Uribe condenado, Cepeda amenazado
Iván Cepeda, senador, líder del movimiento de víctimas de crímenes de Estado y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, denunció este martes a Álvaro Uribe, a sus hijos y a Gabriel Vallejo, director del partido de extrema derecha Centro Democrático
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Diana Carolina Alfonso
diario-red.com 29/08/25
De acuerdo con la defensa de la bancada de víctimas —en el proceso judicial que culminó con la condena a Uribe a 12 años de prisión por soborno y fraude procesal—, los hijos del expresidente, Jerónimo y Tomás Uribe Moreno, han desplegado una campaña de desprestigio y amedrentamiento contra las víctimas de Uribe, entre quienes se encuentran la jueza Sandra Liliana Heredia y el propio Cepeda. Como consecuencia, la defensa del senador ha emprendido nuevas acciones legales contra el clan Uribe por delitos de hostigamiento y amenazas.
Un día antes de la emisión del fallo contra su padre, en un comunicado publicado el 31 de julio en la red social X, Tomás Uribe hizo un llamado al poder judicial colombiano y estadounidense para que apresaran al presidente Petro y al senador Cepeda: “Es necesario que fiscales y jueces colombianos y estadounidenses cooperen para extraditar a los determinadores políticos del auge en la producción de cocaína”.
Las amenazas y hostigamientos contra el líder del movimiento de víctimas de Estado se han recrudecido desde el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Cepeda, quien cuenta con gran respaldo dentro del frente de gobierno y de los movimientos populares, en particular el de víctimas. En su alocución desde la ciudad de Pasto, el pasado 22 de agosto Cepeda aseguró, durante el acto de lanzamiento de su campaña, haber aceptado la solicitud de postulación presentada por el movimiento de víctimas: “He recibido el llamado de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y del Polo Democrático Alternativo, mi partido”. En contraposición al absolutismo de la derecha, Cepeda insistió en la necesidad de mantener el mandato popular alineado con la voluntad de los movimientos sociales: “Me sostendré en la premisa fundamental de que las decisiones de gobierno deben tomarse consultando los propósitos de los movimientos sociales, guiado siempre por el principio que nos enseña la sabiduría ancestral de nuestros pueblos: mandar obedeciendo”.
Iván Cepeda ha sabido construir un escenario representativo para millones de víctimas afectadas por el modelo de despojo que impera en el país, cuyo máximo referente en la arena política es, sin lugar a dudas, Álvaro Uribe Vélez
Tomás Uribe —nieto de Alberto Uribe, señalado como poderoso testaferro de Pablo Escobar y asesinado en 1983 en medio de rencillas internas del Cartel de Medellín, cuando Álvaro Uribe se desempeñaba como senador suplente— respondió a las acciones legales del senador Cepeda apelando a la consabida práctica paramilitar de la delación:
“Ante el nuevo ataque de lawfare del heredero de las FARC y del gobierno Petro en contra de mi hermano Jerónimo Uribe, mi padre, Álvaro Uribe, el partido de oposición Centro Democrático y mi persona, solicito compartir cualquier información que sirva para nuestra defensa, como respuesta a este mensaje o por DM”.
Entre los supuestos temas de interés de esta cacería, Tomás Uribe enfatizó en buscar, a toda costa, vínculos entre Cepeda y los dirigentes de las antiguas FARC, sobrepasando las garantías jurídicamente establecidas en el proceso de paz. Como suele ocurrir en los planes sistemáticos de calumnia del clan Uribe, la operación en redes sociales derivó en la circulación de una imagen amañada, hecha al estilo Paint, en la que se atribuía a Cepeda una supuesta publicación que decía: “nuestras fuerzas guerrilleras en todo el país”.
El burdo fake fue celebrado por Tomás Uribe —nieto del señalado testaferro de Pablo Escobar e hijo del expresidente— y terminó generando una ola de burlas en su cuenta de X.
Como Gramsci frente a Mussolini
La concordia que distingue a Cepeda —filósofo de formación— no debe confundirse con la pasividad que intentan atribuirle los sectores de la extrema derecha colombiana. Hijo de dos dirigentes del Partido Comunista Colombiano, Yira Castro y Manuel Cepeda —este último asesinado por dos suboficiales activos del Ejército cuando ejercía como senador de la Unión Patriótica—, Iván Cepeda ha sabido construir un escenario representativo para millones de víctimas afectadas por el modelo de despojo que impera en el país, cuyo máximo referente en la arena política es, sin lugar a dudas, Álvaro Uribe Vélez.
