Para el organismo, la dilatación de la votación de la nueva autoridad del Ministerio Público "podría debilitar el sistema de justicia colombiano".
Palacio de Justicia de Colombia, en Bogotá, Colombia Wikipedia / CC BY-SA 4.0 / Bernard Gagnon
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia a finalizar el proceso de selección de la próxima fiscal general, a "la mayor brevedad posible".
En un comunicado, el órgano perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó que "sigue de cerca" la postergada selección de la nueva titular del Ministerio Público, que deberá salir de una terna presentada por el presidente Gustavo Petro en septiembre pasado.
En opinión de la CIDH, "la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano".
Los intentos fallidos
Según el cronograma oficial de la Corte Suprema, correspondía elegir a la nueva fiscal general el 7 de diciembre de 2023. Sin embargo, no hubo quórum por lo que se reprogramó para el 25 de enero, cuando no se lograron los 16 votos necesarios para una de las postuladas, del total de 23 magistrados.
Debido a que no salió humo blanco de la CSJ, se volvió a convocar a votación el pasado jueves, cuando ninguna de las candidatas consiguió las papeletas mínimas. Así, corresponde que nuevamente se haga el proceso de elección el próximo 22 de febrero.
La "falta de un acuerdo político" entre los magistrados, según el punto de vista de la CIDH, generó que la Fiscalía esté bajo el mandato interino de Martha Mancera, hasta que se conozca a la nueva autoridad de ese despacho.
"La CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible", dice el escrito.
De la misma forma, se insta al Ejecutivo a "garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias" y a "todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones".
El mandatario colombiano ha denunciado desde hace meses que estaba en marcha un plan desde la Fiscalía para evitar que su nueva autoridad fuera electa, con la finalidad de ocultar las irregularidades que habría en esa institución. Por ello, según Petro, el plan sería destituirlo como mandatario para dejar sin efecto la terna que ha propuesto ante el Ministerio Público.
La semana pasada, ese organismo de la OEA registró 71 movilizaciones sociales para pedir que se eligiera una nueva fiscal general en todo el país, que "fueron catalogadas como pacíficas, según información presentada por el Estado" y donde ocurrieron solo dos alteraciones del orden, en las ciudades de Bogotá y Medellín.
Si bien los organizadores de la protesta inicialmente habían convocado para hacer un plantón frente a la Corte Suprema, tras una reunión del presidente con las cabezas del máximo tribunal, los convocantes cambiaron el lugar a la Fiscalía.
Aunque hubo presencia de manifestantes que bloquearon algunas salidas de la sede del Palacio de Justicia —donde se encuentra el Ministerio Público y la CSJ— "ninguna persona magistrada o funcionaria (…) fue objeto de agresiones físicas", dice el organismo internacional.
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