El país del norte acelera la carrera armamentista
El complejo militar-industrial estadounidense es el principal proveedor del gobierno de Israel encabezado por Benjamin Netanyahu.
Por Gustavo Veiga
23 de diciembre de 2024
. Imagen: EFE
Gaza es la expresión más deshumanizante de la carrera armamentista en estos tiempos. Una carrera en la que Estados Unidos acelera a fondo. Su Cámara de Representantes votó un presupuesto anual de Defensa por 895 mil millones de dólares, el mayor de la historia destinado a actualizar e incrementar su arsenal nuclear. Falta que lo apruebe el Senado, pero es el primer paso. Casi en simultáneo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, había declarado: “Es hora de pasar a una mentalidad de guerra”. Con la coartada de la presencia de Rusia en Ucrania.
Como si no bastara con los bombardeos incesantes de Israel contra un pueblo palestino indefenso, su invasión al Líbano o la fragmentación de Siria, el rearme forma parte de esa lógica belicista. El complejo militar-industrial de EE.UU., como lo definió el expresidente Dwight Eisenhower en su discurso de despedida de 1961, es el principal proveedor del régimen liderado por Benjamin Netanyahu y sus aliados.
Casi al mismo tiempo en que republicanos y demócratas votaban por amplia mayoría la Ley de Autorización de Defensa Nacional, la NDAA por su sigla en inglés, una voz solitaria se alzaba en Washington. Josephine Guilbeau, exintegrante del ejército en el área de Inteligencia y madre de cuatro hijos, irrumpió en el Comité de Veteranos de Guerra de la Cámara Baja al grito de “el Congreso de Estados Unidos es cómplice del genocidio en Gaza”.
Por supuesto, no duró mucho en el recinto hasta que la desalojaron. Pero no se retiró sin denunciar algunos hechos más: “Durante un año he visto a Israel quemar vivos a niños. No les importan los veteranos. No les importan los valores estadounidenses. Están destruyendo este país. ¡Qué vergüenza para todos ustedes!”.
Guilbeau, con diecisiete años en las fuerzas armadas, hija de un militar que se suicidó y voz de los veteranos, declaró después de ser expulsada de la audiencia: “¡Necesitamos salvar a nuestro país de lo que nuestros propios congresistas están haciendo ahora mismo! ¡Libertad para Palestina!”. La cobertura de su intervención en el Congreso fue reproducida por la organización CODEPINK que se define como feminista de base y “trabaja para poner fin a la guerra y al imperialismo de EE.UU., apoyar iniciativas de paz y derechos humanos y redirigir recursos hacia la atención médica, la educación, los empleos verdes y otros programas que afirmen la vida”. Son el tipo de noticias que no cubren los grandes medios de Estados Unidos.
En febrero pasado, Guilbeau había tenido otra intervención decidida sobre la masacre en Gaza cuando asistió al acto homenaje a Aaron Bushnell, un joven especialista en defensa cibernética de la Fuerza Aérea que se inmoló prendiéndose fuego frente a la embajada de Israel. Las voces de protesta contra los crímenes de guerra en Gaza hace tiempo se extendieron desde las universidades a las calles de EE.UU. y en estos casos al ámbito castrense.
El Congreso también se transformó en una caja de resonancia del conflicto en Medio Oriente. En San Francisco, los diputados demócratas Jared Huffman y Mike Thompson fueron demandados en la justicia federal por un grupo de contribuyentes de California. Se los acusa de violaciones a las leyes de Asistencia Exterior, Control de la Exportación de Armas, Crímenes de Guerra de los Estados Unidos, de Implementación de la Convención sobre el Genocidio y varios tratados más. En otras palabras, de financiar el genocidio en Gaza.
“Se trata de una demanda colectiva que marcará la historia y que, con suerte, hará que Thompson y Huffman quieran dejar de financiar el genocidio entre Estados Unidos e Israel. Están violando la ley y los contribuyentes están diciendo: 'Basta'. No queremos que nuestros impuestos se utilicen para suministrar armas a Israel” publicó la organización feminista.
Los políticos del bipartidismo en EE.UU. votan lo que votan porque el lobby de las multinacionales que venden armamento es muy eficaz. Anduril, situada en Costa Mesa, California, se asoció con Open Al, la principal proveedora de Inteligencia Artificial para producir armas. La primera vende “drones, misiles y sistemas de radar impulsados por IA, incluidas torres de vigilancia y sistemas Sentry, que actualmente se utilizan en bases militares estadounidenses en todo el mundo, así como en la frontera entre Estados Unidos y México y en la costa británica para detectar migrantes en embarcaciones”, escribieron Nuvpreet Kalra y Tim Biodo en un artículo del 20 de diciembre titulado “La nueva guerra: Open AI está usando su tecnología para matar”.
No es la única que exporta sus sofisticados sistemas de IA hacia Israel. Estados Unidos y su principal aliado en Medio Oriente hace ya varios años experimentan con Inteligencia Artificial en Palestina. El centro operativo de esta vigilancia orwelliana se llama Blue Wolf, que escanea los rostros de la población en la Franja y Cisjordania. Una vez fotografiados todos van a parar a una base de datos biométrica, se dividen y se clasifican de acuerdo a colores. Es lo que llaman el “Facebook para palestinos”, según publicó The Washington Post en 2021.
Tal es la promiscuidad en las relaciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y las corporaciones de armamento que existe una especie de puerta giratoria entre el gobierno y los niveles jerárquicos de estas compañías. Lloyd Austin III, el actual jefe del Pentágono, necesitó una aprobación especial del Congreso para acceder a su puesto debido a que integró el directorio de Raytheon. Los vínculos también alcanzan a las poderosas Boeing, Lockheed, Northrop Grumman y General Dynamics, principales beneficiarias de los contratos para comprar armas que aprueba el Congreso.
Son las mismas armas que deben transportarse a Israel en barco y que pusieron en la mira de la justicia española a la naviera danesa Maersk. Resulta que una medida soberana de uno de los poderes del Estado que gobierna Pedro Sánchez ahora es cuestionada por la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos debido a que se rechazó la entrada al puerto de Algeciras de dos naves que llevaban supuestamente armas para abastecer al régimen de Netanyahu.
España podría ser sancionada con multas millonarias si se descubre que interfirió en el comercio internacional, siempre según la mirada unilateral de EE.UU. La multa máxima es de 2,3 millones de dólares por viaje. En respuesta a la medida hasta se le podría prohibir la entrada a barcos españoles que intenten amarrar en los puertos estadounidenses.
La Ley española 53/2007 se ajusta al Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que prohíbe las transferencias —lo que incluye además el tránsito— de material militar a destinatarios que puedan usarlo para cometer graves violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho Humanitario Internacional, genocidio o crímenes de lesa humanidad, o que tales transferencias de armas puedan ser desviadas para esos propósitos.
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