En frente, el clan Uribe, heredero del Cártel de Medellín y de la organización paramilitar de extrema derecha AUC, representa el peor legado de terrorismo de Estado, expropiaciones masivas de tierras y concentración de la riqueza.
En el periodo presidencial de Álvaro Uribe se registraron los peores índices de desplazamiento forzado interno: 661.470 personas en 2001 y 765.738 en 2002, según datos del Registro Único de Víctimas (RUV). Como narran desmovilizados paramilitares como alias Don Berna, con apoyo de las fuerzas militares, Uribe reprimió las periferias de Medellín y entregó los barrios a las organizaciones paramilitares gracias a la llamada Operación Orión en 2002. Como resultado, la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) consignan, en conjunto, 92 desapariciones, 17 ejecuciones por parte de la fuerza pública, 71 asesinatos a manos de paramilitares, 12 casos de tortura y más de 80 heridos.
Uribe quiere volver con el terrorismo que lo llevó al poder
Durante la campaña presidencial de 2002 en Colombia, que culminó con la elección de Álvaro Uribe Vélez, el conflicto armado tuvo un impacto directo con múltiples atentados con bomba —algunos dudosamente atribuidos a las FARC—que marcaron la coyuntura electoral.
los sanguinarios hermanos Carlos y Vicente Castaño ordenaron a todos los bloques de las AUC apoyar la primera candidatura presidencial de Uribe: “Las Autodefensas pusimos a Uribe; si no, tendríamos a un Chávez en Colombia”
Exjefes paramilitares, entre los que se encuentran empresarios y narcotraficantes como Salvatore Mancuso, Miguel Ángel Mejía Múnera y Hernán Sierra García, han confirmado su apoyo a Álvaro Uribe en su primera campaña presidencial. Mancuso —señalado como responsable de más de 24.000 delitos, que incluyen homicidios, desplazamientos forzados y otros crímenes graves— afirmó que él mismo, Carlos Castaño, Diego Fernando Murillo (“Don Berna”) y “Doble Cero” se reunieron en 2001 en una conferencia donde decidieron respaldar a un candidato “afín en temas de seguridad”: ese candidato fue Álvaro Uribe Vélez. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en mayo de 2023, Mancuso ratificó que las AUC apoyaron las campañas presidenciales de Uribe (2002) y Pastrana (1998).
Como si fuera poco, Hernán Sierra, responsable de las masacres de Neira y La Herradura en 2002 y 2003 respectivamente, afirmó que organizó una subasta ganadera en La Pintada (Antioquia) para recolectar fondos para la campaña de Uribe en 2002.
Por su parte, en 2009, Mejía Múnera justificó la estrategia de filtración de la extrema derecha armada en el Estado. Desde Estados Unidos, declaró que los sanguinarios hermanos Carlos y Vicente Castaño ordenaron a todos los bloques de las AUC apoyar la primera candidatura presidencial de Uribe: “Las Autodefensas pusimos a Uribe; si no, tendríamos a un Chávez en Colombia”, según el portal Verdad Abierta.
El filo de la espada de Damocles
El legado de guerra del proyecto de expropiación de la nueva burguesía colombiana, que proviene del auge del narcotráfico en los años 80, deja alrededor de 9 millones de colombianos en situación de desplazamiento forzado. Las consecuencias del modelo de apropiación de los recursos nacionales están en el centro del debate sobre la paz. De acuerdo con Cepeda, el proyecto de Paz Total del Pacto Histórico tendrá que ser balanceado y, en todo caso, corregido junto al movimiento popular colombiano.
En una entrevista para Caracol Radio, Cepeda respondió a las acusaciones que intentan vincularlo con las FARC, recordando que en 2014, tras el debate de control político en el que se comprobaron las relaciones entre el paramilitarismo y la bancada de Uribe, él mismo pidió a sus adversarios que organizaran otro control político, esta vez sobre la supuesta “FARC-política”. El pedido nunca obtuvo respuesta.
El precandidato del Pacto también recordó que en abril de 2021, un año antes de las elecciones que dieron como ganador a Gustavo Petro, el Clan del Golfo paralizó siete departamentos. Meses después, durante el último gran paro nacional, Cali se convirtió en un laboratorio represivo. A propósito de ese legado que sepultó al último uribismo bajo la presidencia de Iván Duque, “el ELN se duplicó, pasó de 2.500 a 5.600 miembros”. Para Cepeda, la tesis de que la guerra es responsable de la paz es absurda.
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