El neoliberalismo –como ha sido comprobado desde la Guerra del Opio– es el territorio más amigable para la libre circulación de los estupefacientes
Por Jorge Elbaum
14 de enero de 2024 - 00:01
. Imagen: AFP
La crisis políticas y de seguridad que sufre Ecuador es la consecuencia de dos gobiernos neoliberales que permitieron, a través de la desregulación y el debilitamiento de las instituciones públicas, la irrupción de un narcoestado que ha sustituido a Colombia y a México como los territorios más peligrosos de América Latina. El 23 de noviembre pasado asumió como presidente el empresario Daniel Noboa, nacido en Miami e hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, que fuera derrotado en 2006 por Rafael Correa.
Ecuador tiene una población de 18 millones de habitantes y exhibe una de las peores tasas de homicidios de la región, cercana a los 35 asesinatos cada 100 mil habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO). Durante la presidencia de Correa –hoy en el exilio en Bélgica, debido a la persecución sufrida por jueces manipulados por las oligarquías locales–, la tasa de homicidios no llegaba a los 6 cada 100 mil habitantes. Eso supone un incremento de un 500 por ciento desde que Corea dejó el poder, en 2017.
Los medios que cubren la actual crisis en Ecuador olvidan referirse, llamativamente, a que el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso concluyó apresuradamente, dos años antes de la fecha de su mandato, como producto de un escándalo ligado al narcotráfico: el 9 de enero de 2023 el portal periodístico La Posta publicó una investigación titulada El Gran Padrino, que exhibía el vínculo entre un pariente cercano de Lasso y la mafia albanesa, uno de los carteles del narcotráfico más activos en Ecuador. El relevamiento de La Posta detalló cómo Danilo Carrera –cuñado del primer mandatario– operaba en las aduanas a través de Rubén Cherres, quien agilizaba el envió de cocaína hacia diferentes destinos y se encargaba del lavado de activos producidos por dichas expediciones. El 31 de marzo de 2023, Cherres fue encontrado asesinado, y el 19 de abril el cuñado de Lasso fue arrestado, motivando la apelación a la “muerte cruzada”, un procedimiento constitucional que permite la dimisión del presidente –para evitar la destitución–, la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones anticipadas.
La campaña electoral que sobrevino a ese escándalo estuvo regada de atentados y asesinatos. El 9 de agosto de 2023, a diez días del escrutinio, uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado. Una semana antes había sido amenazado de muerte por José Macías Villamar, alias Fito, el jefe narco que se fugó de la prisión el 8 de enero de 2024, desencadenando varios atentados terroristas organizados entre otros grupos por el grupo liderado por Fito, los Choneros, con el claro objetivo de distraer a las fuerzas de seguridad para esquivar su nueva detención.
Con la llegada de Lenín Moreno al poder, en 2017, se suprimieron –para reducir el déficit fiscal– el Ministerio de Justicia (que administraba las prisiones), el Ministerio de Coordinación de Seguridad y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes. Esas tres dependencias se subsumieron en un único ministerio —el Ministerio del Interior—, reduciéndose sus presupuestos respectivos. Por su parte, en sus dos años de gobierno, Lasso impuso la Ley para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, eufemismo neoliberal con el que habilitó zonas especiales desreguladas para operaciones libres empresarias, aptas para la flexibilización de las normativas de contratación y la directa supresión de los derechos laborales. Esa fue la misma regulación que se aplicó en territorio mexicano, en Ciudad Juárez y Tijuana, donde se incrementaron de forma exponencial la trata de personas y el control territorial por parte de las organizaciones del narcotráfico.
Lasso redujo el déficit fiscal de 7.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, un promedio similar al incremento del lavado de activos: según el Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO), el narcotráfico es la principal actividad que explica el crecimiento de la criminalidad, con un 23 por ciento de incidencia. Pero en el segundo lugar se ubica el lavado de activos, con una incidencia del 17 por ciento.
El 8 de septiembre de 2023, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema, Oliver De Shutter, responsabilizó al gobierno de Lasso de ser cómplice con la existencia de regímenes de trabajo en condición de servidumbre. El informe de De Schutter enfatiza que aproximadamente el 34% de los habitantes de Ecuador que tienen entre 15 y 24 años viven en la pobreza, 12 por ciento más que en los últimos años de Correa, situación que explica el reclutamiento como sicarios de jóvenes en situación de vulnerabilidad que obtienen 200 dólares mensuales, el doble de un salario mínimo. El neoliberalismo –como ha sido comprobado desde la Guerra del Opio– es el territorio más amigable para la libre circulación de los estupefacientes. Pero, sobre todo, para los dineros obtenidos, que se suelen blanquearse en lujosos despachos empresariales.
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