NARCOPODER Y CORRUPCIÓN EN LA FISCALÍA DE COLOMBIA

Eduardo Giordano

21 FEB 2024 09:43

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La Fiscalía General de la Nación, dirigida los últimos cuatro años por Francisco Barbosa, es vista por muchos ciudadanos como la institución más corrupta de Colombia. Barbosa fue elegido a propuesta del expresidente Iván Duque y durante su mandato favoreció los intereses de sus mentores políticos del Centro Democrático (CD), empleando para ello el poder descomunal de esta rama descontrolada del poder judicial, un gigantesco “agujero negro” con 26.000 funcionarios en nómina.

Las acusaciones de corrupción en el seno de la Fiscalía son anteriores al nombramiento de Francisco Barbosa como Fiscal General en 2020. Su antecesor entre los años 2016 y 2019, Néstor Humberto Martínez, fue acusado de diversos delitos, entre los que destacan el presunto encubrimiento de sobornos a políticos por la multinacional brasileña Odebrecht, y el intento de sabotear los acuerdos de paz de con las FARC, a través de una operación de entrampamiento del principal negociador de la guerrilla, Jesús Santrich, para acusarlo de tráfico de drogas en concomitancia con la DEA estadounidense.

Bajo la dirección de Francisco Barbosa, la Fiscalía ha favorecido a sus mentores políticos del Centro Democrático (CD) en diversas tramas de corrupción, narcotráfico y tráfico de influencias. Barbosa evitó que el expresidente Iván Duque quedará envuelto en el escándalo de la ‘ñeñepolítica’, tras haber sido acusado de financiación ilegal de su campaña presidencial de 2018 por parte del narcotraficante José Miguel Hernández, conocido como el “Ñeñe Hernández”.

Así mismo, Barbosa empleó todos los resortes de la institución para proteger al exmandatario Álvaro Uribe de las decenas de causas que lo persiguen y nombró un fiscal amigable, Gabriel Jaimes, con la intención de precluir su caso más sonado —manipulación de testigos, en la investigación por sus vínculos con paramilitares—. Sin embargo, pese a las reiteradas peticiones de la Fiscalía de cerrar el caso contra Uribe supuestamente por falta de pruebas, la jueza Carmen Ortiz rechazó las exigencias de Barbosa y su recadero Jaimes y mantuvo abierta la causa. Tras una audiencia de más de 12 horas transmitida en vivo en abril de 2022, la jueza Ortiz sentenció: “Resulta claro que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno a la actuación penal”.

La Secretaría de Transparencia, un organismo que depende de la Presidencia, analizó las actuaciones de la Fiscalía entre los años 2010 y 2023 y presentó un balance lamentable. En esos 13 años, sobre un total de 57.582 procesos por delitos asociados a corrupción, el 94 % de los casos no recibió ninguna condena. Andrés Idárraga, Secretario de Transparencia, afirmó en una reciente entrevista que “el balance es desolador”, ya que el 87,7 % de los casos permanecen “completamente impunes”, no se captura a nadie por haber cometido el delito. En algunas regiones de Colombia, como es el caso de San Andrés, la impunidad alcanza al 99,1 % del total. De hecho, en 20 departamentos la impunidad oscila entre el 95 % y el 99 % de los casos.

La consideración pública de la entidad como “agujero negro” se debe a que no pocos de sus subordinados han sido vinculados a las mafias paramilitares o del narcotráfico. El periodista Gonzalo Guillén, director del diario digital La Nueva Prensa, se ha especializado desde 2020 en investigar las redes mafiosas urdidas por la Fiscalía de Barbosa y Mancera, a la que califica de “narcodictadura judicial”. Guillén ha demostrado que “la Fiscalía es cómplice de al menos 200 homicidios que sabían que los iban a cometer”, y desenmascara sus vínculos con el narcotráfico:

“El Clan del Golfo es una subsidiaria de la Fiscalía en la Costa, los mismos investigadores de la Fiscalía avisan cuándo van a asesinar a una persona, dejan que la asesinen. El Clan del Golfo en la Costa hace lo que le da la gana, y tiene completamente el respaldo y el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, que es una entidad gigantesca, poderosísima, que se paga con nuestros impuestos pero es una banda criminal, que está contra el país. El principal enemigo de Colombia hoy en día es la Fiscalía General de la Nación.”

