El ministro de Defensa Padrino denunció que la empresa petrolera estadunidense ExxonMobil financia los intentos de magnicidio contra Maduro, con el objetivo de hacerse del territorio del Esequibo, en disputa con Guyana
La escalada de tensiones se iniciaron el 22 de enero, cuando el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención de 32 personas (entre ellas 18 militares), presuntamente involucradas en cinco conspiraciones de terrorismo y planes para asesinar al presidente Maduro, al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, y al gobernador de Táchira, Freddy Bernal
Carlos Fazio
Tras la revelación de cinco planes conspirativos golpistasdetectados y desarticulados en los últimos meses por el Ministerio Público y los cuerpos de inteligencia venezolanos −que involucran a militares y sectores de la extrema derecha local reclutados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA)−, y con la excusa de la inhabilitación política de María Corina Machado (la nueva Guaidó de Washington para la elección presidencial de Venezuela este 2024), la Casa Blanca volvió a esgrimir su tradicional política injerencista al anunciar la reanudación de medidas coercitivas ilegales e ilegítimas como presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ratificó la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 15 años a Machado, fundadora del partido conservador Vente Venezuela, impuesta por la Contraloría General de la República en septiembre de 2021 por haber estado involucrada en la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó (el presidente fake auspiciado por la administración Trump), que propició el bloqueo criminal de EU a la República Bolivariana así como el despojo millonario de empresas y riquezas del Estado venezolano (como Citgo Holding Inc, Citgo Petroleum Corporation y Manómeros Colombo Venezolanos, SA), junto con el secuestro y robo de 31 toneladas de oro venezolano. Asimismo, Machado, con acceso directo a la Oficina Oval desde el gobierno de George W. Bush a Biden, abogó por la invasión extranjera a su país mediante la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y de la polémica doctrina intervencionista Responsabilidad de Proteger (R2P).
El 29 de enero, amparándose en la interpretación de Washington de los Acuerdos de Barbados suscritos en octubre último por el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro −principal herramienta de guerra por medios no militares de EU−, informó que desde el 13 de febrero quedará revocada la licencia que permitía a estadunidenses establecer relaciones comerciales con la minera de oro estatal Minerven. El ente aurífero había sido agregado a la lista negra de la OFAC en 2019 y sus activos bloqueados, pero en octubre de 2023 Washington emitió una exención de seis meses a esa sanción, como parte de la hoja de ruta electoral suscrita por Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en Bridgetown (de la que Machado no forma parte).
Un día después, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, fijó como límite el 18 de abril para reanudar las sanciones a los sectores petrolero y gasífero, y la sede diplomática de EU para Venezuela (radicada en Bogotá, Colombia), replicó en la red X el ultimátum del vocero del Consejo de Seguridad Nacional, almirante John Kirby, de que las autoridades venezolanas tenían hasta abril para permitir a los partidos y candidatos de la oposición participar adecuadamente. Es decir, en clara violación del derecho internacional, la administración Biden volvió a la vieja praxis bipartidista, que pretende mantener como rehén político al Estado venezolano mediante el esquema de sanciones coercitivas, un mecanismo para la aplicación de castigos colectivos a la población venezolana.
Frente a lo que consideró un deliberado intento de golpear a la industria venezolana de hidrocarburos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez replicó en X que si EU intensificaba la agresión económica contra su país, a partir del 13 de febrero quedarán revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos (lo que podría perjudicar los anhelos releccionistas de Joe Biden) y se adoptarían otras contramedidas. A su vez, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, cuestionó el plazo del 18 de abril dado por EU para reimponer sanciones, y reviró: Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Por su parte, el presidente Maduro señaló que a pesar de las sanciones impuestas por EU y la Unión Europea, Venezuela ha aprendido a enfrentar todo tipo de dificultades y recordó que la extrema derecha vernácula, referenciada en la oligarquía de los apellidos −como los Borges, López, Machado, Ledezma y Capriles−, siempre ha querido incendiar el país promoviendo sanciones, bloqueos y hasta intentaron crear un Estado paralelo que fue derrotado y terminó en el basural de la historia. No obstante, advirtió que los planes extremistas continúan activos y son apoyados por EU, que se niega a aceptar la institucionalidad y las decisiones del Estado venezolano.
La escalada de tensiones se iniciaron el 22 de enero, cuando el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención de 32 personas (entre ellas 18 militares), presuntamente involucradas en cinco conspiraciones de terrorismo y planes para asesinar al presidente Maduro, al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, y al gobernador de Táchira, Freddy Bernal. El propio Maduro dijo que en las conspiraciones desmanteladas habían participado militares traídos desde EU, Perú, Colombia y oficiales venezolanos captados en 2020 y 2021 por la CIA, que junto con la DEA y agentes de inteligencia del Ejército colombiano, han buscado desestabilizar la frontera colombo-venezolana. El subsecretario de Estado de EU, Brian Nichols, dijo que esas acusaciones no tenían fundamento, y Jorge Rodríguez le respondió que Washington suele negar los hechos sin siquiera atender la evidencia. Y agregó: Debemos esperar como en Chile, a que se desclasifiquen los documentos (en referencia al golpe de Estado contra Salvador Allende).
En ese contexto, el ministro de Defensa Padrino denunció que la empresa petrolera estadunidense ExxonMobil financia los intentos de magnicidio contra Maduro, con el objetivo de hacerse del territorio del Esequibo, en disputa con Guyana. En noviembre pasado, Maduro culpó a la ExxonMobil y al Comando Sur del Pentágono de sembrar un conflicto militar en el Esequibo con el objetivo de saquear los recursos energéticos. En su pugna geopolítica con la alianza estratégica China-Rusia, para Washington, Venezuela, rica en hidrocarburos y no alineada con EU, es vital. ¿Responde a ello la trama conspiracionista impulsada por la CIA, la DEA y el Pentágono contra Venezuela?
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