Trump está usando un vacío legal para reconstruir la arquitectura de seguridad en el continente
No se trata solo de una retórica injerencista. Trump ha vinculado el concepto de narcotráfico con terrorismo para blindar sus intenciones y justificar cualquier operación militar en estos tres países
“Le da rabia al señor Trump que yo no apoye con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No señor. A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos que hay cuatro millones de colombianos a que nos maten como en Gaza”
Resumen Latinoamericano
25 de Noviembre de 2025.
Ha acusado a dos presidentes latinoamericanos de ser líderes del narcotráfico, ha desplegado miles de efectivos militares, barcos de guerra, su mayor portaviones y hasta un submarino de ataque nuclear en aguas del Caribe con el objetivo de “combatir” las redes de tráfico de drogas. Todo esto mientras le propone a un tercer país de la región una intervención para “echarle una mano” con ese mismo propósito.
Venezuela, Colombia y México se han convertido en los objetivos no tan nuevos de la política exterior de Donald Trump.
El candidato que durante su campaña cuestionó las aventuras bélicas de Estados Unidos en el extranjero, una vez convertido en presidente en su segunda temporada, está dispuesto a iniciar una guerra contra naciones latinoamericanas bajo la excusa de combatir el narcotráfico.
Pero no se trata solo de una retórica injerencista. Trump ha vinculado el concepto de narcotráfico con terrorismo para blindar sus intenciones y justificar cualquier intervención.
La clave está en un vacío legal: una zona gris de la legislación estadounidense que nunca fue pensada para clasificar a pandillas y cárteles como terroristas, pero que tampoco lo prohíbe de forma explícita. Trump y su equipo legal entendieron que ese hueco podía ser la puerta para un nuevo tipo de intervención: una reinterpretación expansiva del terrorismo, aplicada a fenómenos hasta ahora tratados como criminales o sociales.
¿Cuáles son las razones que esgrime la Casa Blanca para desplegar fuerzas militares en el Caribe y explotar lanchas en alta mar? ¿En qué consisten los objetivos reales de Donald Trump respecto a Venezuela, Colombia y México? En este reportaje nos acercamos a las respuestas de esas interrogantes.
Base legal y constitucional que Trump usa para justificar ataques
La administración Trump ha invocado un conjunto de normas legales y constitucionales para justificar ataques contra organizaciones extranjeras que consideran terroristas. Entre ellas se encuentra la Orden Ejecutiva 14157 (20 de enero de 2025) que designa ciertos cárteles y redes criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras utilizando de base otras dos normativas legales que le sirven de precedente.
En primer lugar la Ley de Emergencia Económica Internacional (IEEPA). Esta legislación “faculta al presidente para declarar una amenaza inusual y excepcional a la seguridad federal, la política exterior y la economía de Estados Unidos que se origine total o parcialmente fuera de Estados Unidos. También le faculta para restringir transacciones y congelar activos en respuesta a dicha declaración”.
En segundo lugar aparece la Orden Ejecutiva 13224, una directiva firmada por el entonces presidente Bush el 23 de septiembre de 2001. “Esta Orden otorga al Gobierno de los Estados Unidos una poderosa herramienta para impedir la financiación del terrorismo y forma parte del compromiso nacional de liderar la iniciativa internacional para poner fin al flagelo de la actividad terrorista”.
La Casa Blanca refiere en la Orden Ejecutiva 14157 que las actividades de los Cárteles “amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de los Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.
Una declaración de peso que prepararía el escenario para los posteriores pasos hacia varios países de América Latina.
Además, la administración de Donald Trump ha hecho uso de la autoridad del Presidente como Comandante en Jefe (Artículo II de la Constitución de EE.UU.) que permite al jefe de estado usar fuerza militar contra amenazas extranjeras, incluyendo aquellas consideradas dentro de un “conflicto armado no internacional”.
Y por último, y no menos importante, su equipo ha incluido en el paquete legal la autorización de uso de Fuerza Militar (AUMF) de 2001. Originalmente creada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, ha sido interpretada como un precedente para acciones militares contra organizaciones que el presidente de Estados Unidos considere terroristas.
Este conjunto de normativas legales permiten a la administración estadounidense realizar sanciones, operaciones militares y presiones diplomáticas sin requerir la aprobación directa del Congreso. La estrategia combina autoridad ejecutiva, designaciones legales y argumentos constitucionales.