Las declaraciones de Barbosa publicadas por la revista Semana tras un viaje a Estados Unidos despertaron sospechas de anomalía en el funcionamiento de la democracia. Barbosa dijo contar con el respaldo unánime del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para su reemplazo por Martha Mancera como fiscal encargada. En la misma nota, se citan declaraciones de la vicefiscal en las que esta deja entrever un plan preestablecido para ocupar el cargo.

El 12 de febrero de 2024 concluyó el período de Barbosa como fiscal general, quien debía ser sustituido por alguna de las tres candidatas presentadas por el presidente Petro a la Corte Suprema el 2 de agosto de 2023. Esta elección que se ha ido posponiendo innecesariamente, tras cinco sesiones de votación sin quorum. Al no haberse nombrado un nuevo fiscal general, ocupó ese cargo la vicefiscal Martha Mancera, señalada de haber protegido a funcionarios involucrados en narcotráfico.

Una investigación de la revista Raya publicada en diciembre de 2023, obtuvo y reveló las pruebas extraviadas por la Fiscalía “contra Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto, los llamados ‘narcofiscales’ amigos y excompañeros de la vicefiscal Martha Mancera”. Según los investigadores, estas pruebas “se perdieron en el tránsito del expediente entre Cali y Bogotá”, cuando la ahora fiscal general Mancera dirigía las fiscalías del Valle del Cauca.

La fiscal Mancera fue acusada por otros fiscales a su cargo de haber protegido a funcionarios que actuaban como narcotraficantes. Tal es el caso del fiscal Francisco Javier Martínez, alias “Pacho Malo”, al que se acusa de “contaminar” con cocaína contenedores del puerto de Buenaventura, el mayor puerto colombiano del Pacífico. Pacho Malo, el director del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de Buenaventura, fue reputado “como el dinamizador del narcotráfico en uno de los puertos más importantes del país”, según el testimonio de los agentes encubiertos del CTI Mario Herrera, Fabio González y Pablo Bolaños

Según las declaraciones de Fabio González y Pablo Bolaños, Mancera pidió a esos investigadores del CTI que cambiaran su versión sobre los nexos de Pacho Malo con el narcotráfico y, ante su negativa, ordenó su traslado y empezó a perseguirlos y amenazarlos. El ahora ex fiscal general Barbosa fue quien firmó en abril de 2021 la resolución del traslado de los fiscales, o, más específicamente, de “variar la asignación” de las investigaciones en contra del narcotráfico a través del puerto de Buenaventura de los agentes involucrados. Las sospechas sobre Barbosa se acrecentaron cuando se supo que junto con la asignación del caso a otra unidad fiscal se archivó la causa judicial.

El agente encubierto Mario Herrera fue quien tomó contacto directo con Pacho Malo, haciéndose pasar por narcotraficante. Poco después fue asesinado, en circunstancias que sus compañeros atribuyen a una evidente venganza. Unos días más tarde, en lugar de demostrarles su apoyo, la entonces vicefiscal Martha Mancera abrió una investigación contra los dos fiscales supervivientes, acusándolos de transportar droga (precisamente la misión que les encomendaron para infiltrarse en las redes narco), en lugar de investigar al director del CTI en Buenaventura.

“Estamos siendo objeto de persecución por parte de la Fiscalía. La institución está permeada de manos criminales que quieren callar a toda costa a quienes sepan algo de su círculo social”, afirmó Pablo Bolaños en una entrevista por radio el mismo día que asumió Mancera como fiscal encargada. La primera medida que tomó la Fiscalía presidida por la ex vicefiscal fue archivar la causa en su contra la propia Mancera porque “no hay un solo elemento de prueba que permita continuar con la indagación” por el supuesto encubrimiento al coordinador del CTI de Buenaventura, Francisco Javier Martínez.

Desde los primeros días de Gobierno del Pacto Histórico, existieron dificultades de entendimiento entre el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía de Francisco Barbosa, ya que este último mantuvo su propia agenda política en temas muy sensibles de las conversaciones de paz, marcando límites al presidente en cuestiones tales como la suspensión de extradiciones o el nombramiento de gestores de paz. Aunque Petro consiguió avanzar en muchos aspectos, la Fiscalía presidida por Barbosa hizo todo lo posible por dificultar las negociaciones del gobierno con las guerrillas y los grupos paramilitares, por ejemplo desestimando las peticiones del Gobierno para facilitar la condición de mediadores a algunos procesados por causas de violencia política.

