1977 establecieron principios inequívocos: distinción entre combatientes y civiles, prohibición de ataques indiscriminados, proporcionalidad en el uso de la fuerza y obligación de proteger a la población civil. No son principios retóricos. Son la línea que separa la guerra —ya de por sí trágica— de la barbarie.

Sin embargo, hoy asistimos a una peligrosa regresión. En Gaza, en Líbano, en Siria, en Irak, y ahora en Irán, los bombardeos sobre zonas densamente pobladas se han convertido en el instrumento preponderante de la acción militar. Se argumenta que existen objetivos legítimos ocultos entre la población. Pero el derecho internacional es claro: la presencia de combatientes no convierte a los civiles en objetivos legítimos ni autoriza su destrucción masiva.

Dresden, Hiroshima, Nagasaki no son solo episodios históricos: son advertencias éticas que la humanidad decidió, al menos en el papel, no repetir

Cuando el medio elegido —bombas de gran poder en áreas urbanas— hace previsible la muerte de cientos o miles de civiles, la pregunta jurídica y moral es inevitable: ¿se está atacando un objetivo militar o se está aceptando, como costo asumido, la devastación de la población?

En ese punto, el lenguaje de la “precisión” se convierte en una forma de encubrimiento.

Las recientes declaraciones de Donald Trump agravan esta preocupación. Amenazar con “borrar una civilización” o destruir infraestructura civil esencial no es solo una bravata política. Se trata de una ruptura abierta con los principios más básicos del derecho internacional, agravada por provenir de quien dirige una potencia con capacidad militar sin precedentes.

Frente a este panorama, resulta particularmente significativa la voz del Papa León. Su autoridad moral no proviene de poder militar alguno, sino de una tradición ética que, desde hace siglos, ha intentado imponer límites a la guerra. Su advertencia es sencilla y contundente: en el mundo contemporáneo, la noción de “guerra justa” es cada vez más difícil de sostener cuando se utilizan medios de destrucción que hacen imposible proteger a los inocentes.

Hoy asistimos a una peligrosa regresión. En Gaza, en Líbano, en Siria, en Irak, y ahora en Irán, los bombardeos sobre zonas densamente pobladas se han convertido en el instrumento preponderante de la acción militar

Atacar esa voz no la debilita; al contrario, revela la incomodidad del poder cuando es confrontado con la moral.

Lo más preocupante, sin embargo, no es solo la acción de los Estados que bombardean, sino la debilidad de la respuesta internacional. La Unión Europea vacila, matiza, declara sin actuar. Naciones Unidas advierte, pero carece de capacidad efectiva para detener la escalada. La llamada “comunidad internacional” parece más preocupada por gestionar el lenguaje que por frenar la barbarie. Así, el mundo corre el riesgo de normalizar lo que el derecho intentó proscribir: la guerra contra los civiles como método.

No se trata de negar el derecho de los Estados a defenderse. Se trata de recordar que la defensa no es una licencia para la devastación. Que la seguridad no puede construirse sobre la destrucción indiscriminada de poblaciones. Que hay límites que, si se cruzan, no solo destruyen al adversario, sino también el orden moral y jurídico que pretende sostenernos como civilización.

Aceptar el bombardeo de terror como método de guerra es cruzar una línea civilizatoria. La historia ya nos mostró el precio. Persistir en ese camino no es solo un error político. Es una renuncia ética.

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