Defender la Ley 91/1989 que creó el FOMAG es fomentar la corrupción
Por JOSÉ ARNULFO BAYONA*
lanuevaprensa.com.co
La Ley 43 de 1975, que nacionalizó la educación pública, fue una conquista de FECODE; mediante la cual, la Nación asumió la financiación de la educación y el pago de salarios y prestaciones sociales de las y los educadores, nacionales y territoriales, al servicio de la educación pública; lo cual permitió que se nivelaran los salarios de las y los docentes de escuelas y colegios públicos en todo el país que registraban enormes brechas salariales entre maestros y maestras de departamentos pobres y departamentos con mayores recursos.
Pero los servicios de salud y el pago de las prestaciones sociales siguieron en manos de los gobiernos bipartidista (liberales–conservadores) departamentales, que acumularon una deuda gigantesca porque no pagaron ni prestaciones, ni prestaron el servicio de salud a docentes y trabajadores de dichas entidades. Las pensiones, las prestaciones y la salud fueron convertidas en botín de corruptos funcionarios que administraban las Cajas de Previsión. Para subsanar esta anomalía, por acuerdo con FECODE, después de muchas jornadas de paros y movilizaciones, el gobierno expidió la Ley 91/1989, mediante la cual se creó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG – como una cuenta especial de la Nación, sin autonomía administrativa y sin personería jurídica, cuyos fondos serían manejados, mediante una cuenta de fiducia, administrada por la “Fiduciaria La Previsora”, una entidad privada conformada por el Estado como aportante del 90% de su capital y entidades privadas que aportan el 10%; la fiducia captaba los recursos por estos conceptos, los cuales eran destinados a la atención en salud del gremio docente; así como, al pago de sus prestaciones sociales. La voluminosa deuda de los departamentos se incorporó al patrimonio del fondo, al cual, dichas entidades deberían amortizar periódicamente, pero nunca lo hicieron, porque sus corruptos administradores se robaron los aportes de la nación y los del magisterio, así como los de los demás trabajadores y trabajadoras públicos departamentales, llevaron las cajas a la crisis y las arruinaron.
El FOMAG es administrado por una junta directiva integrada por cinco miembros, tres delegados del gobierno, el ministro de hacienda, el ministro de trabajo y el ministro de educación o, sus respectivos delegados y dos delegados de la organización nacional del magisterio que cuenta con el mayor número de afiliados; es decir, FECODE. Los cinco miembros directivos participan con voz y voto y el presidente de la fiduciaria asiste a reuniones con voz y sin voto. En materia de prestación de los servicios de salud y el pago de prestaciones sociales, la junta directiva toma las decisiones a propuesta de la fiduciaria; de esta manera, se contratan los servicios de salud y se programa el pago de las prestaciones. Nótese que todas las decisiones deben contar con el voto, positivo o negativo, de los dos delegados de la federación.
Así las cosas, en materia de seguridad social en salud, el magisterio pasó de un sistema público, caótico y en quiebra a un sistema privado, la fiduciaria La Previsora, encargado de contratar, mediante licitación, los servicios de salud del magisterio con empresas privadas, (hospitales, clínicas, etc.) y seleccionadas mediante tales licitaciones aprobadas por la directiva del FOMAG (3 del gobierno y dos de FECODE) a propuesta de la fiduciaria, y adjudicadas, con el visto bueno de la directiva, por la fiduciaria a las empresas que supuestamente “cumplan” con los requisitos o parámetros señalados en los pliegos de dichas convocatorias.
Las prestaciones sociales, (Pensiones, Cesantías, licencias, etc.) pasaron a ser liquidadas y pagadas por la fiduprevisora, que es una entidad privada regida por el derecho privado. Como “escoba nueva barre bien”, reza el adagio popular, las 10 empresas contratadas para prestar el servicio de salud funcionaron aceptablemente, atendiendo al carácter de régimen especial del magisterio; desde entonces, no cobran copagos ni cutas moderadoras, pero establecieron una cápita de aproximadamente $2.400.000 por afiliado, 1.6 veces mayor que el pagado por la ADRES a las EPS de $1.580.000 anuales por afiliado o afiliada, atiendan o no, se enfermen o no las y los afiliados o sus familiares. Lo cual quiere decir que la atención debería ser mucho mejor. Pero, nunca ha sido así. Su funcionamiento regular llevó a FECODE a calificarlo como “La Joya de la corona” y la declaró inmodificable.
La ley 91/1989 fue la antecesora de la Ley 100/1993 que privatizó la salud de las y los colombianos de la clase trabajadora (régimen contributivo) y la población más pobre del país (régimen subsidiado). Las dos leyes tienen el mismo propósito, hacer de la salud del magisterio y de los 27 o mas millones de afiliados a las EPS un negocio privado, es decir, para el lucro y la acumulación de capitales. El servicio de la salud del magisterio, a pesar de tener un elevado costo, incurrió en las mismas prácticas de las EPS, condicionar las citas a la llamada agenda, tanto de medicina general, como de especialistas, someter los procedimientos quirúrgicos a probación, demorar la entrega de medicamentos etc.; en síntesis, se volvió tan pésimo como el prestado por las EPS y entró en una crisis insalvable, que produjo graves daños a la salud de las y los educadores y sus familiares. Hay que aclarar que ambos regímenes de salud están diseñados para atender la enfermedad y no para prevenirla, la consecuencia es el desastre de los paseos de la muerte y la muerte de cientos de miles de enfermos que se hubieran podido evitar.