Por otra parte, la Fiscalía intentó involucrar a Petro en presuntas tramas de financiación ilegal de la campaña política del PH, instrumentando a tal efecto a las actuaciones desleales de algunos de sus colaboradores y de su hijo Nicolás Petro. Tal como ocurre en otros países de América Latina con gobiernos progresistas, Gustavo Petro sufre una nueva modalidad de guerra judicial (o lawfare) en Colombia, con una oposición destituyente encabezada por la Fiscalía.

Como consecuencia de este manoseo de las instituciones democráticas, el presidente Gustavo Petro denunció la posibilidad de una “ruptura institucional” para sacarlo de la Presidencia, en línea con el “golpe blando” ya denunciado por Petro en junio pasado. Los 43 congresistas del Pacto Histórico (Cámara y Senado) presentaron el 7 de febrero una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se designase de manera “urgente”, una comisión de verificación que visitase Colombia para analizar “la amenaza inminente de una ruptura institucional y democrática en el país a raíz de la falta de independencia e imparcialidad de algunos órganos de justicia y de control”. Al mismo tiempo, se convocaron marchas en Bogotá y otras ciudades de todo el país para reclamar a la Corte Suprema el nombramiento de la nueva fiscal general. La primera y más importante de estas marchas fue el 8 de febrero, convocada entre otras organizaciones por el principal sindicato de maestros, Fecode, al que el fiscal Barbosa atribuye una supuesta financiación ilegal de la campaña del PH, obviamente con clara intención de dañar la credibilidad política de Petro.

Un día antes de esta convocatoria, Petro mantuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y con su vicepresidente, Octavio Tejeiro, tras la cual manifestó que su gobierno no presionaría a la Justicia para que cumpliera con su cometido. Sin embargo, un numeroso grupo de manifestantes congregados en la plaza Bolívar de Bogotá el 8 de febrero, se dirigió hacia la Corte Suprema al divulgarse que la Corte no había elegido fiscal, y hubo una avanzadilla que zarandeó la protección policial a la entrada del edificio. La policía intervino en un operativo dirigido por su director, el general William Salamanca, y despejó rápidamente la zona. No obstante, el presidente de la Corte declaró que se había producido “un asedio” que ponía “en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados”.

La denuncia de los congresistas del PH a la CIDH reclamaba que este organismo emitiera un pronunciamiento rápido sobre la anómala situación dilatoria en la designación de fiscal general. Aunque los congresistas del CD también presentaron una denuncia posterior ante ese organismo, en sentido contrario, acusando al gobierno de interferir en las decisiones de la justicia con las marchas, la CIDH se manifestó el 12 de febrero respaldando la exigencia de un rápido nombramiento por parte de la Corte. En su comunicado, la CIDH “recuerda que la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano”.

Durante el primer año y medio de gobierno de Gustavo Petro, su administración alcanzó un récord de capturas de cocaína a narcotraficantes, aun manteniendo cierta tolerancia con los campesinos que cultivan la hoja de coca hasta que dispongan de alternativas viables. Su política antinarcóticos se ha revelado eficaz, a pesar de las secuelas violentas derivadas de la pérdida de rutas y privilegios de las organizaciones narcoparamilitares que antes actuaban con total impunidad.

La incautación de cocaína durante el año 2023 superó a la de años anteriores y se destruyeron más de 200 laboratorios de clorhidrato de cocaína, un 22 % más que en 2022. Las organizaciones narcoparamilitares como el Clan del Golfo ofrecieron encarnizada resistencia a esta nueva política de drogas que busca su sometimiento a la justicia. En un reciente enfrentamiento del Clan del Golfo con el Ejército, que se produjo a mediados de febrero entre los departamentos de Bolívar y Antioquia, hubo cuatro militares muertos y ocho heridos. Posiblemente hayan quedado atrás los tiempos en que algunos mandos del Ejército mantenían alianzas a la luz del día con estos grupos criminales.

La impunidad persiste, sin embargo, en los estamentos corruptos del poder judicial, que se encubren mutuamente en sus respectivas actuaciones delictivas. El temor a futuras revelaciones que los involucren mantiene bloqueada la elección de una nueva fiscal general, el primer paso necesario para combatir la corrupción dentro y fuera de la institución.