El objetivo va más allá de combatir el narcotráfico: es redibujar la arquitectura de seguridad hemisférica y aumentar la influencia estadounidense sobre gobiernos y recursos estratégicos.
Venezuela: el principal objetivo
Todas las opciones de guerra cognitiva conocidas desde la teoría se han aplicado en la práctica contra Venezuela. Cuatro meses atrás se empezó a construir un escenario donde Nicolás Maduro sería el villano hasta el punto que la fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi lo acusó sin evidencias de liderar el Cártel de los Soles y tener vínculos con el tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
Bondi aumentó a 50 millones de dólares la recompensa ofrecida por información que condujera a su captura. A eso le siguió la autorización pública a la CIA para realizar operaciones en Venezuela, mientras ya se posicionaba en el Caribe el mayor despliegue militar estadounidense visto en décadas.
El gobierno de Estados Unidos comenzó a publicar videos de explosiones que identificaron como ataques contra lanchas nartotraficantes. Hasta el momento han muerto 83 personas en 21 ataques conocidos. Sin embargo, las fuerzas del Pentágono no han mostrado ubicación exacta de dónde ni cuándo ocurrieron las explosiones ni vínculos comprobados de esas embarcaciones con redes de narcotráfico. Se trata de ataques extraterritoriales y asesinatos contra latinomericanos.
“Todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera que es la principal reserva petrolera y la cuarta reserva de gas del mundo”, declaró recientemente el mandatario Nicolás Maduro.
El presidente de Venezuela sostiene que la etiqueta de terrorismo amenaza al propio Estado venezolano y lo pone en el blanco de sanciones y operaciones extraterritoriales, bajo acusaciones que carecen de pruebas.
En las últimas semanas, el magnate republicano ha afirmado que los ataques en el mar se extenderían al territorio venezolano y que los días de Maduro como presidente de Venezuela estaban contados, aunque ha descartado por el momento una guerra con el país latinoamericano.
Sin embargo, la cifras oficiales desacreditan el discurso de Trump. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2025 publicado por Naciones Unidas, Venezuela se ha consolidado como un territorio libre del cultivo de hoja de coca, marihuana y productos similares, así como de la presencia de cárteles criminales internacionales. Solo el 5 por ciento de la droga colombiana transita por Venezuela.
El informe de la ONU señala que el epicentro de la actividad sigue estando en los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Bolívia), pero el énfasis en la producción se concentra en Colombia. En el presente, este país registra 67 por ciento de los cultivos mundiales de hoja de coca.
“El Fantástico Cártel de los Soles: Ficción al estilo Hollywood, es una creación de la imaginación de Trump. Supuestamente está liderado por el presidente de Venezuela, pero no se menciona en el informe de la principal agencia antidrogas del mundo, ni en los documentos de ninguna agencia europea ni de casi ninguna otra agencia anticrimen del mundo. Ni siquiera una nota a pie de página”, expresó en un artículo reciente Pino Arlacchi, quien fue director Ejecutivo de la Dirección de la ONU para el control de Drogas y Crímenes de 1992 a 2002.
México: soberanía en primer plano
Desde la nación vecina de Estados Unidos, México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: México no permitirá ninguna intervención extranjera.
«Nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero y hay colaboración y hay coordinación pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención. Ya lo dije la última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio», afirmó la mandataria.
La preocupación de Sheinbaum va más allá de los cárteles: la reinterpretación del terrorismo podría criminalizar redes migratorias y justificar operaciones estadounidenses dentro de México. Para el gobierno, aceptar la etiqueta sería ceder soberanía y abrir la puerta a sanciones y presiones diplomáticas que podrían desestabilizar al país.
Durante una visita en septiembre, el secretario de estado Marco Rubio elogió el trabajo conjunto entre ambos países para combatir el tráfico de drogas y citó como ejemplo la entrega por parte de México de 55 narcotraficantes de alto nivel a la justicia de Estados Unidos.
Según expone el diario español El País, Rubio busca suavizar las afrentas de Trump cada vez que este ha azuzado el avispero de la intervención y ha propuesto replicar los ataques contra embarcaciones con operaciones terrestres en suelo mexicano.
El secretario de estado estadounidense ha dicho en referencia a México “podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, compartiendo inteligencia, y con todo tipo de cosas que podríamos hacer si lo piden”, haciendo énfasis en que México primero tendría que pedir formalmente esa ayuda.