No obstante, hay que señalar que para el componente de salud del magisterio en 2025 cuenta con recursos asignados de COP 2.9 billones y en 2024 el gasto fue de COP 2.5 billones, pero los servicios, que además de pésimos, han sido caóticos.
El gobierno, en convenio con FECODE, estructuró un nuevo modelo de salud para el magisterio y el FOMAG expidió el acuerdo 03/2024, mediante el cual se adoptó dicho modelo, basado en la atención primaria, basado en la promoción y la prevención de la salud e incluyó atención al magisterio activo en su sitio de trabajo, con garantía del derecho de las y los afiliados a escoger quien debe atenderlo y en donde quiere ser atendido. La improvisación y el saboteo, desde la fiduprevisora y los prestadores contratados que fueron las mismas 10 empresas privadas que venían prestando el pésimo servicio en los 36 años de vigencia de la ley 91, pusieron en riesgo el nuevo modelo. Ha pasado un año y cuatro meses de su implementación; pero, como los contratos fueron adjudicados a los mismos prestadores, sencillamente se dedicaron a sabotearlo. La medida reciente de inscripción de cerca de 3000 prestadores en todo el país y la orientación a las y los docentes a inscribirse para, supuestamente, recibir atención primaria, tampoco funcionó, porque cerca del 80% de los inscritos son propiedad de los mismos 10 prestadores que llevan 36 años saqueando los recursos de la salud del magisterio.
Por orientación de la última circular del FOMAG que indujo a las y los maestros, activos y pensionados, bajo el supuesto de que escogerían libremente quien, y donde recibirían atención primaria, estos escogieron el mal servicio de las empresas que los venían atendiendo hace tres décadas en cada región. En el Consejo de ministros, que contó con la participación de FECODE, el presidente Petro cuestionó tales afiliaciones porque la escogencia estaba montada e inducida sobre el “MODELO MARÍN” el anterior presidente de fiduprevisora incurso en procesos judiciales por presunto fraude al FOMAG y porque no garantizaba el derecho de maestros y maestras activos y pensionados a seleccionar el médico y la entidad , ni garantizaba el sistema de atención y promoción de la salud preventiva para las, los educadores y sus familiares. Pero lo mas grave es que puede llevar al fracaso el nuevo modelo de salud que es muchísimo mejor que el desastroso y costoso servicio que enriqueció, por más de treinta años, a los antiguos prestadores.
El Comité Ejecutivo de FECODE ha emitido un comunicado notificando al gobierno sobre su defensa a ultranza de la Ley 91/1989; una ley que, como hemos visto, ha generado los mismos vicios de la ley 100/1993, saqueo de los recursos, acumulación de capital de los prestadores, primacía de la codicia sobre la salud y la vida, millones de muertes por causas que se hubieran podido evitar. Es una ley obsoleta, utilizada por los corruptos para robarse los recursos de la salud del magisterio. Los compañeros de Fecode con esta inexplicable defensa actúan con doble racero; mientras, por un lado, defienden la política del gobierno de acabar con la intermediación financiera para garantizar el derecho a la salud gratuita y de calidad para los trabajadores y los más pobres de Colombia; por el otro, siguen aferrados al FOMAG vigente, que sin duda alguna está montado sobre la intermediación financiera y el lucro, con el criterio falaz de la exclusividad y el régimen especial, que de especial, en materia de salud tiene muy poco. Fecode debería explicar al magisterio y al país, por qué durante 36 años de su permanencia en el Consejo Directivo del FOMAG, nunca denunciaron la corrupción de la fiduprevisora tanto en la contratación del servicio de salud, como en el pago oportuno de las prestaciones sociales de maestras y maestros. Fue precisamente el presidente Petro quien denunció que hay una mafia de abogados y funcionarios de la fiduprevisora que actúan en contubernio para demorar entre dos y tres años el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones, para obligar a los solicitantes a recurrir al cobro judicial y despojar así a maestros y maestras del riguroso 20% 0 30% de honorarios que luego se reparten entre ellos, en tanto que en COLPENSIONES hacen el pago de las mismas prestaciones en 3 0 4 meses.
Si FECODE insiste en la defensa del FOMAG, debería proponer una reforma que lo convierta en un fondo público, con autonomía administrativa y personería jurídica propia, administrado por un consejo directivo integrado por representantes del gobierno, de FECODE y representantes de los más de 240.000 docentes pensionados que, la verdad sea dicha, somos los mayores aportantes al FOMAG, obligados a pagar por el mal servicio de salud, contra nuestra voluntad, el 12% de nuestras magras mesadas pensionales.
01 Octubre, 2025
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* Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la ANEP.
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