No obstante, las señales de la Casa Blanca parecen ser contradictorias. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó en una rueda de prensa hace apenas dos días que aunque han visto “avances históricos por parte de la presidenta Sheinbaum y su administración en México en lo que respecta a la lucha contra los carteles”, el presidente (Trump) está muy interesado “en tomar medidas adicionales contra los carteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto”, agregó la portavoz.
Colombia: Se están metiendo con la patria de Bolívar
“Le da rabia al señor Trump que yo no apoye con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No señor. A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos que hay cuatro millones de colombianos a que nos maten como en Gaza”, respondió Petro en entrevista con Univisión ante la retórica injerencista de Trump contra Venezuela. Una posición que poco tiempo después la Casa Blanca extendería a Bogotá.
En octubre de este año, el mandatario estadounidense calificó a Gustavo Petro como un como un líder narcotraficante, nuevamente sin evidencias. En represalia, Washington suspendió la asistencia financiera a Colombia.
“Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París y no viven en las lanchas donde caen los misiles y solo matan pobres y solo matan migrantes latinoamericanos. Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump”, respondió el presidente colombiano quien ya había denunciado desde Naciones Unidas las intenciones reales de Trump con su despliegue en el Caribe.
Mientras Washington acusa al gobierno colombiano de no combatir lo suficiente el tráfico de drogas, las cifras recientes cuentan otro relato.
A finales de octubre, Petro declaró que desde agosto de 2022, su Ejecutivo ha incautado unas dos mil 700 toneladas de cocaína en el Caribe y el Pacífico, lo que calificó como la mayor incautación de cocaína que haya hecho un Gobierno en la historia del mundo.
«No he disparado un solo misil ni matado personas para ello. No se justifican los bombardeos con misiles a personas en absoluta desigualdad de fuerzas. Rompen los tratados internacionales», afirmó Petro.
También las autoridades de la nación latinoamericana anunciaron a finales de la semana pasada la mayor incautación de cocaína en la última década. Unas 14 toneladas fueron decomisadas en el mayor puerto colombiano del pacífico
Petro informó que ya se han autorizado 800 extradiciones de delincuentes pedidos por las justicias de Estados Unidos, España, Argentina y otras naciones.
Pero al parecer, ninguno de esos datos llegan al despacho oval de la Casa Blanca.
“Dijo Trump: Colombia está fuera de control. Claro que está fuera del control de él. En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia. Aquí no aceptamos reyes”, respondió el mandatario colombiano en entrevista a Univisión.
Redefinir el terrorismo cambia las reglas del juego
La nueva estrategia de Trump busca vincular terrorismo con narcotráfico y amparar cualquier decisión en órdenes ejecutivas y leyes creadas para otros contextos. La lupa está puesta en América Latina, en particular en controlar recursos, territorialidad y gobernanza de esos tres países.
Lo que está en juego no es solo semántico. Redefinir el terrorismo altera:
- Quién puede ser perseguido extraterritorialmente.
- Qué tipo de acciones militares son permisibles.
- Qué gobiernos pueden ser sancionados.
- Cómo se gestionan migraciones, protestas y crimen organizado.
Está claro que el despliegue militar en el Caribe busca intimidar a Caracas antes que lograr objetivos concretos respecto a la lucha contra las drogas.
“Un barco destructor es tres veces más caro que un guardacostas y no contribuye a desmantelar las sofisticadas redes del narcotráfico internacional”, señala un reporte del sitio web El Orden Mundial, el cual destaca que la incautación récord de drogas en la frontera estadounidense de 2024 vino de la mano de un aumento del personal de inspección y el uso de tecnología puntera para identificar cargamentos sospechosos.
Paradójicamente, Estados Unidos continúa siendo el principal proveedor de armas de los grupos criminales a los que pretende combatir. Entonces los objetivos públicos van por un lado y las intenciones reales por otro.
Trump está usando un vacío legal para reconstruir la arquitectura de seguridad en el continente, sin necesidad de cambios legislativos y sin consenso regional.
Venezuela, México y Colombia perciben la amenaza desde distintos ángulos, pero todos coinciden en que la reinterpretación del terrorismo podría transformar la política de seguridad regional y sobre todo poner en riesgo la soberanía de América Latina.
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Fuente: Almayadeen, en:
